Doble responsabilidad

La ya exministra de Sanidad, Carmen Montón, ha tomado la única decisión posible: presentar su dimisión como consecuencia de las irregularidades en su máster y tras haberse revelado que había copiado gran parte de su trabajo final. Su renuncia era inevitable porque, si bien podía alegar que desconocía las trampas que se habían cometido para obtener su título, el tosco copia y pega con el que elaboró su trabajo, que incluye tesis doctorales e incluso fragmentos de Wikipedia, resulta injustificable y, sobre todo, no podía eludir su papel en el plagio. El nivel de exigencia de responsabilidades en política es y debe ser muy alto, y no basta demostrar que se es una gestora eficaz, como ocurría con Carmen Montón, que en 100 dias de gobierno impulsó una medida tan importante como la la recuperación de la sanidad universal

Por encima de la justificada dimisión de Montón, existe una responsabilidad inexorable: la de los gestores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), presentes y pasados, porque permitieron que creciese sin ningún control el cerrado Instituto de Derecho Público, un pozo de corrupción investigado por la justicia, que se ha convertido en un grave problema para la imagen de este centro de enseñanza, para sus 2.000 trabajadores y sus 45.000 alumnos, que han visto cómo se devaluaba el valor de sus títulos. Fallaron las inspecciones internas y externas y no solo en el terreno académico, ya que la justicia está investigando desviaciones de fondos del responsable del Instituto, Enrique Álvarez Conde.

La universidad pública ha sido uno de los principales ascensores sociales en España porque garantiza la igualdad de oportunidades. No ha ocurrido eso ni con Cristina Cifuentes, que se vio obligada a dimitir, ni con Pablo Casado, cuyo caso ha sido trasladado al Supremo, ni con Carmen Montón. Estos escándalos, además, no han sido revelados por la universidad como consecuencia de sus controles internos, sino por los medios.

El Instituto de marras estuvo abierto 15 años durante los mandatos de tres rectores diferentes —Pedro José González-Trevijano, actualmente magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP; Fernando Suárez, afectado por un escándalo de plagio de sus propios trabajos académicos, y Javier Ramos desde 2017—. Los tres concedieron una autonomía total a un centro de enseñanza adscrito a su universidad, que regalaba títulos a algunos privilegiados, "con una posición relevante en el ámbito político o institucional", como ha escrito la magistrada que investiga el caso en su exposición al Tribunal Supremo. La justicia se pronunciará, pero eso no va a solucionar los problemas de la URJC. No existe un caso Montón, Casado o Cifuentes. Existe un caso Universidad Rey Juan Carlos.