Prudencia macroeconómica

Las narrativas políticas dominantes hace solo medio año decían que la economía y el espacio a la izquierda del PSOE iban a ser determinantes en el ciclo electoral de 2023. Con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y unas generales a solo seis meses vista, el espacio político a la izquierda del PSOE sigue siendo un guirigay, pero Bruselas bendijo ayer el horizonte económico y dio la puntilla a los catastrofistas que sostenían que España iba a protagonizar una crisis económica profundísima. La Comisión Europea mejoró medio punto de un plumazo su previsión: el PIB crecerá casi el 2% este año, por la resiliencia del mercado de trabajo y la inversión asociada a los fondos europeos. Con crecimiento todo es más fácil, incluida la posibilidad de suavizar los desequilibrios más flagrantes: España presenta aún una tasa de paro que duplica la media europea y unas cuentas públicas en las que destacan un déficit abultado y una deuda que supera con creces el 100% del PIB. El relato de Bruselas es positivo en crecimiento y empleo, pero menos halagüeño en lo relativo a la posición fiscal.

Y ahí los avisos de la UE entroncan con las advertencias de las instituciones españolas. Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han pedido al Gobierno un mayor compromiso con el ajuste del gasto público. La autoridad fiscal ha advertido que, sin medidas adicionales, el déficit público no logrará el objetivo declarado de bajar del 3% en los próximos ejercicios. El banco central comparte ese diagnóstico y ha expresado dudas sobre los efectos que puedan tener tanto la ley de vivienda como la reforma de las pensiones. Y Bruselas prevé un déficit superior al 4% del PIB este año y aún por encima del listón del 3% del PIB en 2024.

La incertidumbre fiscal, en definitiva, sigue ahí: la bonanza económica es innegable pero no será suficiente, por sí misma, para corregir algunos de nuestros desequilibrios. La entrada en vigor de las reglas fiscales en 2024 pone de nuevo en marcha el contador para lograr un marco fiscal sólido que es imprescindible para garantizar la estabilidad macroeconómica en el medio y largo plazo. En otras palabras: el crecimiento no lo es todo si no viene acompañado con una disciplina fiscal robusta que dé credibilidad y confianza en la senda de reducción de nuestra deuda.

El alcance de estas medidas difiere: Bruselas no dará pistas sobre la necesidad de un ajuste hasta que no se clarifique el debate sobre el Pacto de Estabilidad, pero la Airef apunta a un ajuste adicional de 6.000 millones al año, y el Banco de España sugiere aprovechar el crecimiento de ingresos —que se está ralentizando— y los fondos europeos para comenzar el reequilibrio de las cuentas este mismo 2023. El Gobierno debería tener en cuenta estas recomendaciones, máxime en un año electoral en el que debe resistir la tentación de aumentar el gasto público con medidas de dudoso beneficio social y sesgo inevitablemente electoralista.

En abril, España presentó un marco fiscal que adelanta parte de la reducción del déficit público a 2024, un año antes de lo previsto, apoyado en un mayor crecimiento que acaba de confirmarse. No obstante, fundamentar la solidez de las cuentas públicas españolas únicamente en una coyuntura favorable mantiene un grado de riesgo que sería fácil mitigar con una política fiscal más prudente. Las buenas noticias que nos ofrece la economía española no deben hacer bajar la guardia ante los potenciales riesgos de un escenario que podría volverse adverso en cualquier momento ante una inseguridad que pivota sobre el ataque de Rusia a Ucrania y sus efectos globales.