Reducir la economía sumergida

La economía sumergida es un problema difícil de abordar en todos los países del mundo, pero que tiene consecuencias devastadoras tanto para los individuos, impotentes ante una situación de la que es difícil salir y que en demasiadas ocasiones se perpetúa en sus hijos, como para los Estados, que pierden por esa vía una ingente cantidad de ingresos decisivos para el desarrollo de sus políticas. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela que seis de cada 10 trabajadores operan al margen de la legalidad a nivel mundial, un fenómeno que se agudiza en el caso de las economías emergentes, donde llega a alcanzar el 90% de la mano de obra.

Se trata de una doble carga para los trabajadores en situación de informalidad, no solo porque esa condición les hace más vulnerables frente a hipotéticos problemas de salud o una vez que alcanzan la vejez. En la mayoría de los casos, también se trata de empleos mal pagados, que no les permiten abandonar la pobreza ni facilitar el salto generacional de sus descendientes. Además, la falta de formación adecuada les impide acceder a puestos regulados y mejor pagados y frena tanto la adaptación a las nuevas tecnologías como el aumento de la productividad.

Para salir del círculo vicioso del empleo irregular, el estudio de la OCDE propone, por un lado, reforzar la protección social y la formación para estas personas y, por otro, facilitar el ingreso de esos trabajadores en la economía formal. Los organismos transnacionales tienen capacidad para ayudar a los países a reforzar las estructuras de Estado que hagan posibles esas políticas. Si la reducción del déficit público es una condición habitual para la obtención de financiación, también puede serlo el compromiso de hacer aflorar la economía sumergida.

En este contexto resulta especialmente destacable la reducción en los últimos años de ese tipo de economía en España, donde se han logrado importantes avances. Si durante décadas los expertos daban por buenos los cálculos —con todas las dificultades que conlleva hacer estimaciones sobre una actividad de naturaleza opaca— de que esas actividades económicas se situaban entre el 20% y el 25% del PIB, los datos del Fondo Monetario Internacional de 2019 las situaban ya en el 17,39%. Un año después, y de forma inesperada, la pandemia propició una reducción de esa informalidad, según los expertos más reputados en la materia, por debajo del 15% en la actualidad. Una tendencia que aleja a España del grupo de países de la Unión Europea con mayor porcentaje de economía sumergida: Italia y Grecia.

La pandemia obligó a aflorar mucho empleo informal, ya que solo las empresas y los trabajadores con documentación en regla podían acceder a las ayudas públicas y a los ERTE para paliar los demoledores efectos del parón que la covid-19 impuso a muchas empresas. A su vez, la adopción de medidas de higiene favoreció, en detrimento del dinero en efectivo, el uso de las tarjetas de crédito y débito y los pagos digitales, un cambio que llegó para quedarse. Esa combinación ha permitido en algunos momentos que la recaudación creciera por encima del ritmo al que lo hace la propia economía. Con todo, siguen siendo necesarios los esfuerzos para reducir la informalidad en algunos ámbitos concretos, como la contratación de trabajadores que llegan a España de forma irregular y cuya extrema precariedad les deja expuestos a posibles abusos.