La doble condena de la economía sumergida tras la covid

Shalu-ben trabajaba cosiendo y bordando desde su domicilio en Delhi (India), cuando estalló la pandemia. “Vivimos una situación muy trágica, mi esposo perdió su empleo, yo tampoco podía trabajar y no podía pagar los estudios de mis hijos, el alquiler… fue muy difícil”. Cuenta cómo tras la violenta irrupción de la variante Delta murieron muchas personas a su alrededor y otras fueron incapaces de desplazarse para buscar sustento fuera de la ciudad. “Ahora trabajamos, pero no recibimos el dinero suficiente porque el pago por las entregas ha caído a la mitad. El Gobierno ni nos considera. Pido ayuda para que las tarifas sean respetuosas con lo que hacemos”. Su testimonio, al otro lado de la pantalla y transmitido con un móvil desde una modesta chabola de la capital india, se pudo escuchar hace algunas semanas durante la presentación de la segunda ola del Estudio sobre la crisis de la covid-19 y la economía informal, financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y realizado por la ONG Wiego.

Centrado en 12 ciudades del mundo y en cuatro colectivos (personas que reciclan basura, de trabajo doméstico o a domicilio y vendedores ambulantes), el informe hace un seguimiento desde el arranque de la crisis sanitaria sobre las condiciones de miles de familias que viven de la economía sumergida en el planeta, con unas conclusiones demoledoras, en especial para las mujeres. A mediados de 2021, después de 18 meses de pandemia, los trabajadores informales solo habían recuperado el 64% de sus ingresos previos, unos ingresos que ya eran muy bajos antes de que llegase el Sars-CoV-2. Eso ha impactado en su seguridad alimentaria. Un 29% de los adultos y un 27% de los niños declaraban este pasado verano haber tenido hambre en el último mes. La mayoría, un 57%, dijo haberse saltado comidas o haber reducido la variedad de alimentos para poder lidiar con la caída de ingresos.

Un mal endémico

En la raíz de todo está la economía sumergida, que representa el 60% de todo el empleo mundial, unos 2.000 millones de trabajadores y el 90% del empleo en los países en desarrollo, de acuerdo con las estimaciones de la OIT. A la luz de esos datos, los esfuerzos públicos desplegados durante la pandemia se han repartido de manera tremendamente desigual. Incluso en ciudades del primer mundo, como Nueva York, donde Mohamed Attia, representante de los vendedores ambulantes, recordaba que allí la situación es igualmente dramática. “Aquí hay dos ciudades, una para los ricos y otra para los que no pueden llevar nada a la mesa. El sistema criminaliza a los trabajadores informales. Los vendedores ambulantes, los emigrantes sin papeles… han quedado excluidos de los programas del Gobierno”.

En 2021 solo un 39% de las personas consultadas en el estudio reconoció haber recibido algún tipo de ayuda pública. Michael Rogan, investigador principal, considera que el apoyo de los gobiernos ha sido insuficiente. “Muchas personas contraen cada vez más deudas, vendiendo sus activos o agotando sus ahorros. Solo un 7% de trabajadores de nuestra muestra [formada por 2.300 entrevistas en la primera ola y 1.604 en la segunda] recibieron préstamos públicos”.

Incluso a veces sus condiciones empeoraron. En Delhi y Nueva York las multas a los vendedores ambulantes han crecido. En la India fueron frecuentes las palizas por parte de la policía a quienes abandonaban su casa durante el confinamiento para salir a vender. En Accra, el Gobierno de Ghana desmanteló el vertedero de Kpone, donde la gente se ganaba la vida reciclando sin otro modo de sobrevivir. En cambio, en otros lugares las políticas fueron las contrarias. El gobierno tailandés, por ejemplo, armó un sistema para reembolsar la mitad de los gastos a los consumidores que adquiriesen mercancía a vendedores ambulantes, y después ese esquema se amplió a los servicios de transporte, incluidos los conductores de mototaxis, muy afectados por la caída de turistas. En Pleven (Bulgaria), los trabajadores informales pudieron ocupar espacios cedidos por el Ayuntamiento, y en Lima, tras la primera ola se establecieron estándares de salud y seguridad para que los mercados callejeros volviesen a funcionar.

Pero la tarea de ayudar a una parte de la economía que está oculta y no genera impuestos es muy compleja. Varios estudios de la OIT señalan que es necesario abordar las causas principales, que son múltiples y se relacionan con la incapacidad de las economías para crear empleos de calidad, un marco regulatorio adecuado o un sector público transparente. También se relacionan con las circunstancias de los propios individuos, con su nivel de educación, la productividad y la pobreza. Sally Roever, coordinadora internacional de Wiego, explica por correo electrónico que las experiencias de las personas trabajadoras en empleo informal reflejan lo que está sucediendo en la estructura de empleo global y en los enfoques sobre la recuperación económica. Sobre lo primero, argumenta que “cada vez hay más personas que trabajan con acuerdos de empleo informal, que se han convertido en la norma entre los empleadores y los gobiernos. Incluso, han presentado problemas adicionales durante la pandemia porque estos acuerdos no protegen al trabajador si hay problemas en la cadena de suministros o no es posible trabajar. De ahí que el camino hacia la recuperación del empleo sea más largo y complicado”. Con respecto a la recuperación, estas personas se vuelven “invisibles” porque“hay una mala comprensión generalizada de la estructura del trabajo. Además de quienes están en trabajo formal y en pequeños emprendimientos, hay una gran cantidad de personas trabajando en empleo informal, sobre todo en los países en desarrollo”. Carmen Roca, coordinadora de Ciudades Focales Perú de Wiego, añade que la creencia de que el trabajador de la economía sumergida conforma una masa dispersa sobre la que no se pueden aplicar medidas no es correcta. “Existen federaciones nacionales y locales de trabajadores de cada sector. Para hacer llegar las medidas de asistencia social o de alivio, tales como transferencias de dinero en efectivo o raciones de comida, se pueden utilizar directorios con la información disponible en cada país. En algunos, estos trabajadores están registrados en las oficinas de impuestos bajo un régimen especial; en otros existen directorios detallados de los pobladores en situación de pobreza o pobreza extrema construidos a base de visitas, mientras que otros países localizan a la población objetivo según su residencia en lugares de las ciudades donde la mayoría es población vulnerable”.

La pandemia ha añadido nuevos desafíos, y las ONG recuerdan que los bloqueos pueden hacer mucho daño en sociedades con grandes poblaciones de trabajadores pobres. “Muchas de las políticas potencialmente transformadoras propuestas por las organizaciones de trabajadores informales llegan a poco o sin coste estatal; más bien, requieren compromisos para dejar de dañar activamente sus medios de vida con políticas y comportamientos punitivos”, dice Roever.

Moratorias de pagos en suministros necesarios para la supervivencia, condonación de deudas, préstamos a bajo interés o impuestos reducidos para quienes se pasen a la economía legal son herramientas que están en la mano de muchos gobiernos. Y esas políticas se pueden enlazar con el medio ambiente, como apuntaba en la presentación Josefa Marín, una recicladora de Nueva York. “Limpiamos las calles, juntamos la masa, como dicen aquí. La gente tiene que ser solidaria, nosotras eliminamos la basura que contamina los mares, es nuestro modo de vivir”.