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Las entidades piden exprimir la ley para hacer más vivienda social

La PAH y el Sindicato de Inquilinos, entre otros, recuerdan que la norma prevé reservas de hasta un 30% para pisos públicos

Las entidades que defienden el derecho a la vivienda durante la presentación de la moción para aumentar el parque de pisos sociales.
Las entidades que defienden el derecho a la vivienda durante la presentación de la moción para aumentar el parque de pisos sociales.

No piden peras al olmo, sino exprimir leyes o planes vigentes para modificar la gran norma urbanística de Barcelona (el PGM) y conseguir aumentar el parque de viviendas públicas de alquiler. Las entidades que más conocen los problemas de acceso a la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos o el Observatorio DESC, han presentado este martes una moción para llevarla al pleno del Ayuntamiento de Barcelona que busca fórmulas ya previstas para aumentar los pisos sociales.

La moción, que también impulsan la federación de entidades vecinales de la capital, la FAVB, y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS), parte de cifras que vienen a demostrar que la ciudad está ante una "emergencia habitacional". En Barcelona hay 30.000 solicitantes que esperan un piso social, la ciudad ha vivido 12.000 desahucios en tres años (el 84% por alquiler), hay 2.000 personas viviendo en albergues y pensiones pagados por el Ayuntamiento y los sin techo ya superan las mil personas.

"Hay mecanismos para aumentar el inexistente parque público de alquileres públicos de la ciudad, de apenas el 1,5% sobre el total de viviendas", ha recordado Lucía Delgado, portavoz de la PAH. "La ciudadanía se adelanta a las instituciones una vez más y propone vías para conseguirlo", ha afirmado. Para sintetizar, se trataría de establecer reservas de suelo en nuevas promociones o en rehabilitaciones integrales, o de destinar parte del techo de proyectos de alojamientos turísticos a pisos de alquiler social. Otra fórmula sería ampliar las áreas de rehabilitación y conservación, y declarar áreas de tanteo y retracto, de forma que la administración pudiera ejercer la compra preferente de pisos o edificios.

Para entrar en detalle, la primera fórmula sería destinar el 30% del techo de los edificios de nueva construcción o de las grandes rehabilitaciones a pisos públicos de gestión municipal. Así lo prevé la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, un texto legislativo que se avanzó a los problemas actuales, pero que no ha sido desplegado en su totalidad. "Si se hubieran cumplido las reservas de la Ley del Derecho a la Vivienda hoy tendríamos 5.000 pisos sociales", ha asegurado la portavoz de la PAH.

En el caso de la segunda fórmula, las entidades proponen que si se revisa el plan de hoteles de la alcaldesa Ada Colau (el PEUAT), se obligue a que los futuros establecimientos de uso turístico "cedan el 40% de su techo a vivienda pública en otro edificio del mismo distrito". Es una fórmula poco probable: porque el PEUAT solo prevé crecimiento en la periferia de la ciudad (donde no se están solicitando licencias de nuevos proyectos) y es poco probable que los privados se avinieran a una cesión tan elevada.

La fórmula de declarar zonas como Áreas de Conservación está en la línea de lo que ya ha sucedido en el distrito de Ciutat Vella, concretamente en la calle de Robadors, de manera que las actuaciones llevan implícita la "declaración de utilidad pública". Así, se puede obligar a los propietarios a rehabilitar viviendas o forzar a los propietarios a poner los pisos vacíos al mercado. Por último, la moción de las entidades sugiere reconvertir a uso residencial edificios municipales que tienen otros destinos (como el antiguo edificio de los juzgados, en Via Laietana).

La moción presentada interpela a los grupos municipales del Ayuntamiento. A la rueda de prensa de presentación del texto han acudido representantes de todos los partidos salvo del PP. Y todos se han comprometido a estudiar la propuesta. La idea de las entidades es llevarla al pleno del próximo viernes 23 de febrero en forma de Declaración Institucional.

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