El supermercado de títulos del director del máster de Cifuentes
El instituto de Álvarez Conde lleva años asociándose con academias que ofertan cursos completamente ajenos al derecho a cambio de "royalties". Un juez le ha condenado por publicidad engañosa
El abogado ecuatoriano Fabricio Betancourt, de 37 años, llegó a Madrid en 2015 con una dirección apuntada en la libreta: plaza de Mostenses, 13. Allí le esperaba la universidad pública española en la que iba a cursar un máster oficial en marketing político, la especialidad con la que quería redondear su currículum. "Lo primero que pensé al llegar fue: que no sea ese edificio viejo, que no sea aquí". Sí era allí, sí. La Universidad Rey Juan Carlos, que en las fotos del folleto promocional parecía contar con un diáfano y moderno campus a las afueras, se había transformado en un piso en la sexta planta de un desvencijado edificio de oficinas en la parte trasera de la Gran Vía madrileña.
¿Cómo podía ser? Resultó que su máster oficial no era tal, sino un "título propio" que ofrecía una academia privada, Vonselma International, en colaboración con el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo del máster bajo sospecha de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Las lecciones se daban "en un piso de 100 metros cuadrados" donde había "tres empresas, una asociación y una única sala de reuniones" que se reconvertía en aula cuando tocaba dar clase, relata Betancourt. Cuando vio el panorama, el abogado decidió salir de allí pitando y buscarse otro máster en Barcelona. Ya había pagado 4.000 euros, la mitad de la matrícula.
En mayo pasado la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Vonselma y al IDP, el instituto del que también depende el máster que supuestamente hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a devolver a Betancourt esos 4.000 euros más intereses por publicidad engañosa. Ni el máster era oficial, ni constaba de 600 horas (tras pagar le mandaron un horario en el que resultaron ser 320) ni las clases se daban en las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos. En la web del máster todavía están las fotos del moderno campus en el que no se cursa.
El instituto universitario IDP, dirigido desde su creación y hasta hace unos días —la universidad lo suspendió de funciones el pasado día 13— por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, lleva años estableciendo acuerdos con academias privadas. Eso es legal y lo hacen otros institutos pero en muchas ocasiones —caso del IDP— las ofertas son de cursos de formación profesional que nada tienen que ver con la materia original, en este caso el Derecho. Estas empresas captan alumnos gracias al prestigio de una universidad pública y a cambio pagan al instituto de Álvarez Conde un cánon --o "royalty", según la expresión de un trabajador de Vonselma-- por cada matrícula.
¿Cuántos acuerdos de este tipo se han firmado desde la creación del IDP en 2001? ¿Y cuánto dinero ha ingresado con ellos? Son preguntas que ni la propia universidad de la que depende el IDP puede responder. Hasta tal punto es opaca la actividad económica del instituto de Álvarez Conde que nunca ha presentado sus ingresos y gastos a la URJC. El rectorado ha tenido que pedirle las cuentas tras el escándalo del máster de Cifuentes.Tampoco las había enviado nunca a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ni ha sido fiscalizado por la Cámara de Cuentas. El instituto tiene su propio CIF (es una empresa), firma acuerdos de manera autónoma y contrata a los profesores que quiere, sin concurso público.
Fuentes del IDP aseguran que el instituto fue un premio a Álvarez Conde tras amagar con postularse a rector y enfrentarse a Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Constitucional nombrado por el PP, pese a que Trevijano no llegó al rectorado hasta seis meses después de que se creara el instituto.
La falta de control ha permitido que en estos años el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos se haya estado usando para atraer alumnos a cursos que nada tienen que ver con el derecho, pero que reciben diplomas otorgados por el IDP. La academia Megafor Security, con sede en Albatera (Alicante), es una de ellas. Cursos como "funciones del jefe de seguridad" o "perito en seguridad privada en la especialidad de seguridad electrónica" están avalados por el instituto universitario, el mismo que presume en su web de desarrollar "una importantísima labor docente e investigadora".
El responsable de Megafor, Ángel Santa, evitó responder a las preguntas de EL PAÍS sobre el convenio económico que mantiene con el IDP y únicamente afirmó a través del correo electrónico que "existe un acuerdo, riguroso, formal y bien ejecutado". Añadió que no entiende "nada de la polémica surgida".
Tampoco en la academia Logoss, en Jaén, especializada en formación sanitaria, han querido dar detalles sobre el acuerdo económico con el instituto de Álvarez Conde. Lo único que admiten es que firmaron un convenio con el IDP en octubre de 2017. "Dada la situación en este momento nos estamos planteando la citada colaboración", añaden.
Mientras tanto, su página web ofrece decenas de cursos de formación sanitaria con este reclamo: "Títulos propios expedidos por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos". Cursos de enfermería que van de los 495 euros (tres meses de formación) hasta los 1.100 euros que cuesta un "máster" de nueve meses. Los hay de enfermería en unidades de cuidados paliativos, en gerontología, en patología vascular... A la pregunta de por qué da títulos sanitarios un instituto de derecho público, Logoss no responde. Tampoco la universidad, ni Álvarez Conde, que no ha atendido a este diario.
Las titulaciones avaladas por el IDP en Logoss están en plena matrícula. Hay ofertas y descuentos, cheques regalo y obsequios promocionales. Por apuntarse a un máster de 1.100 euros se obtiene de regalo un set de maletas y unos auriculares inalámbricos. Por dos cursos de especialista (750 horas), hay un descuento del 30%. “Haz tu matrícula ya”, se lee en los folletos bajo la imagen de una mujer sonriente con uniforme sanitario y fonendo al cuello.
La academia incluso muestra en sus folletos cómo son los diplomas que se consiguen tras aprobar (para superar un máster hay que aprobar el 50% de las preguntas tipo test y presentar una tesina). En la parte de arriba está el logo y el nombre de la Universidad Rey Juan Carlos. En el modelo de "cuidados críticos para enfermería" también aparece el logo del IDP. Lo firma el que hasta hace unos días era su director.
"No quise que quedara impune"
Francisco Betancourt ha podido ganar su pleito en la Audiencia de Madrid gracias a que conserva toda la documentación con la que le atrajeron a cursar el Máster en gobernanza, marketing político y comunicación estratégica. El director del máster era Fernando Herrero-Nieto, a su vez administrador único de Vonselma. El título lo ofrecía el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos “en colaboración con Vonselma”, aunque en realidad era esta última empresa la que lo gestionaba. El título estaba “reconocido como máster oficial” por la Asociación Española de Marketing Político y Electoral (Asesmap), entidad que preside, una vez más, el propio Herrero-Nieto, que no quiso responder a EL PAÍS.
Vonselma firmó un acuerdo en 2015 con Nuevas Generaciones del PP para ayudar “en la formación de las futuras generaciones de líderes políticos”. Ofrecía condiciones especiales de financiación y becas. A Betancourt también le dieron una “beca”: supuestamente el máster costaba 16.000 euros y se lo dejaron en 8.000.
Fabricio Betancourt demandó a Vonselma y al IDP "para que no quedasen en la impunidad y sentar un precedente que advierta a futuros estudiantes de postgrado", según relata a EL PAÍS desde Ecuador. "Lastimosamente esto pasa a muchos estudiantes que al final se ven forzados a estudiar en un lugar que no fue el ofrecido, vuelven a su país y quedan endeudados", añade. En su caso, no quiso cursar el título de Vonselma y se matriculó en otro, pese a las "continuas amenazas del director del máster" que, añade, le "denunció a migración", llamó a la universidad de Barcelona para que no le aceptaran y no le devolvió los 4.000 euros que había adelantado.
La sede de Vonselma es un piso en la sexta planta de un edificio de oficinas del centro de Madrid. En la puerta, el cartel anuncia la academia y pero también incluye los logos del IDP y de la Universidad Rey Juan Carlos. Abre la puerta un trabajador, que asegura que Herrero-Nieto no está y que él no está autorizado a hablar del acuerdo que mantiene Vonselma con el IDP. Sí dice que hay unos "royalties" que pagan por usar el nombre de la universidad, pero rehúsa decir a cuánto ascienden. "Eso que se dice de que es un 40% es imposible, ninguna empresa sobreviviría pagando ese porcentaje", añade. Desde la puerta --el hombre no permite visitar las instalaciones-- se ve una sala con una mesa y sillas, paredes con gotelé y alguna mancha de humedad. Vonselma ha recurrido al Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial que la condena, junto con el IDP, por publicidad engañosa.
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