Aragón logró frenar a tiempo el brote que se descontroló en Lleida

De todas las lecciones que dejará la pandemia del coronavirus, la de la gestión de los primeros momentos de un brote es de las más importantes. Saber cómo y cuándo adoptar medidas que eviten que una pequeña agrupación de casos se convierta en una oleada es el gran reto para el sistema sanitario. “Es algo que requiere la dosis justa de sensibilidad, músculo e inteligencia. Es inasumible ir confinando zonas a la primera de cambio, pero hacerlo tarde nos aboca a un grave problema difícil de controlar”, resume Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

El gran rebrote de Lleida y cuatro comarcas vecinas de Aragón, que ya suma más de 1.500 positivos, será objeto de estudio para los especialistas. Junto al de Leicester (Reino Unido) y Renania del Norte-Westfalia (Alemania) es uno de los tres mayores de Europa en el último mes. Pero la frontera administrativa entre Aragón y Cataluña, que han adoptado medidas distintas, convierte la zona en un gran laboratorio para evaluar su impacto sobre las dinámicas de propagación del virus.

La población, tan habituada a vivir como si el linde no existiera que hasta comparten hospital, está hoy dividida en dos circunstancias muy alejadas. En el lado catalán, los casos crecen a un ritmo de más de 100 al día y los 210.000 vecinos de Lleida y su comarca (el Segrià) fueron confinados el 4 de julio.

En Aragón, las comarcas del Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y Bajo Aragón-Caspe (81.000 personas en total) han logrado que los nuevos positivos desciendan desde hace dos semanas. Sus habitantes viven en la fase 2 de la desescalada, algo que con el fin del estado de alarma apenas supone limitar las reuniones sociales (15 personas máximo) pero no restringe la movilidad.

La reacción de las dos comunidades ante el repunte de casos, que se inició en ambos lados de la frontera en torno al 18 de junio, explica esta disparidad, según las fuentes consultadas. “Pudimos actuar rápido y hacer todas las PCR posibles. La situación es cambiante, pero se ha logrado acotar la propagación del virus”, explican fuentes sanitarias de Huesca. Aragón mira ahora con más preocupación a Zaragoza capital, que el viernes registró 32 casos.

“Nosotros no hemos llegado a tiempo”, lamenta un sanitario de Lleida. “Hicimos primero frente al brote de los mataderos [a finales de mayo, 150 casos]. Luego al de Guissona [200 casos]. Y otros pequeños en residencias, familiares y entre jóvenes. Han faltado manos, los sistemas de información no han funcionado bien y la ayuda del call center de Barcelona para rastrear contactos no ha sido tal”, sigue esta fuente.

El virus nunca se fue del todo de la zona. La potente industria agroalimentaria de ambas comunidades mantuvo su actividad en el estado de alarma y con ella siguieron los contagios. Binéfar (Huesca) sufrió el primer gran golpe en abril con un gran brote en dos empresas cárnicas. A finales de mayo fueron los mataderos de Lleida. Y con el inicio de la cosecha, entraron en escena los temporeros. Fraga (Huesca) tuvo a principios de junio un aviso de lo que podía venir con 25 casos en el colectivo.

La situación experimentó una notable mejoría a mediados de junio. El día 18, Lleida pasó de la fase 2 a la llamada nueva normalidad en solo 24 horas tras registrar los mejores datos desde el inicio del estado de alarma —ocho casos diarios de media— la semana anterior. En el lado aragonés, en la fase 3 desde el 9 de junio, sobraban dedos en una mano para los nuevos positivos.

Pero entonces todo empezó a torcerse. Las cuatro comarcas de Aragón, detectaron nueve casos entre el 16 y el 17 de junio. El sábado 20, con 21 positivos en 48 horas, el Gobierno de Aragón decretó el cierre temporal de una empresa en Zaidín y empezó a rastrear el virus en más de 200 trabajadores. Los 88 positivos obtenidos mandaron de vuelta a la fase 2 a las tres comarcas de la provincia de Huesca. Al día siguiente seguía el mismo camino la de Bajo Aragón-Caspe, en Zaragoza.

”La medida sirvió de aviso”, explican fuentes del Gobierno aragonés. “Tras el fin del estado de alarma, volver a la fase 2 supone reducir algunos aforos y las reuniones sociales a 15 asistentes. Pero son medidas limitadas y difíciles de controlar. Lo preocupante era que el virus ya corría entre peñas de jóvenes y había que cortar las cadenas de contagio”, siguen estas fuentes.

Con todo el arsenal de salud pública activo —búsqueda de casos sospechosos, pruebas PCR, rastreo de contactos…—, los diagnósticos bajaron rápido. La incidencia acumulada de los siete días anteriores alcanzó el pico el 26 de junio, con 26,7 casos, y desde entonces ha descendido hasta los 11,3 del pasado jueves.

La inmensa mayoría de los casos detectados en Aragón son “personas jóvenes y sanas, muchas asintomáticas, lo que indica que se han atajado a tiempo los contagios”, remachan estas fuentes. Los hospitales de Aragón no han registrado un aumento de ingresos. Sí ha habido “alguno, pero pocos” en el Arnau de Vilanova de Lleida, al que acude por cercanía (apenas 20 kilómetros) la población, según fuentes del centro.

En el Segrià los casos dieron un salto significativo el día 19, con 19 positivos tras una semana oscilando entre uno y cinco. Dos días más tarde ya eran 25, y el 23 de junio, 47. La incidencia acumulada en los siete días anteriores era de 10,4 casos diarios el 18 de junio. El día 23 llegó a 20, a 38 el día 28, a 70,4 el 2 de julio y escaló hasta superar el centenar el pasado día 8.

El incremento también empezó a presionar al sistema sanitario, señal de que la transmisión comunitaria ya estaba en marcha. “Los centros de salud llevan dos semanas tensionados”, alertó el pasado martes el sindicato Metges de Catalunya. “Yo me fui de puente de San Juan [el 24 de junio] con solo un paciente ingresado y cuando volví había 16”, explica José Luis Morales-Rull, responsable de coronavirus en el hospital Arnau de Vilanova.

Este centro pasó en unos días de plantearse cerrar la planta covid, a llenarla, abrir una segunda a principios de semana y una tercera ahora. El sábado tenía 57 enfermos ingresados, seis de ellos en la UCI. Todos los centros de la ciudad atienden a 89 pacientes hospitalizados, de los que 11 llenan las UCI, lo que ha obligado a la Generalitat a derivar a enfermos a otros hospitales de Cataluña.

Pese al aumento sostenido de casos, la Generalitat tardó en dar señales de alerta. El lunes 29 de junio, la región sanitaria de Lleida informó por primera vez de un aumento de casos y de la extensión de las pruebas. Tres días más tarde, sin embargo, el Gobierno catalán reaccionó airadamente cuando el coordinador de urgencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, deslizó por primera vez la posible necesidad de tomar medidas.

“No estamos en una fase de crecimiento exponencial de casos, los detectamos antes”, replicó al día siguiente la consejera de Salud catalana, Alba Vergés. Su departamento negó que fuera necesario el confinamiento, pero ese mismo viernes instaló un hospital de campaña para reforzar al Arnau de Vilanova. La Generalitat acabó cerrando el Segrià la mañana siguiente.

La falta de profesionales en vigilancia epidemiológica, la incapacidad del sistema de rastrear contactos y los fallos de la plataforma informática creada para hacer frente a los rebrotes son las carencias denunciadas por los sanitarios. Joan Ramon Villalbí, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), considera que “Aragón se ha beneficiado del menor tamaño de su zona y de unos sistemas de salud pública bien dimensionados y articulados”. “Cataluña sufre por la fragmentación de actores del sistema sanitario, cada uno con su sistema, lo que complica y ralentiza la circulación de la información”, añade.

Este experto pone otros problemas sobre la mesa. “Las rigideces de la Administración y la situación de partida también han influido”. “La Generalitat no puede contratar a 100 epidemiólogos de golpe. Es un proceso lento y además no es posible formar en dos meses a tantos profesionales para una función que requiere especialización y experiencia”, considera.

En su opinión, esta fue la razón que llevó al Gobierno catalán a recurrir a un call center de Ferrovial, la empresa que gestiona el teléfono 061 de urgencias en Cataluña. “Tenía su lógica recurrir a un dispositivo que ya estaba en la órbita del sistema sanitario. Pero solo si podía asegurarse que los nuevos sistemas de información funcionaran y el call center se coordinara con la red sanitaria y asumiera las labores administrativas, como localizar contactos. No ha sido así”, lamenta.

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