Barcelona deja en manos del Govern obligar a los promotores a hacer un 30% de pisos sociales
El Ayuntamiento modifica las normas urbanísticas para ampliar el parque de vivienda asequible
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha logrado una amplia mayoría para sacar adelante uno de los proyectos estrella de su mandato: la modificación urbanística para obligar a los promotores a que destinen a vivienda asequible un 30% de sus proyectos, sean en el barrio que sean. Una medida, junto al plan para frenar el crecimiento hotelero, que es uno de los hitos de la gestión de una alcaldesa que procede de los movimientos sociales que defienden el derecho a la vivienda. Que sea una realidad, con todo, depende de la Generalitat, que tiene que darle el visto bueno jurídico y que hasta ahora ha puesto muchos reparos al cambio.
La modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para imponer un 30% de pisos asequibles se ha aprobado en el Pleno de septiembre con 33 votos de 41. Han apoyado la propuesta Barcelona en comú, el PDeCAT, ERC, PSC, la CUP y dos concejales adscritos. Una votación con las entidades que han impulsado el cambio en la tribuna (la PAH, el Observatorio DESC, la FAVB, el Sindicato de Inquilinos y la Asamblea de Barrios) y en la que la propia Colau ha tomado la palabra en el último turno.
Al borde de las lágrimas, Colau les ha dado las gracias “por no rendirse y marcar el camino” y ha asegurado: “Algunos entramos en la institución para facilitar esto”. “Un cambio real de paradigma y no retórico”, que ha invitado a los partidos que ha votado a trasladarlo al Área Metroplitana. El Gobierno asegura que fruto de esta medida cada año se podrán hacer 300 pisos (un tercio de los mil que se construyen) que si son de alquiler costarán 510 euros y de compra, 130.000.
Antes, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido que la propuesta supone “corresponsabilizar a los promotores” a hacer vivienda asequible en un momento de emergencia habitacional y que la administración podrá comprar las viviendas porque también se ha aprobado declarar todal la ciudad área de tanteo y retracto, de manera que el Ayntamiento tendrá defrecho de compra preferente. “El urbanismo no es neutro y hoy se pone al servicio de los vecinos, con un cambio de rumbo histórico”, ha manifestado Sanz.
Desde el PDeCAT, que ha votado a favor de la medida, el concejal Jordi Martí ha advertido que la modificación puede provocar denuncias en los juzgados. Además ha recordado que su partido ha votado a favor a cambio de flexibilizar la imposición del 30%, de manera que los pisos sociales puedan trasladarse a otro edificio o solar próximo.
ERC, PSC y la CUP han celebrado la medida también cada uno a su manera. “Nos hubiera gustado una actitud de mayor generosidad por parte del sector privado”, ha afirmado el concejal republicano, Jordi Coronas, que les ha pedido “que pongan menos trabas”. Jaume Collboni, del PSC ha asegurado que “la vivienda es el principal problema de la ciudad y el principal fracaso del Gobierno”. Por parte de la CUP, Pere Casas, ha pedido que la reforma “no sea política de escaparate y genere falsas espectativas” y ha abogado porque la obligación de las reservas se incremente hasta el 60%.
En un clima de satisfacción general, Ciutadans y el PP ha echado agua al vino y han asegurado que el Ayuntamiento no tiene competencias para imponer a los promotores que hagan vivienda social en la trama ya consolidada y han asegurado que Colau ha actuado con precipitación. Incluso ERC ha reconocido que la amenaza de recursos ante el contencioso es real.
Promotores y arquitectos reclaman mayor seguridad jurídica
La patronal de las empresas de promoción inmobiliaria, APCE, es muy crítica con la modificación de la normativa urbanística que les obliga a destinar a vivienda asequible un 30% de los pisos que construyan en Barcelona. Su presidente, Lluís Marsà, recuerda que los promotores ya están obligados aportar un porcentaje de vivienda asequible en las zonas de nueva urbanización; y rechazan de plano las cesiones en suelo urbano consolidado, la ciudad ya construida. Marsà asegura que la modificación del PGM "va en contra de la Ley del Suelo estatal y la de Urbanismo de la Generalitat, que son de rango superior". "Provoca inseguridad jurídica", lamenta y asegura que a corto plazo no, porque los promotores tienen ya el suelo comprado; pero a largo desincentivará la promoción de vivienda. Sobre si recurrirán a los tribunales para evitar su aplicación, asegura que lo tienen que valorar.
Por parte del Colegio de Arquitectos, su decana, Assumpció Puig, aplaude como "nueva, pionera y valiente" la medida de imponer un 30% de vivienda asequible a las empresas privadas. Pero apunta que "debería haberse trabajado implicando a todos los agentes para conseguir mayor consenso". Puig cree que tiene "dudas jurídicas que pueden ser perjudiciales si no se resuelven", y opina que habrá que ver también como se aplica barrio a barrio, porque cree que habría que revisar si se trata a todos los distritos por igual. También lamenta la falta de dotación presupuestaria de la nueva norma.
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