Brasil se olvida de la COP26 y abre la puerta a la minería ilegal en la Amazonia

“Inaceptable”, afirmó el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joaquim Leite, al comentar los datos sobre el 22% de aumento de la deforestación en la Amazonia, el mayor en 15 años. A raíz de la COP26, la conferencia de prensa concedida por Leite junto al canciller Carlos França en la última semana de noviembre marcó un cambio en el discurso ambiental del Gobierno de Jair Bolsonaro, del que nunca había salido una sola queja acerca del tema. Sin embargo, semanas después de declararse “sorprendidos” por los datos, los funcionarios del Gobierno siguen actuando de la misma manera que en los últimos tres años. En este momento, una acción coordinada entre el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, las bancadas ruralistas en el Congreso Nacional y las empresas mineras está acelerando al máximo cuatro proyectos de ley para cambiar las normas de protección ambiental en el país.

Uno de los cambios pretende facilitar la explotación de garimpos, como se conoce la minería extractiva generalmente ilegal, y permitir la ocupación ilegal de terrenos públicos. Al mismo tiempo, el brazo militar del Ejecutivo, esta vez reflejado en la figura del ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, ha autorizado el inicio de proyectos de explotación de oro en siete áreas de la región forestal más protegida de la Amazonia, conocida como “cabeza de perro”, en el noroeste del Amazonas. Actualmente, no hay ninguna empresa minera en esta localidad, que es la zona con mayor densidad indígena del país —el 76% de su población está compuesta por pueblos originarios— y la deforestación en un año creció un 1%.

Organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades indígenas han hecho varias advertencias sobre los ataques que se vienen desatando al final del tercer año del Gobierno de Bolsonaro. El más reciente salió a la luz después de que un informe del periódico Folha de São Paulo revelara que el general Heleno autorizó siete proyectos de explotación de oro en los alrededores de la ciudad de São Gabriel da Cachoeira. El permiso le competía a Heleno en su condición de secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional, un órgano consultivo de la Presidencia de la República que debe pronunciarse sobre la ocupación de este territorio, situado a menos de 150 kilómetros de una frontera. São Gabriel da Cachoeira está en las proximidades de Colombia y Venezuela. En la localidad se concentran cerca de 45.000 indígenas de 23 pueblos.

Todavía hay que dar al menos otros dos pasos para que los garimpeiros se adentren en este territorio de 12.700 hectáreas. La primera es una autorización de la Agencia Nacional de Minería. La segunda sería conseguir la licencia ambiental, que debería conceder el Instituto de Protección Ambiental do Amazonas (Ipaam), un organismo estatal, es decir, ni federal ni nacional. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) sólo autoriza proyectos en tierras indígenas, en unidades de conservación ambiental o en terrenos que se dividen entre dos o más estados, lo que no es el caso.

El movimiento realizado por Heleno pone de manifiesto cómo actúan los militares en el Gobierno. Mientras el vicepresidente Hamilton Mourão es designado para dirigir el Consejo Nacional de la Amazonia Legal, donde reitera el papel de la protección del medio ambiente, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) actúa en una dirección diferente. Parece un juego acordado, a juicio de quienes conocen el funcionamiento de la institución militar. En la práctica, ambos acaban actuando de forma similar. “La mentalidad, la visión de los militares brasileños sobre el uso de las tierras indígenas y la protección del medio ambiente es la misma. Entienden que es necesario ocupar las zonas, a cualquier precio. Y utilizan el falso argumento de la soberanía nacional”, considera el coronel de la reserva del ejército brasileño Marcelo Pimentel, investigador del militarismo en Brasil.

Esta ocupación del territorio, en la práctica, no tiene en cuenta el impacto social y medioambiental que las empresas mineras suponen para el entorno. Hay consenso entre los profesionales del sector en que la actividad minera, por muy cuidadosa y regulada que esté, nunca dejará el lugar como estaba antes. Siempre supone algún nivel de daño, ya sea al suelo, a la vegetación o a la población circundante. Hay varios informes de pueblos indígenas con exceso de mercurio —utilizado en la minería— en sus cuerpos en las zonas de explotación. “¿Vale más la pena extraer oro en São Gabriel da Cachoeira que mantener el bosque en pie? Desde luego que no. La minería beneficia a personas que ni siquiera son de la Amazonia y crea una cultura que supone más perjuicios que beneficios”, afirma la especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima y expresidenta del Ibama, Suely Araújo.

Las comunidades indígenas que viven en la región prometen resistir y buscar medios legales para impedir la explotación minera. “En los años 80 y 90 conseguimos sacar balsas de garimpeiros del Río Negro. Ahora vamos a luchar para que los garimpos no se instalen aquí”, dijo a EL PAÍS Marivelton Baré, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro (FOIRN). Según él, al menos cuatro de las siete zonas autorizadas por el GSI lindan con tierras indígenas. En la práctica, todas acabarían afectando a sus territorios, ya que, para la explotación minera, es necesario deforestar y utilizar productos que degradan la fauna, la flora y los ríos. “No parece que tengamos un general-ministro, sino un general-garimpeiro”, ironiza Baré.

La FOIRN también emitió una nota en la que se quejaba del intento de explotación minera en el área: “Repudiamos las actitudes autoritarias apoyadas en ideales anticuados de desarrollo económico, que sólo han supuesto enfermedad, muerte y degradación a la Amazonia y sus pueblos”. Requerido por EL PAÍS, el Ministerio de Medio Ambiente no comentó el intento del Gobierno de establecer garimpos en la región más protegida de la Amazonia.

En las últimas semanas, en territorio nacional o en eventos fuera del país, el Gobierno ha dado discursos en los que se garantiza el refuerzo del control de la deforestación. En esa línea abundaron el vicepresidente Mourão y el ministro Joaquim Pereira Leite. La falta de poner en práctica el discurso ha llevado a resultados opuestos hasta ahora. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales ha registrado que la tasa de deforestación en la Amazonia Legal brasileña ha aumentado un 21,97 % en un año. Entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 se taló un total de 13.235 kilómetros cuadrados de bosque. Es la cifra más alta de los últimos 15 años. “La actuación del vicepresidente ha resultado desastrosa. Basta con ver los tres aumentos consecutivos de la deforestación. El Gobierno llevó a la Cumbre del Clima de Glasgow un Brasil que no existe. Lo que hemos visto, en realidad, es que la ciencia no miente”, dice el portavoz de Greenpeace para la Amazonia, Rômulo Batista.

“Combo de la muerte” en el Congreso

Mientras el Gobierno hace poco para contener el avance de la destrucción ambiental, en el Legislativo hay un proceso de flexibilización de las normas de protección de la naturaleza. Esta semana, la Comisión de Medio Ambiente del Senado intentó votar simbólicamente dos proyectos de ley que tratan de la ocupación de tierras públicas y un tercero que flexibiliza las licencias ambientales, al permitir la autodeclaración del interesado en la iniciativa (dentro del llamado proyecto de ley de grilagem, en alusión a la práctica picaresca de guardar las escrituras con grillos para darles aspecto antiguo y autenticar así apropiaciones ilegales de tierras públicas), en lugar de acometer una inspección estricta. En este caso, convierte la concesión de licencias ambientales en la regla y no en la excepción. Es lo que las ONG han llamado el “combo de la muerte”. El proyecto sobre la concesión de licencias se ha postergado hasta la próxima semana.

En el caso de las dos propuestas de ocupación de zonas, permiten que las personas que hayan tomado posesión de terrenos públicos antes del año 2014 permanezcan en ellos, aunque los hayan deforestado de forma irregular. Otra es aún más amplia y estipula la regularización de las tierras ilegales hasta 2019. Como ha habido algunos cambios en la propuesta, todavía será revisada la semana que viene o a principios del año legislativo en febrero.

En la Cámara, un grupo de trabajo está estudiando el nuevo Código de Minería, que se presentó la semana pasada. El principal cambio con respecto a la legislación actual es que convierte la minería en una “actividad de utilidad pública, de interés nacional y esencial para la vida humana”. Si se aprueba, podría dar al sector prerrogativas especiales. “Sería lo mismo que decir que un garimpo es más importante que una tierra indígena”, valora Batista, de Greenpeace.

Además, el proyecto de este nuevo código prevé que los procesos parados durante más de un año en la Agencia Nacional de Minería sean aprobados automáticamente. Si esto ocurre, 93.272 solicitudes de permisos de explotación, minería e investigación serían concedidas por la agencia, según una encuesta publicada por el portal Infoamazônia.

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