El freno judicial a una eutanasia pasiva reabre en Francia el debate sobre la muerte digna

La muerte en vida de Vincent Lambert debería haber empezado a llegar a su fin el jueves. Era el día señalado por los médicos, tras años de disputas judiciales y de informes de expertos sobre su estado sin posibilidades de mejora, para retirarle la alimentación y la hidratación artificiales que lo mantienen con vida y someterlo a una sedación profunda y continua hasta que falleciera.

Pero una vez más, como en los últimos cinco años, el procedimiento fue retrasado por un recurso de urgencia interpuesto esta misma semana por los padres, que afirman que su hijo responde a ciertos estímulos, frente a los intentos de su esposa de acabar con una situación que tanto ella como una parte de la familia de su marido aseguran que el enfermo nunca habría deseado. El problema es que Lambert nunca dejó por escrito sus deseos, un testamento vital.

La presión en torno a un caso que incluso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo —que en 2015 falló a favor de dejarle morir— es, una vez más, enorme. La semana pasada, la madre de Lambert escribió una carta abierta al presidente francés, Emmanuel Macron, pidiéndole una audiencia para explicarle por qué su hijo ha sido, en su opinión, “condenado a muerte” por los médicos. El miércoles, el papa Francisco se pronunció explícitamente sobre el caso de Lambert, afirmando al término de la audiencia general en la plaza de San Pedro que “el único dueño de la vida es Dios y es nuestro deber hacer todo para protegerla”. También esta semana, 70 profesionales de la salud publicaron una tribuna en el diario conservador Le Figaro denunciando que dejar de alimentar e hidratar a Lambert constituye una “provocación deliberada de la muerte”.

Los que se oponen a la eutanasia pasiva han celebrado la decisión del tribunal de Châlons-en-Champagne como una victoria. Los jueces decidieron que, antes de tomar una decisión “definitiva” sobre el caso, es necesario un nuevo examen independiente para “determinar si el cuadro clínico que presenta Lambert ha evolucionado desde 2014, fecha de las últimas pruebas que realizó el Consejo de Estado”. La mayor instancia judicial administrativa del país dio entonces su visto bueno a aplicarle la eutanasia pasiva al paciente. Los magistrados no tuvieron así en cuenta el criterio del médico de Lambert, Vincent Sánchez. Este decidió retirarle la alimentación e hidratación al final del cuarto estudio en cinco años realizado por un grupo de expertos, que constataron una vez más el “carácter incurable de las lesiones” del paciente, la “alteración del estado general de salud” de este y su “total dependencia de la alimentación e hidratación” artificiales, según su abogado.

Casi diez años después de la tragedia, el caso Lambert sigue sacudiendo las conciencias de Francia. En septiembre de 2008, Lambert, un enfermero de entonces 31 años, ingresó en un hospital de Reims, tras sufrir un accidente de tráfico que lo dejó tetrapléjico y en estado vegetativo. Tres años más tarde, después de varias pruebas en Bélgica, los especialistas llegaron a la conclusión de que estaba en un estado de “consciencia mínimo” y que no había esperanzas de que mejorara. La batalla judicial comenzó hace cinco años, cuando los padres de Lambert, recurrieron y lograron frenar la decisión tomada por la esposa de este, Rachel, y los médicos —sin consultarles— de retirarle la alimentación y la hidratación.

El pulso judicial ha implicado no solo a las más altas instituciones de Francia, como es el Consejo de Estado, sino de Europa, con el tribunal de Estrasburgo. A pesar de que ambos han fallado a favor de la eutanasia pasiva en el caso de Lambert, y que la esposa de este tiene su custodia legal desde 2016, los padres han conseguido una y otra vez frenar el proceso.