La expulsión de inquilinos de fincas únicas se extiende por Barcelona

“Nos ha llegado la onda expansiva de la bomba atómica del alquiler”. Gráficamente describió ayer una vecina la llegada de la oleada de expulsiones de vecinos de Sant Andreu de Barcelona. Se presentaba el Sindicato de Vivienda del barrio y, tras explicar el caso de los primeros inquilinos que se han organizado —los de las ocho casitas de un mismo propietario de la calle de Pons i Gallarza— no tardaron en aflorar otros testimonios.

“Aquí los alquileres son más bajos que la media, y no tenemos tantos pisos turísticos, pero también comenzamos a tener problemas, la especulación urbanística se extiende del centro hacia los barrios. Ya hay fondos de inversión comprando edificios enteros en Sant Andreu y vecinos que sufren acoso inmobiliario”, relató Noemí Tudela, ejerciendo de portavoz del Sindicato. “Cuando el derecho a la propiedad choca con el de la vivienda, los vecinos nos tenemos que organizar y ayudarnos para buscar soluciones”, defendió desde una organización que todavía no ha celebrado asambleas pero que ya está en contacto con otras entidades que defienden el derecho a la vivienda, como 500 x 20 o el Sindicato de Inquilinos, que recopilan casos por toda la ciudad.

Acostumbrados como estamos a conocer el acoso que sufren inquilinos de fincas de propiedad vertical de los distritos de Ciutat Vella o el Eixample, durante la presentación del Sindicato hablaron los vecinos de las casitas que hay en la esquina entre las calles de Pons i Gallarza y Renart. Unas casas de planta baja y piso construidas a mediados del siglo XIX en las que viven ocho familias: desde parejas jóvenes con hijos, hasta la anciana señora Pepita, cuyo contrato se firmó el 12 de agosto de 1936, un mes después del golpe de Estado contra la República que dio lugar a la Guerra Civil.

“No sabemos dónde pagar el alquiler, estamos indefensos”

Los vecinos se pusieron en guardia en noviembre pasado, cuando un hombre llamó a sus puertas, se presentó en nombre del “nuevo propietario” y les ofreció dinero por marcharse. El administrador de fincas les dijo que no tenía constancia de ninguna compra. Pero el heredero de la propietaria, fallecida en abril, sí les dijo que quería vendérselas. De nada sirvió que le dijeran que eran los primeros interesados en comprarlas. Quien relata la secuencia es Miquel Espinosa, uno de los afectados. Las ocho familias son inquilinas y con contratos en vigor (el que vence más pronto lo hace en octubre).

El pasado 29 de diciembre, un mensajero que salió pitando dejó una carta debajo de la puerta de estas ocho familias. Era del administrador de fincas, les comunicaba que en enero dejaba de gestionarlas. Llegó enero: día 1, 3, 5... y a nadie se le cobró el alquiler. Los vecinos se han curado en salud y han hecho los trámites preceptivos para pagar el alquiler ante el juzgado: primero carta a las fincas (sin respuesta), luego burofax (tampoco) y luego giro postal (tampoco), prosigue el relato Roger Ramírez, convencido de que la idea del propietario es que los inquilinos acumulen tres meses de impago para poderles desahuciar.

Mientras, se repite el esquema que han relatado los inquilinos de otras fincas: no consiguen averiguar la identidad del nuevo propietario. Todavía no está registrada la transacción. “No sabemos dónde pagar el alquiler. Queremos denunciar la situación de indefensión y desprotección”, alertan. Y piden mayor implicación del Ayuntamiento.

El teléfono del Sindicato de Inquilinos no para de sonar. Edificios de barrios tan dispares como Poble Sec, Vallcarca o Gràcia. Incluso desde fuera de Barcelona, en municipios como Sant Joan Despí hay ahora un edificio con 150 vecinos afectados por una subida del 50% de la renta.

Con la tormenta perfecta del alquiler arreciando desde hace ya dos años, la novedad, considera Jaime Palomera, no es tanto que surjan casos de subidas desproporcionadas o de compra de edificios enteros, como que “los barrios periféricos también comiencen a organizarse”.

Desde 500 x 20, surgida de la venta de pisos sociales un fondo, alertan de que el perfil de afectados abarca a toda la sociedad: “Ya no son solo personas sin recursos, todos estamos en riesgo”, afirmaba una portavoz.

También en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) están alarmados ante el fenómeno. Su presidenta, Ana Menéndez, cree que “la expulsión de vecinos y la burbuja del alquiler es el mayor problema que vive la ciudad” y llama a “afrontarlo como un problema social y no individual”.