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Plataformas vecinales lanzan un censo para blindarse contra la subida del alquiler

La expulsión de vecinos de sus pisos ha provocado un estallido de iniciativas

Bloque de pisos del número 37 de la calle Leiva de Barcelona que ha comprado el Ayuntamiento.
Bloque de pisos del número 37 de la calle Leiva de Barcelona que ha comprado el Ayuntamiento.

La imparable subida del alquiler en Barcelona y la consecuente expulsión de vecinos de sus pisos ha provocado un estallido de iniciativas en los barrios para defenderse de la embestida. Hasta ahora se han constituido plataformas contra los pisos turísticos y se ha puesto en marcha el llamado Sindicato de Inquilinos. La última iniciativa es la creación de un censo, un mapa de edificios de propiedad vertical. Inmuebles que tienen un solo propietario y son susceptibles de ser vendidos enteros al mejor postor, en muchos casos fondos de inversión que pueden expulsar a decenas de vecinos de una tacada.

Como ocurrió en la calle de Leiva, donde el Ayuntamiento deshizo la venta a un inversor para proteger a los inquilinos. Ya han comenzado a realizar sus mapas los barrios de Sant Antoni, la Izquierda del Eixample, Sagrada Família, Clot, Poblesec o Sants.

Manifestación el 10 de junio

Barcelona no está en venta. Es el lema de la manifestación convocada por multitud de colectivos, asambleas y asociaciones de vecinos para el 10 de junio. La batalla por la vivienda en Barcelona, con esta épica y un “no nos echarán” ha empezado la campaña de difusión de la convocatoria en redes sociales. Una protesta que, en realidad, lleva meses gestándose.

La constitución de un Grupo de Investigación de la Vivienda de Sant Antoni, para elaborar un mapa de la propiedad vertical era uno de los puntos del orden del día de la asamblea quincenal de la plataforma Fem Sant Antoni. Para no llegar tarde, cuando los edificios ya han sido comprados, como en Borrell, 18; Entença, 2; o Parlament, 1-3.

Desde Fem Sant Antoni, Elisa Marti, subraya que la magnitud del problema "es brutal en el qué, por vecinos afectados, y en el cómo se está echando a la gente”. Martí entiende que el censo “señalará las fincas donde los vecinos son más vulnerables”, pero lamenta que sean los vecinos "en un gesto de impotencia" quienes realicen un trabajo que considera que deberán hacer “las administraciones, los estudiosos y los medios de comunicación”. “Nadie más lo está haciendo y lo importante es subrayar quién está comprando y echando a los vecinos de sus casas”, concluye.

Desde la Red de Vivienda de la Izquierda del Eixample, Marc Debés cuenta que en la zona comienzan a aflorar casos de fincas con inquilinos en riesgo de ser expulsados. Enumera: Aragó, 60; Entença, 151. “Nos enteramos cuando los nuevos propietarios comienzan a tener prácticas poco ortodoxas, es la alarma para el resto de inquilinos”, explica. Y el objetivo del censo es “que cuando haya casos no sean vecinos solos o edificios solos contra un inversor, sino poder organizarse: crear todos los vínculos posibles entre afectados o posibles afectados” por la amenaza de la expulsión. Debés está convencido de que “rápidamente se apuntarán al censo barrios como Sants, Vallcarca o Gràcia”.

Desde El Lokal de El Raval, Iñaki García lleva décadas asistiendo al fenómeno de la expulsión de inquilinos cuando llega capital inversor y compra un edificio para reformarlo o darle otro uso. “Ahora la magnitud es más grande: son más agresivos porque el beneficio es mayor”, asegura. Y celebra la iniciativa de hacer plasmar los casos sobre un mapa: “Hacerlo públicos los casos es combatir la expulsión de vecinos, porque en la mayoría de los casos la opacidad forma parte del negocio”. En el Raval, el caso más conocido es el de las tres fincas impares de la calle de Lancaster (7, 9 y 11, la 13 ya ha sido vendida).

Joan Pallol es inquilino de un edificio de propiedad vertical en el Born y, a tenor de lo que ocurre en la finca, teme lo peor. Tiene contrato de cinco años desde 2013, el mismo año en el que en junio la ley redujo el plazo a tres años: “Todos los vecinos más tarde ya están fuera”. Pallol relata como tras la salida de cada inquilino entran paletas, reforman los pisos de arriba abajo (con las molestias que causa) y muchos se convierten en pisos turísticos. Ilegales, como ha podido comprobar en la web del Ayuntamiento. “A una vecina le dijeron que si no se marchaba el día que finalizaba el contrato le cobrarían por cada día que tenían que retrasar las obras”. Mientras, “las mudanzas son frecuentes”, “en la entrada hay carteles sobre la necesidad de cerrar bien el portal en varios idiomas”. Y el trajín de “vecinos que no hablan catalán ni castellano es constante”.