El Consejo de Estado francés apoya dejar de alimentar a un enfermo vegetativo

El Consejo de Estado francés, la mayor instancia judicial administrativa del país, se ha pronunciado a favor de la eutanasia pasiva de Vicent Lambert, un tetrapléjico de 38 años en estado vegetativo crónico. Los 17 magistrados anulan un fallo judicial anterior, que se oponía a la decisión de los médicos de dejar de alimentar artificialmente al paciente. La decisión reaviva el debate en torno a la eutanasia, pendiente de una nueva legislación prometida por el presidente, François Hollande, durante la campaña electoral de 2012.

El caso Lambert lleva año y medio ante los tribunales, debido a una disputa familiar entre los padres del afectado, que quieren mantenerle con vida, y su esposa y algunos de los hermanos, que piden dejarle morir con el argumento de que esa sería su voluntad. Los padres han recurrido ya la decisión del Consejo de Estado francés ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene tres días para decidir si dicta medidas provisionales que impidan el cese de la alimentación e hidratación al enfermo hasta que falle sobre el fondo de la cuestión.

Los jueces franceses se amparan en la legislación vigente, la Ley Leonetti de 2005, que proscribe el ensañamiento teraupéutico y autoriza el cese de los cuidados que mantengan de forma artificial con vida a un paciente en contra de su voluntad.

En ese sentido, destacan en su resolución “la voluntad expresada por Lambert antes de su accidente de no ser mantenido artificialmente si se encontrara en estado de gran dependencia”. Se basan también en el informe médico encargado a tres expertos por el propio Consejo el pasado mes de febrero, que llegó a la conclusión de que Lambert sufría una “degradación del estado de consciencia que corresponde ahora a un estado vegetativo, de carácter irreversible de lesiones cerebrales”. Un informe anterior indicaba que se encontraba en estado de “consciencia mínima”.

Después de año y medio de batalla judicial, la decisión de la mayor autoridad jurídica del país era muy esperada. Pero el Consejo ha querido dejar claro que “la decisión se aplica exclusivamente al caso de Vincent Lambert” siguiendo el conjunto de los elementos, incluida la voluntad expresada anteriormente por el paciente. Los magistrados resaltan que la circunstancia de que una persona esté "en estado irreversible de inconsciencia o de pérdida de autonomía" no es en sí mismo suficiente para justificar el cese del tratamiento y considerar que mantenerlo sería una "obstinación no razonable”. “Cada caso particular debe ser sometido a una apreciación individual”, advierten.

Vincent Lambert, de 38 años y enfermero de profesión, sufrió un accidente de moto en septiembre de 2008 y se encuentra desde entonces inconsciente. No dejó por escrito su voluntad en caso de verse incapacitado, pero tanto su esposa como parte de su familiares aseguran que la había manifestado claramente en varias ocasiones.

De acuerdo con la legislación vigente y siguiendo el protocolo previsto, el equipo médico del centro Hospitalario Universitario de Reims en el que se encuentra ingresado, decidió dejar de alimentarle e hidratarle, tal y como lo reclamaban su esposa, Rachel, y otros siete miembros de su familia. Los padres, católicos tradicionalistas y opuestos a la eutanasia pasiva, una hermana y hermanastro de Lambert habían logrado que un tribunal frenara la decisión.

Los familiares opuestos al fallo ya han recurrido al Tribunal Europea de Derechos Humanos, al que piden medidas cautelares urgentes para evitar la aplicación del fallo. Este debe pronunciarse antes de finales de la semana. En caso de aprobarlas, obligaría al equipo médico a seguir con la alimentación del paciente hasta que se resuelva el juicio, un proceso que puede durar hasta tres años. “Si recurren sería una catástrofe”, reaccionó François Lambert, sobrino de Vincent y uno de los más activos en el combate por poner fin a su situación. “Llevamos ya 18 meses obstinándonos contra una persona, es una suerte de sadismo”, indicó al conocerse el fallo del Consejo de Estado.

El caso ha reabierto el debate sobre la eutanasia en Francia, donde el primer ministro, Manuel Valls, ha encargado un informe parlamentario que debe ser entregado antes de diciembre. El Ejecutivo prepara una nueva legislación para antes de que acabe el año.