El retraso en la aprobación del 30% hace perder casi 300 pisos sociales

La demora de la Generalitat en aprobar definitivamente la reforma urbanística del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a los promotores a destinar un 30% de sus proyectos residenciales a vivienda social, está sirviendo a las inmobiliarias para esquivar la imposición. Desde que el pleno del consistorio votó la nueva norma y fue aprobada definitivamente en septiembre, los promotores han solicitado al Ayuntamiento 234 licencias de nuevos proyectos, según fuentes municipales. De éstas, 40 edificios tienen más de 600 metros cuadrados y se verían afectadas por el cambio. En total, suman 940 pisos, de los que 282 (el 30%) deberían ser a precio asequible.

Al tratarse de una reforma de calado del Plan General Metropolitano (PGM), la imposición a los promotores de destinar un 30% de sus proyectos a vivienda asequible debe ser aprobada definitivamente por la Generalitat en la subcomisión de Urbanismo, que depende del departamento de Territorio. Desde hace meses, el gobierno de Quim Torra asegura que apoya cualquier fórmula para ampliar el parque de vivienda social, pero ha expresado dudas sobre la modificación. Y la semana pasada el consejero Damià Calvet expresó dudas sobre la “solidez jurídica” de la reforma y planteó que los promotores que compraron suelo o edificios para reformar durante el primer semestre de 2016 estén exentos de reservar el 30%. El aplazamiento de la aprobación abrió una brecha entre el Govern y la alcaldesa Ada Colau y ambos se lanzaron duros reproches.

La teniente de alcalde de Urbanismo del consistorio Barcelonés, Janet Sanz, se muestra indignada con el retraso y recuerda que en el pleno del Ayuntamiento la medida contó con el apoyo del PDeCAT y ERC, que gobiernan en la Generalitat.

Sanz señala que estos casi 300 pisos que son lo que el gobierno municipal calculó que obtendría en un año. “Dijimos que la medida del 30% serviría para conseguir entre 300 y 400 pisos a precio asequible al año, porque responde al ritmo de licencias que tramitamos en un año es este. Pues resulta que en dos meses se ha presentado un volumen de licencias equivalente a un año”, lamenta. “En personas”, añade, “estaríamos hablando de unas 700 personas con la posibilidad de acceder a una vivienda asequible en un momento de emergencia habitacional”.