El traficante de aves que se convirtió en enemigo público

Los delitos contra el medioambiente esconden un rentable negocio sin fronteras. Al año, estas prácticas ilegales mueven miles de millones. Solo le superan en este negro ranking el tráfico de drogas, las falsificaciones y la trata de personas, según un informe de la ONU y de Interpol. Y dentro de esos delitos, el tráfico de especies ocupa un lugar destacado: mueve cada año entre 7.000 y 23.000 millones de dólares, según el mismo informe.

Son tan rentables que a Ramón G. M., de 57 años, no le ha importado que ya le hayan detenido en aeropuertos de varios países latinoamericanos intentando sacar ilegalmente aves protegidas. O que en España el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil lo haya arrestado dos veces por su presunta implicación en redes de tráfico y venta de animales con las que, según los convenios internacionales, no se puede comerciar. A Ramón G. M. le sale a cuenta volver a intentarlo, aunque sea contratando correos o mulas que esconden en sus maletas decenas de pájaros. La mitad llegan muertos a España por el estrés o asfixiados.

Por todo ello, Ramón G. M., natural de Vitoria y residente en el municipio alavés de Rivabellosa, ha saltado a la categoría de enemigo público para la Interpol, que emitió una “notificación roja” contra él para acelerar su arresto a petición de Perú. En el país latinoamericano tiene abierto un procedimiento judicial por intentar sacar en 2016 varios ejemplares de gallitos de las rocas, un ave en peligro de extinción. “Tez trigueña, ojos medianos, nariz grande, frente amplia...” Así describe a Ramón G. M. la nota de Interpol. En el escrito se explica que Perú lo reclama por haber intentado sacar del país estas valiosas aves dentro de jaulas caseras escondidas en las maletas.

Tras la orden de Interpol, la Unidad Central Operativa (UCO) lo detuvo el pasado 4 de diciembre en su domicilio de Álava. Es la primera vez que se arresta en España a un traficante de animales al que la organización policial ha catalogado con ese código rojo de enemigo público. Tras su detención fue puesto a disposición del juez, que deberá decidir si lo extradita o se le juzga aquí.

Perú no es el único país que ha reclamado actuar contra él. En Venezuela le relacionan con el contrabando de 85 aves de las que sólo sobrevivieron 45 al viaje hasta Madrid. México también le sigue la pista y en diciembre envió a un representante de la Procuraduría General (la Fiscalía) a Madrid para conocer los detalles de su arresto. En España, Ramón G. M., ya ha sido condenado. Y este verano volvió a ser arrestado dentro de la Operación Suzaku, en la que se recuperaron más de 2.000 animales. La Guardia Civil le considera el presunto cabecilla de una red formada por 29 personas que importaba ilegalmente aves de Latinoamérica y África para venderlas en Europa.

Cuando los agentes entraron en la nave que Ramón G. M. tiene en Miranda de Ebro (Burgos) localizaron decenas de aves listas para ser vendidas, explican fuentes de la investigación. En la misma operación cayó en Logroño Diego L. B., que también fue detenido en Perú en 2016 en otra operación al intentar sacar aves exóticas. Fuentes de la dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú explican que estas intervenciones en sus aeropuertos suelen ser habituales. “Utilizan diferentes modalidades, como maletas o cajas”, detallan. Y los animales son detectados en los controles con escáner, como le ocurrió a Ramón y, luego, a su compinche de Logroño.