El cese del director del instituto que aprobó a Cifuentes desata dudas legales

El nombramiento en Consejo de Gobierno en la mañana de hoy martes de Pablo Acosta como nuevo director del Instituto de Derecho Público (IDP), un centro en el ojo del huracán por el caso Cifuentes y con las cuentas más opacas de toda la Universidad Rey Juan Carlos, viene  acompañado de polémica. Son muchos los que plantean dudas legales sobre esta decisión. El anterior responsable, Enrique Álvarez Conde  -apartado de sus funciones tras alterarse las calificaciones del máster de la presidenta regional Cristina Cifuentes- se plantea impugnar la votación por prevaricación y presentar una querella criminal, mientras que Acosta no tiene acreditados los méritos necesarios para el cargo. 

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A este Consejo de Gobierno no han acudido un tercio del medio centenar de personas convocadas, entre decanos, catedráticos, estudiantes o personal de Administración y Servicios. Parte no han ido porque ponen en duda que esta designación de director en funciones sea legal. Álvarez Conde, sostienen, no ha sido condenado por un tribunal -aunque la Fiscalía investigue en estos momentos la posible falsificación de un acta del máster de Cifuentes- y, por tanto, no ha perdido sus derechos civiles y se podía presentar a la reelección como director del IDP. Esa votación tenía que haberse producido el 5 de abril, en pleno escándalo y se pospuso. 

Según fuentes que han acudido al consejo, el rector Ramos ha mostrado un documento jurídico y otro interno del IDP en los que se afirma que no ha habido proceso electoral ni candidatos a director del IPD y, por lo tanto, no hay dudas respecto a la designación de un nuevo responsable. Sin embargo, añaden estas fuentes, Álvarez Conde llegó a celebrar un acto de candidatura. Este diario, estuvo a las puertas de la reunión en la que se pospuso la votación.

Ramos no ha encontrado a ningún catedrático de Derecho dispuesto a ejercer el puesto de director en sustitución del constitucionalista Álvarez Conde,  y ha optado por Acosta, profesor titular de Derecho Administrativo. Una elección polémica porque Acosta cuenta en su currículo con un sexenio y cuatro quinquenios como complementos de productividad,  insuficiente para ejercer de director. El artículo 104 de los estatutos de la universidad obligan a contar con, al menos, dos sexenios para ocupar el puesto de director del IDP. Álvarez Conde, por ejemplo, atesora el máximo plus de productividad: seis sexenios

Acosta es un “profesor doctor” que actuará en funciones hasta que los miembros de IDP dentro de un tiempo elijan un sustituto.  Fuentes universitarias indican que su plan de trabajo consistiría básicamente en hacer limpieza de la entidad mediante una auditoría y mecanismos de transparencia, para poner orden en las cuentas y sacar a la luz posibles irregularidades. Una vez concluida esta tarea, sería el momento de decidir si el instituto se cierra o se mantiene, pero con una refundación desde cero.