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La vivienda pública abre una brecha entre Colau y Torra

La alcaldesa acusa al Govern de rebajar la norma y Territori responde que no tiene solidez jurídica

Reunión del Consorcio de Vivienda de Barcelona, en el que participan la Generalitat y el Ayuntamiento.
Reunión del Consorcio de Vivienda de Barcelona, en el que participan la Generalitat y el Ayuntamiento. EL PAÍS

La vivienda pública abrió este miércoles una brecha entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el del presidente de la Generalitat, Quim Torra. La tramitación de la reforma para obligar a los promotores a hacer un 30% de vivienda social llegaba al último escollo: la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. Colau acusó al Govern de querer rebajar las obligaciones a los promotores, insinuó que ha cedido a sus presiones y suspendió la reunión. El consejero de Territorio, Damià Calvet, respondió que el texto es “débil jurídicamente” y que la única presión que recibe “es la de los ciudadanos”. El choque se produce en plena negociación de los presupuestos de las dos administraciones.

Los reproches que se lanzaron Colau y Calvet alcanzaron un calibre considerable. “No entendemos qué está pasando, la medida se ha hecho con consenso y aval técnico y jurídico”, dijo la alcaldesa. “No quisiera pensar que hay presiones de grandes promotores de la ciudad o de grandes especuladores, sería inaceptable”, añadió y recordó que la modificación del plan General Metropolitano (MPGM) contó en el consistorio con apoyo de PDeCAT, ERC, PSC y la CUP.

391 proyectos esquivan hacer el 30% de pisos asequibles

Desde que el Ayuntamiento aprobó hace siete semanas imponer a los promotores que hagan un 30% de vivienda de protección, las empresas de han entrado 391 solicitudes de licencia o de certificado de aprovechamiento urbanístico para evitar tener que cumplirlo. “Son ocasiones perdidas de ganar” vivienda de protección social (VPO), lamentó ayer Colau. Calvet le respondió que se hubiera ahorrado esta pérdida de pisos sociales si hubiera dictado una moratoria de licencias. No lo hizo a petición de ERC y PSC.

Colau acusó al Govern de haber demorado la tramitación, aseguró que hasta ayer no planteó la rebaja y sostuvo que el 30% ya tiene aval técnico y jurídico y que “la función de la Generalitat no es rebajar textos y menos en una cuestión tan importante como la vivienda y en un momento de emergencia habitacional”. También arremetió contra los promotores: “Podrán seguir haciendo negocio, pagar a sus trabajadores, lo que no podrán es forrarse a costa de un bien de primera necesidad”. Los promotores siempre han criticado la medida y aseguran que si tienen que hacer el 30% de pisos sociales perderán dinero.

Calvet, a su turno, puntualizó cada una de las acusaciones de la alcaldesa. Respondió que la tramitación no se ha demorado y que el consistorio tardó 17 días en hacerles llegar el expediente. Defendió que el planteamiento de la Generalitat “no es de rebajas sino de seguridad jurídica” y llegó a decir que de aprobar la modificación el Govern “estaría haciendo un flaco favor a la política de vivienda y no hacer caso a los informes jurídicos sería prevaricar”. Habría recursos que “tumbarían” la reforma urbanística, aseguró.

La rebaja que plantea la Generalitat es una cuestión muy técnica. Se trata de eximir de hacer el 30% de vivienda social a los propietarios que compraron suelo durante el primer semestre de 2016. El indulto estaría argumentado para garantizar la viabilidad de los proyectos de las empresas. Es decir, que al precio que compraron el suelo en esas fechas, les salieran los números pese a hacer pisos más baratos.

La modificación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento prevé que en ese periodo solo hagan un 20% de pisos sociales y Calvet aseguró que la Ley del Derecho a la Vivienda contempla reservas del 30%, pero nunca del 20. En la reforma que plantea Colau, se salvan por completo de la obligación de hacer un 30% de vivienda social los promotores que compraron suelo entre junio de 2016 y hasta que se apruebe definitivamente en la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. Se volverá a celebrar en 10 días, el 5 de diciembre.

Teniendo en cuenta los tiempos de la administración, la tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) ha ido a toda pastilla. La idea del 30%, que contempla en la Ley del Derecho a la Vivienda, la lanzaron en febrero pasado las entidades que luchan por el derecho a la vivienda. Colau la hizo suya, la tramitó en el Ayuntamiento, consiguió el apoyo del PDeCAT, ERC, PSC y la CUP, y en septiembre se aprobó en el pleno municipal. Pero falta un último trámite: el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. La Comisión se iba a celebrar ayer, pero al plantear el gobierno catalán una modificación del texto, el gobierno municipal se ha plantado y ha pedido la suspensión. De hecho, la Generalitat siempre ha puesto reparos al texto.

Las entidades promotoras de la medida también se mostraron muy molestas. Representantes de la FAVB, el Sindicato de Inquilinos, la PAH y el Observatorio DESC se citaron ante el departamento de Territori pese a la suspensión. "Exigimos que se apruebe, se aplique y no se modifique el texto que salió del pleno del Ayuntamiento de Barcelona", reclamó Guillem Domingo, del DESC. "El sistema transitorio de la aplicación del 30% [las exenciones citadas] es plenamente legal, seguro y está fundamentado. Es solvente porque se adapta a lo que dice la ley del derecho a la vivienda", dijo y recordó que muchos promotores ya se han escapado de la medida al pedir licencias para sus proyectos durante los últimos meses. Domingo también aseguró que en la decisión de la Generalitat han pesado presiones de los promotores.

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