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Tribuna:17 DE MAYO, DÍA DE INTERNET

La accesibilidad web: una asignatura pendiente

La accesibilidad web está de moda, y bienvenida sea una moda que tiene como objetivo facilitar el acceso a Internet a todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. En enero del presente año entró en vigor la Ley de Accesibilidad para las Administraciones Públicas y si algo se puede asegurar es que era una Ley anunciada con suficiente antelación ya que estaba prevista desde 2002, tras la publicación de la LSSI (Ley de Sociedad de la Información).

Desde la Fundación CTIC, y como resultado de nuestra especialización en estandarización web y específicamente en el ámbito de la accesibilidad, hemos observado en los últimos años un acercamiento general hacia la Ley, sobre todo en los meses anteriores a su entrada en vigor, siendo la palabra intranquilidad la que quizás mejor define la situación actual. Algo es algo.

¿Pero cual es el grado de cumplimiento? ¿Cuáles son los problemas para su aplicación? ¿Cuál es la sensibilidad política al cumplimiento de la misma? ¿Qué responsabilidad tienen las empresas tecnológicas que prestan servicios a las Administraciones Públicas en servicios electrónicos? ¿Cuales son la medidas legales para garantizar la aplicación de la Ley? Intentaré aportar algunas luces que nos ayuden a interpretar la situación creada desde la entrada en vigor de la Ley.

El grado de cumplimiento de la Ley de Accesibilidad por parte de la administraciones publicas es en general deficiente. Una simple aplicación de la herramienta de evaluación de errores automáticos TAW, desarrollada por la Unidad de Accesibilidad de CTIC y en la que se basan la mayor parte de los informes publicados de situación, nos proporcionará pruebas evidentes. Sin embargo, y curiosamente, la causa no es la falta de sensibilidad política de quienes gobiernan las Administraciones públicas, ni son ellos los que mayor responsabilidad tienen en la situación (que la tienen). Las Administraciones sienten la presión de la Ley, aunque son conocedoras de que ésta no prevé, al menos de momento, sanciones por incumplimiento. Y quizás no se necesiten medidas sancionadoras, aunque algunos países ya las han puesto en marcha, sino que la verdadera presión empezará a llegar de la propia opinión pública y de la mayor sensibilidad de los medios de comunicación hacia estas cuestiones. Pero una cosa es sentir la presión de la Ley y otra interiorizar la necesidad de construir servicios públicos electrónicos accesibles. Si la necesidad estuviera interiorizada, las páginas web de los principales partidos políticos, por ejemplo, serían accesibles y no lo son.

En buena medida la pelota está en el alero de las empresas tecnológicas. Las herramientas de generación de portales y de gestión de contenidos actuales, salvo raras y honrosas excepciones, no generan arquitecturas accesibles. Las Administraciones demandan a las empresas proveedoras de servicios tecnológicos sitios web accesibles, pero éstas con excesiva frecuencia desconocen las pautas de estandarización necesarias para ello. Se trata de las "Pautas de accesibilidad para contenido Web " creadas por la iniciativa WAI del W3C, que es el consorcio reconocido internacionalmente como generador de la tecnología de soporte para que la Web sea universal y alcance su máximo potencial. En otros casos, simplemente no se pueden aplicar las pautas WAI a las herramientas de generación de portales y contenidos porque técnicamente es imposible.

El problema de fondo es que las empresas tecnológicas siguen entendiendo la construcción del software como cajas negras (se presenta el producto pero no se dice cuáles son sus ingredientes) y el conocimiento para la construcción de arquitecturas estandarizadas deja mucho que desear. En algunos casos, la situación se agrava. Se están ofreciendo a pequeños ayuntamientos servicios basados en productos comerciales de conocidas multinacionales como la solución a sus portales del ciudadano a sabiendas del incumplimiento de las pautas de accesibilidad.

Curiosamente, y aunque la Ley obliga sólo a las Administraciones Públicas al cumplimiento de la accesibilidad web, algunos sectores de actividad como la banca se están mostrando muy sensibles al problema. Y es lógico. La banca electrónica presta servicios al ciudadano y los discapacitados son también sus clientes.

Pero a pesar de lo dicho, todo apunta a que se está produciendo un cambio de dirección, en el sentido correcto. Y esto es lo importante. Las Administraciones son las que presionan al sector tecnológico para que les dé respuesta, aunque realmente debiera ser el sector quien se adelantara aportando soluciones. Y el sector tecnológico, presionado, está buscando soluciones en organismos especializados, en la formación de sus desarrolladores y en la aceleración de la amortización de sus herramientas actuales para iniciar la construcción o reconstrucción de otras que sí generen contenidos accesibles.

Todo indica que el concepto acuñado por el creador del Web y director general del Consorcio W3C, Tim Berners-Lee, en el sentido de construir una web de acceso universal, debiera ser un camino irreversible. La cuestión es la velocidad. Aceleremos entre todos.

Pablo Priesca Balbín es director de la Fundación CTIC (www.fundacionctic.org)