Cerrojazo al centro que aprobó a Cifuentes y Casado

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, se ha propuesto sepultar la fuente original de todas sus desdichas: el Instituto de Derecho Público (IDP). El centro, que lleva 15 años de andadura, está en el foco de la crítica desde que hace cuatro meses se cuestionó el máster de Cristina Cifuentes. Al ruido mediático se sumó pronto el posgrado de Casado de 2009 y, aunque la presidenta de Madrid dimitió en abril, la tensión en la URJC no ha dejado de crecer. Más en torno al instituto, cerrado a cal y canto desde hace semanas, con sus tres administrativas despedidas y con tres de sus máximos responsables —el director Enrique Álvarez Conde y las profesoras Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado— investigados (antigua figura de imputados) por la presunta falsificación del acta del trabajo de fin de máster de Cifuentes. Hay otros 11 imputados.

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Desde marzo los compañeros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales solo se han cruzado con Rosado, que también se ausentó con una baja médica y que se acaba de reincorporar. A la profesora Clara Souto, que no reconoció como suya la firma en el acta y no está imputada, tampoco se la ve. La universidad se divide en cinco campus dispersos por los municipios del sur de Madrid y sus docentes peregrinan de uno a otro para impartir clase. Según el profesorado, eso explica, que sea tan complicado encontrar a uno de ellos en su despacho en Vicálvaro. Pero el pasillo del IDP está especialmente solitario. Unos trípticos informativos de ediciones pasadas de sus másteres pegados junto a la puerta recuerdan que en un tiempo allí hubo vida.

A finales de mayo, Ramos presentó una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por un presunto delito de malversación en la gestión económica del instituto al detectar “graves irregularidades económicas”.

Desde hace unas tres semanas, calculan otros docentes de la planta, el instituto está cerrado. Antes podían entrar al centro con una llave electrónica, hoy bloqueada, sus administrativas y los profesores citados. Hoy se accede solo con motivo justificado y en presencia de un bedel. “Ramos ha decidido hacer una limpia en el IDP. Que no quede nada del pasado y el presente”, señala un profesor que pide anonimato. Esta supuesta limpia incluye el despido de las tres administrativas, con estudios medios y edades comprendidas entre los 28 y los 57 años. Ninguna trabajaba en el organismo los años en los que los políticos del PP cursaron el máster y no son funcionarias.

El pasado 6 de junio las empleadas recibieron un certificado de extinción del contrato de trabajo al que ha accedido este diario. El propio rector firmó la carta —habitualmente la tramita el gerente— en la que se escindía la relación laboral el 30 de junio. “El IDP no tenía potestad para realizar esos contratos. La universidad ahora no puede asumir los que no cumplan los requisitos y procedimientos propios de las empresas públicas”, explica el gabinete de prensa de la URJC. Sin embargo, los motivos esgrimidos en las cartas de despido son dispares. En un caso aluden a esta falta de potestad del organismo, pero en otra arguyen la “no superación del período de prueba” y en la tercera se argumenta que era un contrato por obra y servicio (“cotejación de expedientes académicos”) ya acabado.

Las administrativas han pasado cuatro meses agónicos. Eran las únicas que daban la cara ante la prensa en un instituto en desbandada. Una de las mujeres, incluso, sufrió una crisis de ansiedad. El rector apartó en abril de la dirección del IDP a Álvarez Conde —no puede cesarle— y ocupa el puesto en funciones el profesor Pablo Acosta. Este, como las administrativas, ha tenido que firmar una cláusula de confidencialidad. “Eso es propio de las universidades privadas americanas y Ramos, que estuvo allí, lo copia”, sostiene un docente. “Pero ese papel sobra. El Estatuto Básico del Empleo Público obliga a actuar con arreglo al principio de confidencialidad y la ley tipifica como delito la revelación de secretos”.