Colau quiere obligar a los promotores privados a hacer pisos de alquiler social

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha recogido el guante de las entidades que le urgen a incrementar el parque de vivienda social y quiere modificar las normas urbanísticas para obligar a los privados a reservar el 30% de sus promociones a alquiler social. De hecho, las reservas para vivienda pública que piden la PAH, la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), el Sindicato de Inquilinos o el Observatorio DESC figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, pero ningún Ayuntamiento las ha aplicado. El de Barcelona tendrá una propuesta concreta al respecto el próximo día 22.

El compromiso del equipo de Colau tiene origen en la exigencia de las entidades que más conocen el problema de la vivienda en Barcelona de que el Ayuntamiento, con sus competencias, exprima y aplique normativas vigentes para conseguir aumentar el parque de alquileres sociales. Las entidades presentaron sus exigencias a comienzos de febrero y redactaron una moción que aprobó el pleno a finales de febrero con el respaldo de todos los partidos salvo el PP. Ahora se trata de hacerlas posibles. “Aterrizarlas”, expresó ayer la portavoz de la PAH, Lucía Delgado.

Las entidades se reunieron ayer con los grupos y la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. La edil explicó que los técnicos han estudiado la legislación y que la corresponsabilidad de los privados es “posible y viable”. “Hay que concretar el instrumento de planeamiento” para reservar el 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a alquiler público. De entrada, todo apunta a una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) y a la normativa de los planes de reforma y las áreas de conservación y rehabilitación del parque residencial existente, sobre todo el que “está en riesgo de perder vecinos”.

Sanz y las portavoces de las entidades aseguraron que llevan tiempo estudiando qué han hecho ciudades como París o Nueva York para “corresponsabilizar a los promotores en la construcción de vivienda pública”. “Los informes técnicos y jurídicos dicen que es viable. La predisposición es absoluta y destinaremos los recursos necesarios”, dijo la teniente de alcalde.

La directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela, insistió en que las propuestas de las entidades son “rigurosas, con propuestas fundamentadas jurídicamente sobre su aplicación”. Y subrayó, sobre todo, que se pueden llevar a cabo con las competencias municipales.

Además de destinar el 30% del techo edificable a alquiler social, la moción aprobada pide también que se destine el 40% de nuevos establecimientos turísticos a vivienda pública y que se dé uso residencial a edificios municipales ahora calificados como equipamientos.

Sobre el posicionamiento de los grupos municipales de la oposición, la portavoz de la PAH explicó que algunos vieron bien las propuestas y otros expresaron que necesitan tiempo para estudiarlas.