El cerebro del ‘caso máster’ se pagaba a sí mismo con las cuentas del instituto adscrito a la Rey Juan Carlos

El rastro conduce, por ejemplo, hasta la pescadería Hermanos Abad y la carnicería Alberto, dos negocios del madrileño barrio de Arapiles y muy próximos al domicilio de Álvarez Conde. Allí, en la Nochebuena de 2016, fuera por tanto del periodo lectivo, se cargaron en la tarjeta del instituto —que solo tenía como titular al catedrático— dos compras de 150 y 89 euros, respectivamente. Álvarez Conde, a quien la juez del caso máster, Carmen Rodríguez-Medel, calificó como el gran "urdidor" de la trama, manejaba sin control externo las cuentas del IDP y también toda su actividad docente.

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En los apuntes bancarios del instituto se acumulan numerosos extractos de compras en supermercados, gasolineras e, incluso, de 9,99 euros en Spotify. Hay cargos en cafeterías y restaurantes. Muchos, en plenas vacaciones: en el mesón Cándido, por ejemplo, se abonaron 227,46 euros el 27 de diciembre de 2016; también se pagó una comida en el mesón El Granaíno, de Elche (Alicante) —la pareja de Álvarez Conde, Rosario Tur, es catedrática de Derecho en la universidad de esa ciudad—. Todo ello ha levantado las sospechas de la URJC, que ha denunciado la gestión del instituto.

Álvarez Conde es catedrático con seis sexenios de investigación reconocidos y, según fuentes universitarias, tenía dedicación exclusiva, por lo que no podía percibir ingresos más allá de los derechos de autor de los libros que tiene publicados o las conferencias que pudiera dar. No podía tener empleo privado ni un segundo empleo público porque no había solicitado la compatibilidad. De percibir algún extra por dirigir un instituto universitario —igual que lo cobra un decano o un rector o un vicerrector— debería haberlo cobrado como complemento por cargo académico en su nómina de la universidad, aseguran fuentes jurídicas.

En el caso de que Álvarez Conde, que no quiso hablar con este diario, alegue que los pagos del instituto corresponden a conferencias, se toparía con la Ley de Procedimiento Administrativo, que impide que, como funcionario, pudiera contratarse ni pagarse a sí mismo. A preguntas de EL PAÍS, la universidad aseguró que la normativa no obligaba a Álvarez Conde a pedir la compatibilidad e insistió en que esos pagos están denunciados en el juzgado por "irregularidades".

Ni presupuestos ni contabilidad

El Instituto de Derecho Público (IDP) tenía su propio CIF. Era, por tanto, una empresa distinta de la Universidad Rey Juan Carlos. Aunque la URJC asegura en su denuncia que nunca se aprobó que tuviera esta personalidad jurídica propia. Pese a ello, funcionaba como un ente independiente y de forma absolutamente opaca: establecía acuerdos con academias de manera autónoma y contrataba a los profesores sin mediar concurso previo. Nunca rindió cuentas de sus ingresos y gastos hasta que estalló el escándalo del máster de Cristina Cifuentes. Según sus administrativas, no tenía ni presupuestos ni contabilidad

Las cuentas del instituto —las que el rectorado ha podido recuperar— están ahora en un juzgado de instrucción de Madrid, que ha imputado a Álvarez Conde por malversación después de una denuncia de la universidad. En ellas se revela que el IDP tenía dos cuentas bancarias, que la única persona autorizada en ambas era Álvarez Conde, que había fijado su domicilio particular para las notificaciones del banco y no la sede de dicho órgano universitario. Y, también, que movía mucho dinero: a 31 de diciembre de 2017, el saldo en una de esas cuentas superaba los 250.000 euros—habían entrado casi 440.000 euros y habían salido 343.000 en solo ese ejercicio—.

El análisis de los ingresos y gastos de esas dos cuentas —una en el Banco Santander y otra en Mediolanum— ha permitido al profesor Pablo Acosta, responsable actual y provisional de lo que queda del instituto, denunciar ante la fiscalía lo que considera "graves irregularidades, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de delito".

Pagos a familiares

Una de las irregularidades que aparece en esa denuncia es una batería de transferencias a personas "que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad en el instituto por razones de parentesco". Los hijos Álvarez Conde constan entre los destinatarios del dinero movido desde las cuentas del Instituto de Derecho Público, pese a que no consta que ninguno de los dos dé clases de Derecho o tenga alguna relación laboral con el centro. La hija del catedrático, A. A. C., que no es abogada sino ingeniera de materiales, cobró en concepto de "colaboración" más de 20.000 euros en varias entregas. El hijo, E. A. C., que sí es letrado aunque no consta que esté contratado por la universidad, recibió dos transferencias que suman 5.000 euros, según los extractos bancarios aportados a la causa. También aparecen pagos a la pareja de la hija y al hermano de su pareja.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado número 51, mantiene en su instrucción del caso máster que Álvarez Conde construyó un "sistema de prebendas consistente en regalar títulos académicos". El juzgado que investiga la presunta malversación, el 34, trató de inhibirse en el 51 al considerar que todos los delitos estaban relacionados. Pero la juez lo rechazó en agosto, alegando que de juntar los procedimientos resultaría una "macrocausa de imposible instrucción ágil y de muy difícil (o imposible) enjuiciamiento conjunto".

Movimientos no justificados

La denuncia presentada por Acosta en la fiscalía asegura también que "existen numerosos movimientos de dinero no justificados o explicados bajo conceptos difícilmente relacionados con un centro de formación vinculado a una universidad pública". Y pone algunos ejemplos, como un "préstamo" de 2.000 euros a favor de Cecilia Rosado o una compra de 1.025 euros con la tarjeta asociada a la cuenta con el registro "compra en hotel de Londres e Inglat [sic]".

Acosta declaró ante la Policía que el 4 de mayo de 2018 fue a la sucursal del banco en el campus para hacerse cargo de las cuentas del instituto y que el director le advirtió de que había más de 500.000 euros en saldo y muchos movimientos, especialmente desde julio del año anterior. Figuraba también una transferencia de 100.000 euros al banco Mediolanum. En este banco, según su relato, un gestor llamado J. M. C. le iba dando "excusas" para no acceder a las cuentas.

El nombre del gestor coincidía con el de uno de los destinatarios de dos transferencias desde la cuenta del Santander. Y había otra a nombre de A. M. C., quien supuso era hermano del anterior, según dijo a la Policía. Sus pesquisas concluyeron que A. M. C. era el yerno de Álvarez Conde y, por tanto, J. M. C. era su hermano.

Otra de las cosas que, según su declaración, le pareció "muy extraña" fue que parte del dinero estuviera invertido en fondos de riesgo. También que las dos tarjetas asociadas a la cuenta de Mediolanum fueran canceladas el mismo día que se presentó en el banco. Además, con la tarjeta de Mediolanum, Álvarez Conde también sacó miles de euros en efectivo del cajero: el 22 y 23 de febrero de 2018, hizo cinco retiradas de efectivo de 600 euros cada una. Al mes siguiente, el día 18, volvió a sacar dos veces: 1.000 y 600 euros.