Colau obligará a las inmobiliarias a construir un 30% de pisos sociales

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha superado este lunes el primer trámite para obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones que se hagan en cualquier barrio de la ciudad a destinar el 30% de los pisos a vivienda social. Hasta ahora solo estaban obligados a hacerlo en nuevos planeamientos. La nueva norma, que supondrá cambiar el Plan General Metropolitano (PGM), se ha aprobado en la Comisión municipal de Urbanismo con los 23 votos que suman el gobierno de BComú, ERC, PSC y la CUP. PDeCAT, Ciudadanos y el concejal no adscrito se abstuvieron. El PP votó en contra.

El gobierno de BComú ha logrado el sí a cambio de renunciar a suspender las licencias y a que la nueva normativa se aplicara desde ayer mismo, como pretendía pero rechazaban los grupos de ERC y el PSC. Así, las nuevas reglas del juego no serán vigentes hasta su aprobación definitiva tras pasar por el pleno del Ayuntamiento (en otoño) y por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat (posteriormente). La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ha afirmado que tienen dudas sobre la medida.

Durante la comisión, el concejal de ERC Jordi Coronas ha alertado de que paralizar las licencias hubiera provocado demandas que habrían retrasado la aprobación definitiva de la medida. Desde el PSC, Daniel Mòdol ha opinado que un freno de proyectos hubiera encarecido los precios y puesto en peligro el empleo. Ciudadanos ha acusado a Colau de no dialogar. Y PDeCAT y PP han cuestionado la solidez jurídica de la medida y al gobierno por no haber resuelto los problemas de vivienda y trasladar la responsabilidad a los privados.

Antes del debate, la alcaldesa ha comparecido en la plaza de Sant Jaume junto a las entidades que a través de una moción han presionado para obligar a los promotores a “corresponsabilizarse” en la generación de un parque público de vivienda. Colau ha celebrado el acuerdo y ha asegurado que el cambio normativo permitirá “ganar unos 300 pisos sociales al año (en la ciudad se construyen un millar)”. “Corresponsabilizará a quien ha logrado beneficios obscenos y no ha tenido ninguna responsabilidad sobre el dolor causado con la especulación”, ha aplaudido. Sobre las voces que alertan de que la imposición paralizará la construcción, ha respondido: “No paramos nada, podrán continuar haciendo negocio, pero ahora con corresponsabilidad”.

Tres años después de llegar Colau al poder, y con el derecho a la vivienda como prioridad, Barcelona vive una crisis para acceder a un alojamiento asequible insólito causado por la subida de precios que está obligando a muchos inquilinos a marcharse de sus pisos cuando se les acaba el contrato. De ahí que el gobierno busque fórmulas para ampliar un parque público de alquiler, que no alcanza el 2% del total de viviendas. Fórmulas tradicionales pero lentas (construir vivienda), a corto plazo (comprar pisos a los bancos), imaginativas (hacer pisos prefabricados en contenedores)... O exprimir al máximo leyes existentes.

Retener vivienda pública

Aunque Colau ya llevaba tiempo estudiando obligar a los privados a hacer pisos sociales, el gobierno apoyó la moción de entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Inquilinos, que preveía fórmulas para ampliar el parque público desplegando normativas vigentes. Fue aprobada en febrero con el apoyo de todos los grupos del pleno salvo el PP.

En el primer punto de la moción figuraba precisamente combinar las leyes autonómicas vigentes de Urbanismo y del Derecho a la Vivienda para obligar a los promotores a destinar a vivienda social el 30% de los pisos que levanten. Al ser obligatorio en cualquier barrio, el Ayuntamiento se asegura que no solo habrá parque público en las zonas de nueva urbanización. Pero decidirán los promotores si los destinan a la venta o al alquiler.

La comisión también ha dado trámite a declarar toda la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el Ayuntamiento tenga derecho de compra preferente en las transacciones inmobiliarias. Así el consistorio podrá adquirir los pisos sociales que hagan a la fuerza los promotores y que no quieran destinar al alquiler. Una fórmula para no perderlos cuando acaben los 20 años de protección.