La Generalitat pone reparos a obligar a los promotores a hacer pisos sociales

No pondrá fácil la Generalitat la aprobación definitiva de la modificación urbanística del Ayuntamiento de Barcelona para obligara los promotores a destinar a vivienda asequible el 30% de los pisos que hagan. Ayer, tras una reunión del Consorcio de Vivienda en la que participaron el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa Ada Colau, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, aseguró que el gobierno catalán "observa con simpatía y ganas de trabajar cualquier iniciativa urbanística o de políticas de vivienda destinada a incrementar el parque de vivienda asequible". Pero a continuación, y pese a asegurar que no conoce los detalles de la modificación, puso reparos no menores a su aprobación.

Habrá que ver y estudiar, alertó Calvet, "si se han resuelto las alegaciones presentadas, que nos consta que las hay potentes" y pedir (y esperar) informes a otros departamentos. A continuación, el consejero aseguró que hay dos cuestiones que le "preocupan". Una vinculada al ámbito de aplicación de la modificación: "Barcelona no se puede separar de su conurbación y nos gustaría que tuviera visión metropolitana y no solo se circunscribiera a Barcelona". Calvet afirmó que la obligatoriedad de que los promotores tengan que destinar un 30% de sus proyectos a vivienda asequible "puede centrifugar realidades", como ha ocurrido con el plan de hoteles de Colau, que solo permite crecimiento hotelero en la periferia.

La otra preocupación del consejero son "aspectos técnicos entorno a parámetros como la densidad de viviendas por solar". "Al ser la vivienda protegida un régimen muy tasado, la superficie de los pisos puede condicionar el número que queda para pisos libres, y ver si tiene impacto en el resto del mercado". Un argumento que coincide con los temores que expresan desde la patronal de los promotores inmobiliarios, APCE.

Los argumentos del consejero contrastan con los de la alcaldesa, que entendió "que no habrá ningún problema". "Es un trámite técnico, la modificación viene acompañada de informes jurídicos y económicos que avalan su seguridad jurídica y su viabilidad". Calvet explicó que cuando el pleno del Ayuntamiento apruebe la semana que viene la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) y la Generalitat reciba físicamente la carpeta con el expediente, la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona tendrá cuatro meses para resolverlo. Pese a las reservas, apuntó: "Tenemos cuatro meses pero somos conscientes de que es un tema prioritario, urgente y pondremos toda la maquinaria y la capacidad a trabajar. Si se cumple la legalidad y no vemos ninguna punta, las comisiones están para aprobar".

Durante la reunión del Consorcio de la Vivienda, en el que la Generalitat tiene un 60% y el Ayuntamiento un 40%, las dos administraciones pactaron incrementar las aportaciones económicas en 64 millones de euros para ampliar el parque de alquiler asequible en 500 pisos. Una aportación que servirá para comprar vivienda libre a través de la compra preferente, promover y captar pisos vacíos y que tanto Colau como Calvet celebraron, aunque las cifras que proporcionaron no tienen nada que ver. 

Colau aseguró que la aportación de la Generalitat supone un salto del 16% al 19% en la participación del gobierno catalán al consorcio (frente al 84%). Un porcentaje que Calvet negó, pero no rebatió. Lo que quedó claro es que las dos administraciones contabilizan con una fórmula distinta las aportaciones, hasta el punto de mandar dos notas de prensa distintas y no una conjunta como es habitual.