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Francia sienta por fin en el banquillo al emperador de la carne de caballo

El holandés Jan Fasen se ha movido por Europa en los últimos años dejando un rastro de escándalos y fraudes relacionados con los equinos

Registro de la Guardia Civil en 2017 en uno de las salas de despiece de caballos.
Registro de la Guardia Civil en 2017 en uno de las salas de despiece de caballos.
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Johannes Fasen, más conocido como Jan Fasen, entró por fin este lunes en los juzgados junto a su abogado, Jérôme Triomphe. No se había fugado, como algunos insinuaron tras su ausencia hace una semana cuando se inició el juicio contra él. En Francia, Fasen, de 68 años y nacido en Holanda, es uno de los cuatro acusados de haber colado carne de caballo como ternera en productos precocinados, como lasañas y musakas, sin informar en el etiquetado. Este escándalo, que se remonta a 2013, afectó a media Europa –se detectaron productos con trazas de equino en 13 países – e hizo cambiar algunos sistemas de control alimentario de la UE.

Su abogado recuerda que este es el tercer juicio que Fasen afronta. Ya fue condenado en Holanda por hacer pasar en 2009 carne de caballo como ternera halal, los alimentos que cumplen con los requisitos del Islam. Y el de Francia no tiene pinta de ser el último juicio al que tendrá que acudir este empresario, que ha sabido moverse como nadie por la Unión Europea dejando un rastro de negocios fraudulentos, siempre relacionados con la carne de los equinos.

Jan Fasen, a la izquierda, llega al tribunal de París este lunes.
Jan Fasen, a la izquierda, llega al tribunal de París este lunes.SILVIA AYUSO

Fasen está ahora en España en el centro de otra macroperación del Seprona de la Guardia Civil y Europol por la venta ilegal de carne de caballo en la que fueron detenidas 65 personas en 2017, entre empresarios, veterinarios y funcionarios. Desde que fue arrestado en un aeropuerto de Bélgica en abril de 2017 y trasladado a España tiene prohibida la salida del país por orden judicial. Precisamente, un retraso en la tramitación de los permisos para acudir a la vista oral en Francia, explican fuentes judiciales, le impidió acudir al juicio en París y que cundiera la inquietud sobre su paradero.

“Él quiere venir”, decía su abogado en una de las primeras jornadas, cuando Fasen no aparecía. “¡Quiere defenderse! No va a permitir que se lo lleven al matadero como un viejo caballo”, añadía.

Hacia Fasen lanzan el resto de acusados las culpas en el juicio en Francia. Básicamente, la empresa de alimentación que comercializaba los productos precocinados, Spanghero, acusa a Fasen y a su socio de engañarles y venderles gato por liebre. Así lo explicó Jacques Poujol, el ex director general de Spanghero, en las primeras jornadas del juicio. “Él siempre ha dicho que vendió caballo porque Poujol le pidió caballo. Y lo defenderá a capa y espada”, señala a EL PAÍS el abogado de Fasen.

“Ya no le queda nada, no tiene ningún medio económico”, lamenta su abogado en París. Triomphe es un letrado muy conocido –y controvertido– en Francia por defender a católicos fundamentalistas y de extrema derecha. Entre sus casos más famosos está el de los padres –católicos tradicionales– de Vincent Lambert, que se oponen a que se deje morir, como busca su esposa y han recomendado los médicos, a su hijo, que lleva en estado vegetativo desde hace diez años.

En España, sin embargo, la defensa de Fasen en la Audiencia Nacional –donde este caso se ha declarado causa compleja, con lo que la magistrada tendrá más tiempo para la instrucción– la ha asumido una abogada de oficio.

El caso contra el holandés en España va más allá de un fraude en el etiquetado. De hecho, Fasen estuvo en prisión preventiva ocho meses. El entramado que supuestamente lideraba se dedicaba a vender carne de caballo no apta para el consumo humano principalmente en Bélgica e Italia. Lo que hacía la organización, según la investigación, era vender la carne de caballos de recreo, que no pasan los estrictos controles veterinarios de los ejemplares de abasto. La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil –que acusa a la red del holandés de maltrato animal, falsedad documental, blanqueo, organización criminal y delitos contra la salud pública– calcula que logró alrededor de 20 millones de euros.

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