Obligada a dar a luz por cesárea otra niña argentina que había sido violada y pidió un aborto
El Gobierno de Tucumán desoye la petición de la víctima, de 11 años, y no acata la ley que permite la interrupción del embarazo a menores que han sufrido abusos
![Federico Rivas Molina](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F2fd20fad-1ed8-47a7-a684-59526d1682f4.png?auth=bad56099dc8f7a8f1e6de70f87d38f67107663f0a4322eee650c83322d0a3afd&width=100&height=100&smart=true)
![Vista del hospital Eva Perón.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MBXXXH4X4NYS3BY23FEZKB7Z24.jpg?auth=572d3681cfc0aa4771532e304c3cbc2c4a1440c7cb7e597972c70e0df6956fe4&width=414)
Ha sucedido otra vez. A finales de enero, el Gobierno de Salta (extremo norte de Argentina) practicó una cesárea a una niña de 12 años violada que había pedido el aborto al que tenía derecho por ley. Ahora ha ocurrido lo mismo algo más al sur, en Tucumán. Una menor de 11 años abusada por la pareja de su abuela dio a luz a un bebé de 600 gramos tras insistir durante un mes a los médicos para que pusieran fin a la gestación. El Gobierno provincial desoyó el pedido de la niña y en la noche del martes, cuando cursaba 23 semanas de embarazo, la sometió a una cesárea en un hospital público. El bebé nacido pesa 600 gramos y sus posibilidades de supervivencia son mínimas.
La niña llegó junto con su madre al hospital Eva Perón de Tucumán el 29 de enero pasado. Dijo entonces que le dolía el estómago, pero en realidad cursaba un embarazo de 19 semanas. Contó que el novio de su abuela la había violado. Madre e hija pidieron la aplicación del artículo legal que, desde 1921, permite la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de menores violadas o cuando hay riesgo para la madre. La ILE podría haberse aplicado en menos de 48 horas, pero distintas agrupaciones feministas denunciaron que la provincia dilató todo lo que pudo la decisión hasta que la salud de la menor hizo inevitable una cesárea.
El secretario de Salud de Tucumán, Gustavo Vigliocco, dijo a medios argentinos que durante el proceso mantuvo “una cercanía con la niña y su madre”. “La niña quiere continuar con su embarazo”, aseguró, “consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”. Sin embargo, la declaración judicial de la menor, difundida por el diario Página 12, contradice al funcionario. Atendida por una psicóloga en el hospital, la víctima fue clara en su deseo de abortar. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo, sin conciencia real de qué era lo que le pasaba a su cuerpo. La niña fue violada por la pareja de su abuela, quien la tenía a su cuidado por orden de un juez. La madre había perdido la tenencia de la menor después de que su propia pareja abusara de sus dos hijas mayores.
El martes por la noche, el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) emitió un comunicado en el que informaba la decisión de interrumpir el embarazo de la niña después de que una jueza actuara a pedido de las organizaciones Abogadas y Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Cladem. Pero el texto del Ministerio fue confuso: cerraba con un pedido para que “se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas”. “La justicia ordenó que se cumpla con el protocolo, pero el Siprosa le agregó esa cita con clara intencionalidad de hacer presión”, dice Florencia Vallino, de Andhes.
La cesárea, finalmente, fue inevitable. “Entré a la habitación y me encontré con una nena jugando con muñecas arriba de la cama”, cuenta Cecilia Ousset, la ginecóloga del sistema privado que intervino a la niña junto con marido, el médico José Gigena. "Me llamaron esa misma mañana pero dije que no porque soy objetora. Decidí acompañar a mi marido que no es objetor, porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con una imagen que nos iba a golpear mucho", explicó la médica al portal de noticias minutouno.com.
Una vez dentro del quirófano, la pareja se encontró con que todo el equipo médico se negaba a participar de la intervención. Constataron además que el estado de salud de la niña, afectada de hipertensión, y las semanas de gestación hacían muy peligroso un aborto. Decidieron entonces practicar una cesárea."Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo esta nena se moría", dijo la médica.
“Señalamos la responsabilidad del sistema, porque vulneró todos los derechos de la niña. Ella ingresó el 29 de enero y no debería haber habido ninguna duda en la aplicación de la ILE. No queremos que esto vuelva a suceder, que se torture de esta manera a otra niña en Tucumán”, dice Vallino.
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