Dimiten en bloque los responsables de los másteres de la Rey Juan Carlos

José María Álvarez Monzoncillo no era el vicerrector de Posgrado cuando se produjeron las convalidaciones de ambos políticos del PP. Ocupaba el puesto Pilar Laguna, luego decana de Ciencias Jurídicas. La entrega de actas y papeles ha creado fricciones entre el vicerrectorado y el rectorado estas semanas y ha desencadenado las tres dimisiones. Carlos María Alcover, que era el director de la Escuela de Másteres Oficiales y fue Defensor Universitario, ya ha registrado su dimisión. Guillermo de Haro, coordinador de Posgrados Internacionales, y Marina Santín, secretaria académica y profesora de Comunicación, han notificado que dejan el puesto pero aún no la han registrado formalmente.

Este jueves, horas después de que EL PAÍS publicase la noticia, ha presentado su dimisión un cuarto cargo: Camilo Prado, coordinador del programa de Títulos Propios externos. 

Álvarez Monzoncillo no quiso comentar a este diario el martes su destitución —también fue cesada la vicerrectora de Calidad, María Luz Martín Peña—, pero insistió en la valía de su equipo: “Lo mejor de lo mejor”, dijo. En su entorno veían en él un contrapeso al rector.

La URJC emitió el 11 de junio un informe en el que comunicaba a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga los posgrados de ambos políticos, que la URJC no tenía constancia de que Casado hubiese solicitado convalidar asignaturas de Derecho para no cursar un contenido similar en el máster en Derecho Autonómico. Tras conocerse la noticia, Casado mostró el 20 de junio en Twitter su solicitud de convalidaciones. Escribió en la Red: “Casualmente vuelven los ataques cuando presento mi candidatura al Congreso del PP. Para volver a aclarar cualquier duda sobre mi curso de doctorado, muestro otra vez la solicitud y concesión de convalidaciones y la normativa que demuestra que hice todo correctamente. #JuegoLimpio”.

Dos días después del tuit de Casado, el 22 de junio, la universidad comunicaba a la juez Rodríguez-Medel que había localizado información “adicional en los archivos propios” del Instituto de Derecho Público (IDP) que permitía “completar” el expediente del político popular.

La juez requirió entonces a la universidad, en una providencia a la que tuvo acceso eldiario.es, que en el plazo de siete días presentase un escrito “ratificando o en su caso rectificando el escrito en el que la URJC ponía de manifiesto que no había constancia de quiénes conformaban la comisión de adaptaciones y convalidaciones de la Universidad”. La magistrada reclamó también saber “si existe o no acta de la reunión de la citada comisión de fecha 3 de febrero de 2009 por la que se procedió a la convalidación del señor Casado”.

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Cuando Casado (2008-2009) y Cifuentes (2011-2012) cursaron el máster de Derecho Autonómico, la documentación se almacenaba en las secretarías de las facultades o una oficina ad hoc y finalmente se creó la Escuela de Másteres —cuyo director dimitió ayer—, por lo que hay dispersión de documentación. Álvarez Monzoncillo no está capacitado para explicar a la magistrada cómo se aplicaba el sistema de convalidaciones entonces, pues ocupaba otro puesto. Será Pilar Laguna, su antecesora, quien tendrá que ir a declarar al juzgado.

El distanciamiento de Álvarez Monzoncillo de Ramos, que ha provocado las dimisiones en cadena, no se circunscribe a la última semana. El 21 de marzo el catedrático de Comunicación Audiovisual no se mostró partidario de la estrategia que desplegó Ramos en su primera rueda de prensa del caso Cifuentes, cuando atribuyó a problemas técnicos lo que denominó “error” en las actas. Y mostró su descontento ante la gestión al día siguiente, cuando optó por no colocarse detrás del rector —como el resto del equipo gestor— en la rueda de prensa en la que este comunicó la apertura de una información reservada.

La tensión dentro de la universidad no ha dejado de crecer desde marzo, pues los escándalos no cesan. Al caso Cifuentes, se sumó enseguida la polémica por el posgrado de Casado y después el negocio aeronáutico que el rector ideó con seis socios en el campus de Fuenlabrada. La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias para investigar el hangar público tras recibir una denuncia del grupo Podemos en la Asamblea de Madrid. Este partido cree que el Ramos puede haber “cometido un delito de cohecho en concurso, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario público, malversación y violación de secretos”.