Tras el Pacto, la Ley de la Vivienda

Semana intensa en las políticas de vivienda. Después de la firma, el lunes, del Pacto Nacional por la Vivienda, el Parlament aprobó ayer en comisión la Ley del Derecho a la Vivienda, la del polémico artículo 42.6, que prevé la expropiación del usufructo de viviendas vacías para convertirlas en alquileres sociales. La misma ley por la que ni CiU ni el PP se sumaron al consenso del Pacto y la misma que llevarán al Consejo Consultivo.

La deliberación de este organismo formado por juristas, que no es vinculante, retrasará todavía más una ley que se presentó hace más de tres años y medio. Teniendo en cuenta que mañana es fiesta, yendo todo muy deprisa, la ley no entrará en ningún caso antes de un mes en el pleno del Parlament. Un mes es el plazo que el consejo tiene para emitir un dictamen.

En el texto aprobado ayer se ha suavizado el artículo sobre el alquiler forzoso

Durante la comisión de ayer, la ley fue aprobada con los 12 votos que suman los partidos del tripartito. Votaron en contra los seis diputados de CiU, los dos del PP y uno de Ciutadans. La oposición recordó, una vez más, que llevará el texto al Consultivo "para determinar", dijo el diputado de CiU Carles Sala, "la legalidad de algunos artículos".

Sea como sea, la redacción final del artículo 42.6 poco tiene que ver con el inicial. La suavización de la idea del alquiler forzoso de pisos vacíos es más que notable si se lee el primer borrador del texto. Está fechado en septiembre de 2005. Entonces, el texto se refería al alquiler forzoso en tres artículos distintos (6, 46 y 50). El 6 era el más directo de todos: "El abandono de una vivienda", su "desocupación permanente" o la ausencia del "deber de conservación constituyen el incumplimiento de función social del derecho a la propiedad". Ese incumplimiento "puede dar lugar a la expropiación forzosa". Aquella redacción no hablaba de "expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarlo a terceros", como el 42.6 definitivo, sino de "expropiación" a secas.

Además, la última redacción matiza los condicionantes que llevarían a la Administración a actuar y especifica que la medida está restringida a "ámbitos de demanda residencial fuerte", que el propietario es advertido durante un plazo de dos años, que se le "indemniza por el usufructo temporal", que la Administración costea la gestión del alquiler y las reformas si son necesarias y que transcurridos cinco años (la duración de los contratos de alquiler), se recupera la propiedad.

La diputada de ICV y ponente relatora, Dolors Clavell, defendió el artículo 42.6 argumentando que el tripartito "está en el Gobierno para cambiar las cosas y no dejarlas como están, y ha querido apuntar alto". "Como todos los procesos innovadores, éste comienza con conflicto, pero el tiempo pone las cosas en su sitio", añadió, y recordó que varios países europeos tienen medidas parecidas.

En la oposición, Carles Sala aseguró que la postura de su partido ha sido "flexible" y que la comisión sólo ha considerado 80 de las 144 enmiendas presentadas. Santiago Rodríguez, diputado del PP, se mostró de acuerdo con "utilizar fórmulas novedosas". "Pero no podemos pasar por alto el marco jurídico", dijo. Por último, el diputado de Ciutadans Albert Rivera criticó al Gobierno por "no ceder en un artículo que el mismo tripartito ha explicado que es muy difícil que llegue". "Si tan difícil es, ¿por qué no se suprime?", apuntó.

El texto aprobado ayer introduce otras medidas como el derecho de tanteo y retracto -compra preferente por parte de la Administración-; fija cesiones de suelo para viviendas sociales; establece que en 20 años, en los municipios medianos y grandes el 15% de su parque de viviendas será de protegidas; prevé un registro único de solicitantes y obliga a tener licencia si se quieren alquilar pisos turísticos.