La universidad que ahora rehúyen los políticos

El pasado julio Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), sepultó de facto el Instituto de Derecho Público (IDP), el mayor quebradero de cabeza del PP en Madrid: cerró su cuenta, despidió a sus tres administrativas, prohibió el acceso a su documentación y paró su actividad. Por el camino se quedó la expresidenta regional Cristina Cifuentes, que tuvo que dimitir el 25 de abril por supuestas irregularidades en su posgrado en Derecho Público, título dependiente del instituto. Si el Tribunal Supremo no lo impide, Pablo Casado correrá la misma suerte que Cifuentes y será imputado por el mismo posgrado, y el foco se centra ahora en el partido socialista tras la dimisión de  la ministra de Sanidad, Carmen Montón.

Ahora los partidos rehúyen a la URJC. “Lamentablemente tenemos que seguir dedicando muchos esfuerzos y mucho tiempo a aclarar un pasado que no vivimos como gestores. Aun así, sabed que trabajaremos con transparencia y honestidad hasta lograr esclarecer lo ocurrido en esos tiempos”, se lamentó este martes el rector en un deslucido comienzo de curso, porque ni los partidos, ni los altos cargos del Gobierno regional, ni el Consejo Social del campus —que se negó a aprobar las cuentas—, ni el profesorado tienen ganas de alternar con la que está cayendo.

La universidad ha encargado varias auditorías externas, ha nombrado un vicerrector de Ética y Buen Gobierno, y Ramos ha anunciado un reglamento de inspecciones y un código ético. Además, las cuentas del IDP están judicializadas en el marco del caso máster. Aunque la verdadera situación es otra. Sigue sin haber claridad –su portal de transparencia es inservible-; la investigación reservada abierta por el grado de Casado en Economía y Empresariales no ha dado frutos desde el 22 de mayo, y supuestamente a Montón la investigan desde el pasado junio.

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Desde que el IDP se fundó en 2001 ha funcionado con absoluta anarquía y bajo el poder incontestable del catedrático Enrique Álvarez Conde (Matilla de Arzón, Zamora, 1952), un reputado constitucionalista progresista con grandes contactos en el PP –el expresidente valenciano Francisco Camps ha colaborado en libros de IDP-, los sindicatos y la izquierda. Un consejero del IDP asegura que la creación del instituto fue un premio. Un regalo tras amagar con postularse a rector y enfrentarse a Pedro González-Trevijano, magistrado hoy del Constitucional por designación del PP y al frente de la URJC entre 2002 y 2013.

Ningún responsable de la universidad sabía bien qué se cocía en el IDP, un organismo independiente que dependía de esta y de la Comunidad de Madrid. El 25 de mayo Ramos lo  denunció ante los Juzgados de Instrucción por malversación. El órgano "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial. Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", reza el informe que entregó. El dinero, cree la juez Carmen Rodríguez Medel, entraba y salía a discreción del IDP y el rector Ramos puso un ultimátum a Álvarez Conde: o presentaba las cuentas de los últimos años o le suspendía en el cargo. Lo retiró del puesto y un delegado sin suficientes galones para estar al frente, Pablo Acosta, se ha encargado del desmantelamiento.

El IDP, más allá de su opacidad, ha generado mucha actividad investigadora -se publicaba una revista-, organizaba muchos títulos y era capaz de atraer muchas subvenciones de entidades públicas y privadas. El máster cursado por Montón no fue una excepción. Recibió fondos del Instituto de la Mujer, de Comisiones Obreras -su directora Laura Nuño fue representante del sindicato hasta que estalló el caso máster-, de consultoras y ONG relacionadas con la mujer. Con la subida de tasas a los posgrados el máster desapareció, pero otras actividades de ese ámbito han seguido recibiendo dinero. La URJC es una pionera en esta temática, llegó a tener un grado de género único que concluyó con la crisis y su Observatorio de Igualdad de Género, que congrega a 80 investigadores, ha recibido fondos de la Comunidad de Madrid.