Colau no dará licencias para reformas si no se blinda a los inquilinos

El Ayuntamiento de Barcelona concretó ayer el anuncio hecho hace dos semanas por la alcaldesa, Ada Colau, sobre las medidas para proteger a los inquilinos de fincas que sean rehabilitadas y corran el riesgo de ser expulsados. Para conseguirlo, el Gobierno buscará apoyo político para modificar la ordenanza que regula las licencias de obras, la ORPIMO.

Con la modificación, los propietarios que quieran hacer grandes reformas tendrán que presentar una declaración responsable en la que se comprometan a realojar a los vecinos mientras duren las obras y también a que puedan regresar a sus viviendas en las mismas condiciones que antes de las obras. Sin esta declaración, de la que deberá tener conocimiento la reforzada área de vivienda, no otorgarán la licencia de obras.

De hecho, el reconocimiento del derecho a un alojamiento provisional y al retorno de los inquilinos ya está reconocido en la legislación, pero hasta ahora no se velaba por su cumplimiento. “En vivienda no todo vale y deben prevalecer los derechos de los inquilinos, tenemos que ser garantistas”, defendió la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que recordó las decenas de casos de vecinos expulsados.

Con la declaración responsable de los propietarios, el Ayuntamiento tendrá una información de la que hasta ahora no disponía: cuál es la situación de los edificios de las 5.000 obras que se solicitan al año en fincas donde hay viviendas.