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Las conexiones con el ‘caso máster’ de González-Trevijano

El magistrado del Constitucional asesoró al Instituto de Derecho Público, investigó allí y dejó que fuese por libre. Desde 2005 nadie controló el centro

González-Trevijano en una toma de posesión en el Tribunal Constitucional, en marzo de 2014.
González-Trevijano en una toma de posesión en el Tribunal Constitucional, en marzo de 2014.

Al magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (2002-2013), le une una estrecha relación con el Instituto de Derecho Público (2002-2018), el centro que ha sepultado las carreras políticas de Cristina Cifuentes y de la exministra Carmen Montón y que puede sentar en el banquillo al líder del PP Pablo Casado.

Desde los inicios del Instituto de Derecho Público (IDP) González-Trevijano está en su comité asesor; dirigió en 2003 un equipo de investigación sobre la influencia del constitucionalismo en la historia constitucional europea; impartió entre 2002 y 2007 cursos de doctorado (La inviolabilidad del domicilio y Los derechos de participación) y viajó en 2004 a actos en Valencia o Canarias. Una placa en la puerta recuerda que aún mantiene un despacho en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), vecino a la exsede del IDP.

El IDP, ahora cerrado, se creó con el rector Enrique Otero en 2001 pero se puso en marcha en 2002 con González-Trevijano. Desde el principio su director, Enrique Álvarez Conde, considerado por la juez instructora del caso máster como el “urdidor de una trama de favores”, reclamó “una cuenta corriente de ingresos y gastos, que no haga necesaria la siempre engorrosa y burocrática generación de crédito”. La logró en 2005 cuando la Comunidad de Madrid aprobó el IDP. Entonces Álvarez Conde  abrió un Código de identificación Fiscal (CIF), dos cuentas y comenzó a extender su red de títulos variopintos.

La pesadilla del consejero de Educación

En mayo de 2015 Cristina Cifuentes ganó las elecciones autonómicas en Madrid y las quinielas periodísticas situaron al catedrático Federico Morán, que había dejado el cargo de secretario de Universidades, como consejero de Educación. Pero, en un giro inesperado, Cifuentes, colocó en el puesto a Rafael van Grieken, un exvicerrector de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos y en ese momento director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos ven detrás de esta decisión la mano de Pedro González-Trevijano, amigo de Cifuentes.

Van Grieken ha visto cómo el Instituto de Derecho Público que no llegó a vigilar sepulta a su jefa Cifuentes y a una ministra socialista y ha sido reprobado por la Asamblea.

La URJC entiende que, aunque en la memoria del curso Álvarez Conde se felicita por la “autonomía presupuestaria, financiera y organizativa” conseguida en 2005 en una junta del Consejo de Gobierno, el centro no tenía, como alardeaba, una identidad jurídica propia porque el campus nunca validó su reglamento interno. Sin embargo, a petición del IDP, la Consejería de Educación emitió en 2006 una carta, que ha visto este periódico, en la que reconoce su personalidad jurídica, permitiéndole así pedir fondos.

En esa junta el vicerrector de Investigación, Rafael van Grieken, según relatan altos cargos de la URJC, intentó convencer a González-Trevijano de la necesidad de controlar el IDP, cuyos proyectos no pasaban por las manos de su departamento. No lo consiguió. Van Grieken, que reconoce su distanciamiento de Álvarez Conde, declina opinar en este diario.

En 1999 los juristas querían ser los primeros en lograr una cátedra de Derecho Constitucional en la URJC. Álvarez Conde contaba con mejor currículum: era catedrático en la Universidad de Valencia desde 1987, autor de un exitoso manual de Constitucional y director general del Instituto Nacional de la Administración Pública con el PP. Pero González-Trevijano, catedrático de la Universidad de Extremadura desde 1998, contaba con el apoyo del consejero de Educación Gustavo Villapalos (PP) que gestionaba la URJC.

Álvarez Conde se retiró de la terna y pasó al tribunal. Altos cargos atribuyen esta decisión a la mediación de Villapalos y Rogelio Pérez Bustamante, que era decano de Ciencias Jurídicas. Este lo niega: “Yo no tenía fuerza en Derecho Político. Creo recordar que Trevijano tenía un perfil más académico y más prestigio humano”.

El opositor de la casa venció a cinco catedráticos que querían instalarse en Madrid, entre ellos el luego magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps. Todos en bloque impugnaron el resultado, convencidos de que González-Trevijano recababa menores méritos que ellos. El asunto no prosperó. En octubre de 1999, apenas mes y medio después de esta oposición, Álvarez Conde se convirtió en el segundo catedrático de Constitucional.

Altos cargos de la institución opinan que González-Trevijano no olvidó la deferencia del constitucionalista y eso explica la manga ancha. Pero también hay fuentes que apuntan el “miedo” que despertaba Álvarez Conde, alguien “poco grato y malencarado” con suficientes contactos en las alturas “para liártela en cualquier momento”. Una china para alguien que quería llegar a ser magistrado con el apoyo del PP.

Este diario el viernes llamó al teléfono de González-Trevijano pero contestó a través de un portavoz de prensa del alto tribunal. Considera que “para esta cuestión hay una serie de personas en activo en la universidad que pueden explicar el asunto” y no él que es “magistrado”.

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