Irán como excusa

En la primavera de 2015 los directivos del banco francés BNP Paribas fueron multados con 8.900 millones de dólares (más de 7.800 millones de euros al cambio actual) por violar el embargo impuesto por Washington contra Irán, Cuba y Sudán. Ha sido, hasta la fecha, la mayor multa impuesta a una empresa por saltarse el embargo iraní. En la lista se incluyen otras entidades globales como el alemán Commerzbank, el suizo Credit Suisse o el japonés Bank of Tokyo-Mitsubishi. En ninguno de esos casos Estados Unidos había emitido una orden de detención internacional contra sus directivos. El caso de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, marca, para empezar, una excepción y exhibe además un nivel de agresividad por parte de la Administración estadounidense contra una de las principales empresas chinas que arroja serias dudas sobre el trasfondo de la decisión.

Porque Meng no es solo la directora financiera del gigante tecnológico con sede en Shenzhen. Es, además, la vicepresidenta, hija del fundador y su potencial sucesora al frente de la compañía. No es una ejecutiva cualquiera. Algunos analistas equiparan su estatus entre la élite china al de cualquiera de los hijos del presidente Donald Trump.

El hecho de que Huawei llevara años bajo el punto de mira de las autoridades federales —estaba siendo investigada al menos desde hace ocho años—, de que las agencias de inteligencia estadounidenses hayan intentado disuadir a los servicios secretos de otros países del uso de los equipos del gigante chino en sus redes y de que la compañía esté incluida en la Iniciativa China puesta en marcha por el Departamento de Justicia para reforzar la seguridad nacional, no puede analizarse al margen de la detención. El exhaustivo escrutinio al que ha sido sometida Huawei hace sospechar que Irán es la excusa legal que ha encontrado EE UU para poner un freno al desarrollo del gigante tecnológico —actual líder mundial en fabricación de componentes para el desarrollo de las redes móviles de quinta generación (5G)— y de la propia China como su principal rival tecnológico a nivel mundial.

Ese es sin duda el objetivo de la guerra comercial emprendida por Trump contra el régimen de Pekín. Y que queda patente en el hecho de que Washington, según recordaba el Real Instituto Elcano en una publicación reciente en su web, haya puesto aranceles a algunos productos que ni siquiera importa de China, por ejemplo en el sector aeronáutico —importa componentes, pero no aviones—, para frenar el desarrollo de la industria china. De la quema arancelaria se han salvado, por el contrario, productos que afectan directamente a la línea de flotación productiva de gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple. La defensa de la industria tecnológica estadounidense es evidente. No en vano en el segundo trimestre de este año Huawei ha superado a la firma de Silicon Valley como segundo productor mundial de teléfonos inteligentes.

La suma de iniciativas emprendidas por Washington contra China y desde tantos frentes revela una estrategia largamente estudiada, con un alto grado de precisión y lejos de la improvisación de la que hace gala el presidente estadounidense. Podría decirse que forma parte de una estrategia nacional, heredada de anteriores Administraciones solo que más agresiva, más publicitada y que se ha convertido en el estandarte de lo que es el nuevo modus operandi de Estados Unidos con las sanciones económicas.

Porque las penalizaciones comerciales y financieras siempre han formado parte de las herramientas utilizadas por Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de la legalidad internacional. La diferencia es que, bajo la actual Administración, las sanciones se han convertido en el principal instrumento de su política exterior para conseguir sus propios fines políticos y económicos, que incluyen tanto el freno a la expansión tecnológica china, el aislamiento al régimen iraní o la liberación de un pastor estadounidense en Ankara. La fortaleza que ofrece el dólar sirve en bandeja a Trump semejante ejercicio de poderío global.