Dos informes avalan que se obligue a construir un 30% de pisos sociales

El Ayuntamiento de Barcelona afronta esta semana la primera votación de la aprobación definitiva de una modificación de planeamiento para obligar a los promotores a destinar el 30% de sus promociones a vivienda social. La votación, previsiblemente en la comisión de Urbanismo del miércoles, llega con dos nuevos informes que la avalan. Son un informe del Secretario General del propio consistorio y otro económico encargado a un despacho de arquitectos.

El informe del Secretario general, Jordi Casas, admite que la modificación del Plan General Metropolitano “es innegablemente importante y novedosa”, por lo que ha sido “sometida a un escrutinio riguroso y abierto”. Y que está adecuadamente motivada y fundamentada “en el interés general y la evidente problemática de la falta de vivienda asequible en la ciudad”. También afirma el secretario que la administración municipal es competente para tramitar la modificación y que está justificado que el Ayuntamiento de Barcelona “tenga política propia en materia de vivienda”.

El informe económico, que firma el despacho Duatis Arquitectes, responde al temor expresado por los promotores privados y afirma que las reservas para vivienda social no tendrán “un impacto negativo que impida la viabilidad económica de las promociones inmobiliarias” y que la oferta de vivienda a precio asequible mejorará “la accesibilidad del conjunto de la población porque tenderá a moderar los precios de la vivienda libre”. En conclusión, que “aumentar la cuota de vivienda asequible en el parque de vivienda principal de la ciudad no contribuye a incrementar el valor de la vivienda libre”.

La obligatoriedad de que los privados destinen parte de sus promociones a vivienda asequible está prevista en la Ley del Derecho a la Vivienda de hace diez años, pero que nunca se ha aplicado. Llegó a la mesa del Gobierno de la alcaldesa Ada Colau de la mano de cinco entidades. La PAH, la FAVB, el Sindicato de Inquilinos, el Observatorio DESC y la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS).

Fueron estas entidades quienes en invierno pasado emplazaron a las administraciones a exprimir la Ley de Vivienda para aumentar el parque de vivienda pública en un momento de emergencia habitacional. Primero consiguieron que el pleno del Ayuntamiento aprobara una moción al respecto. Pero le tocaba al ejecutivo de Colau convertirlo en norma.

En junio pasado, Colau y las entidades (en las que en el pasado participó como activista) celebraron la aprobación inicial de la modificación del Plan General Metropolitano. Un trámite que provocó feroces críticas de los promotores, que aseguran que no les saldrán las cuentas y que subirá el precio de los pisos. En verano la aprobación inicial tuvo el respaldo del propio ejecutivo, ERC, PSC y la CUP. PDeCAT, Ciudadanos y el concejal no adscrito se abstuvieron y el PP votó en contra.

Las entidades confían en que ERC, PSC y la CUP repitan el sí. Y buscan el voto afirmativo también del PDeCAT, recordando que el grupo del ex alcalde Xavier Trias aprobó el Plan de Vivienda de Colau. Con todo, los grupos podrían reservar el voto para la votación definitiva, que si se cumple el calendario previsto será en el pleno del día 28. A la modificación del PGM le quedará un último trámite: la comisión de Urbanismo de la Generalitat. Hasta la fecha, el gobierno catalán ha mostrado reservas al texto.