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Barcelona impone a los promotores que hagan un 30% de pisos sociales

La Generalitat da el visto bueno definitivo a la modificación del Plan General Metropolitano

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. EL PAÍS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recurre con frecuencia a la expresión “hoy es un día histórico” cuando logra aprobar una medida de calado. Este miércoles lo repitió. La modificación urbanística aprobada por el consistorio barcelonés, que recibió el visto bueno de la Generalitat, lo es, porque marca un antes y un después. Obliga a los promotores privados a que destinen un 30% de los pisos que construyan, en cualquier barrio, a vivienda asequible. “Los que se dedican al negocio inmobiliario deben hacerlo desde la corresponsabilidad”, celebró Colau sobre una medida que entrará en vigor la próxima semana.

La aprobación definitiva por parte de la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat llega tras la bronca de la semana pasada entre Colau y el consejero de Territorio, Damià Calvet. El Ayuntamiento y el Govern, que durante meses ha puesto reparos a la modificación urbanística, chocaron por una cuestión técnica: si los promotores que compraron solares o edificios para rehabilitar durante el primer semestre de 2016 debían ceder el 30% de las viviendas que construyeran o si se les eximía porque perderían dinero.

Calvet aseguraba que al texto de la modificación le faltaba solidez jurídica. Colau le acusó de querer descafeinarla. La cuestión se ha resuelto con una fórmula mixta. Los proyectos fruto de compraventas de ese periodo se estudiarán caso por caso y en función de su viabilidad económica se obligará o no al promotor a ceder pisos. La Generalitat también aprobó que el Ayuntamiento tenga derecho de compra preferente sobre estas viviendas: si los promotores quieren venderlas, la ciudad podrá incorporarlas al parque de alquiler.

La imposición del 30% supone para el gobierno de Barcelona en comú uno de los grandes logros de su mandato, junto a otras como el veto a la apertura de nuevos hoteles en el centro de la ciudad, el pacto para reurbanizar y abrir el entorno del Camp Nou, o que las obras de la Sagrada Familia paguen licencia.

La patronal APCE estudia impugnar

El gobierno municipal estima que con el 30% se podrán sumar unos 300 pisos sociales cada año, porque se piden licencias para construir un millar. La medida afecta a cualquier proyecto de más de 600 metros cuadrados y desde el minuto uno los promotores han puesto el grito en el cielo. Ayer, desde la patronal APCE recordaron que por ley ya construyen vivienda social en los nuevos planeamientos y vaticinaron que el 30% paralizará el sector, subirá los precios y devaluará los proyectos privados. Además, aseguraron que sus servicios jurídicos estudian impugnar la modificación.

En el caso del 30%, su aprobación no se explica sin el empuje de las entidades que defienden el derecho a la vivienda, de las que en su pasado como activista proceden la alcaldesa y buena parte de sus colaboradores más próximos, como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC o la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS). “Hemos vuelto a demostrar que se puede hacer posible lo imposible”, celebraron. Fueron estas entidades, más el Sindicato de Inquilinos, quienes en un contexto de emergencia habitacional —con siete desahucios al día y vecinos que se marchan de Barcelona porque no pueden pagar sus pisos— llevaron la modificación al Ayuntamiento.

En febrero pasado exigieron a la administración que exprimiera la legislación vigente para aumentar el parque público de vivienda. Y desempolvaron la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007. Una ley del gobierno tripartito de la Generalitat que contempla obligar a los promotores a hacer vivienda asequible en la ciudad construida, pero que nadie había aplicado. La exigencia se convirtió en una moción que aprobó el pleno del Ayuntamiento con amplia mayoría. Y fue entonces cuando el gobierno municipal redactó la modificación del Plan General Metropolitano. Se aprobó inicialmente en junio y definitivamente en septiembre con los votos de PDeCAT, ERC, PSC y la CUP. Pero la última palabra la tenía la Generalitat.

A petición de ERC y el PSC durante la tramitación no se dictó una moratoria de licencias, como es habitual cuando en urbanismo se cambian las reglas del juego. Los promotores han aprovechado esta ventana para pedir licencias y esquivar la obligación de hacer vivienda social. Solo con las solicitadas desde octubre la ciudad hubiera ganado 300 pisos sociales.

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