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Barcelona aprueba obligar a los promotores a hacer un 30% de pisos sociales

La Generalitat, que hasta la fecha ha mostrado sus recelos respecto a cambiar las reglas para las empresas privadas, tiene la última palabra en la modificación urbanística

Entidades vecinales y representantes de Barcelona en Comú, PSC y ERC antes de la aprobación de la modificación del PGM. En vídeo, declaraciones de Ada Colau.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles en la Comisión de Urbanismo una modificación del planeamiento para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda asequible. Es una medida que busca ampliar el parque público de vivienda social y que está prevista en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda, de 2007, pero que hasta la fecha nadie ha aplicado. El trámite se ratificará la semana que viene en el pleno del Consistorio. Pero faltará el sí definitivo de la Generalitat, que hasta la fecha ha expresado recelos a cambiar las reglas a los promotores privados. Las empresas, por su parte, han puesto el grito en el cielo, asegurando que perderán dinero en los suelos donde tenían la expectativa de levantar vivienda 100% libre.

Han sido las entidades que defienden el derecho a la vivienda (como la PAH, FAVB, ABTS, el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos) quienes han impulsado la modificación de la norma que rige el urbanismo en Barcelona, el Plan General Metropolitano (PGM). En febrero pasado, las entidades exigieron exprimir las leyes para aumentar el parque público de vivienda, y el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau recogió el guante y anunció su intención de imponer la cesión a los promotores privados recurriendo a la ley de 2007.

La aprobación ha contado con los votos del Gobierno municipal, ERC, el PSC y dos concejales no adscritos (que durante el mandato han abandonado sus partidos). En total, 21 votos de 41. Las entidades han subrayado antes de la votación "que no es una medida de Colau, sino de los vecinos de la ciudad, que demuestran que pueden conseguir lo que los políticos no hacen", en palabras de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ana Menéndez. Desde el Observatorio DESC, Guillem Domingo ha celebrado que la norma "obligue al sector privado a corresponsabilizarse" y ha señalado que si entra en vigor la medida permitirá sumar al parque público 400 pisos sociales al año (el 30% del algo más de un millar que se construyen cada año).

Colau, activista de la PAH antes de presentarse a las elecciones para ser alcaldesa, ha calificado la votación de "histórica y de justicia" y ha aplaudido que "la ciudadanía haya ido por delante de las instituciones". "Marca un punto de inflexión, aprobamos una medida que significa un cambio de paradigma, de las reglas del juego, se introduce la idea de que la vivienda es un derecho y no una mercancía, después de los despropósitos, la especulación y el daño causado a tantas familias" por parte del sector inmobiliario y financiero. "Queremos decirles que en nuestra ciudad las inversiones son bienvenidas pero que hemos perdido el miedo y no se pueden enriquecer sin límites", ha añadido.

La Generalitat no ha querido pronunciarse sobre cuál será su posicionamiento en la Comisión técnica de Urbanismo. La modificación está muy trabada jurídicamente, aseguran las entidades, que se reunirán la próxima semana con los responsables de vivienda del Gobierno catalán. Entre los partidos que han apoyado la modificación figura ERC, presente en el Gobierno catalán. Desde la PAH, Lucía Delgado ha invitado al PDeCAT, que ha reservado su voto, a sumarse al acuerdo y votar sí la semana que viene en el pleno. Y ha avisado de que las entidades seguirán trabajando "para sumar más apoyos [en otros Ayuntamientos] a una medida que es un cambio de paradigma".

Compra preferente del Ayuntamiento

Además de las reservas para construir vivienda asequible, la comisión también ha aprobado declarar la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el consistorio tenga derecho de compra preferente en algunos solares o edificios. Una medida que busca también evitar operaciones de compraventa especulativas que expulsen vecinos, operaciones en el mercado negro y condiciones favorables para conseguir solares (y censar los vacíos) o pisos para destinar a alquiler asequible.

La medida se aplicará durante seis años e incluye edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificios en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y vivienda protegida.

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