Bruselas ofrece a los Estados 6.000 euros por cada migrante que acojan

El Ejecutivo comunitario confía en que la lluvia de fondos apacigüe un problema más ligado a las agendas políticas que a las estrecheces presupuestarias. Tras el mandato que le dieron los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de junio, la Comisión se encontró con una situación paradójica: ninguna de las dos fórmulas aprobadas por los Estados miembros (ni los centros controlados, dentro de la UE, ni las plataformas externas, pensadas para terceros países del entorno del Mediterráneo) disponía de candidatos. Fuentes de la institución implicadas en estos trabajos confían en que, una vez clarificados los conceptos, la receptividad sea mayor.

Con esa expectativa, la Comisión ha presentado este martes las líneas maestras de esos dos tipos de instalaciones para migrantes que se dirigen a Europa. Consciente de que los detalles se demorarán, Bruselas ha diseñado un proyecto piloto que permita testar rápidamente la idea de disociar el desembarco de los náufragos de la gestión de sus expedientes. Los Estados que abran sus puertos a los rescatados en el mar recibirán un enorme respaldo técnico. Como ejemplo, el Ejecutivo comunitario asegura que para barcos que carguen una media de 500 personas, Bruselas podría aportar unos 300 profesionales (incluidos guardacostas, intérpretes, expertos en asilo o médicos).

En este esquema, los países que acepten acoger a parte de los recién llegados (por ejemplo, si Holanda solicita dar cobijo a algunos de los desembarcados en Italia) recibirán una prima de 6.000 euros por cada persona transferida. Habrá otros 500 euros para que el Estado donde han desembarcado (en el ejemplo anterior, Italia) pague el coste del viaje hacia el territorio de acogida.

El modelo es muy similar al habilitado en plena crisis de 2015 para propiciar el reparto de los demandantes de asilo llegados a Grecia e Italia. La gran diferencia es que entonces era obligatorio (aunque solo se cumplió en un 25%) y ahora voluntario. Aun así, la propuesta amenaza con encallar en un punto clave: el dilema de si ese reparto de personas solo afecta a quienes tengan perfil de asilado o también a los llamados migrantes económicos cuyo futuro más probable es una orden de expulsión de la UE. "Para que esto funcione sobre el terreno, tenemos que estar unidos", ha advertido el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, en un comunicado.

Los Estados discutirán la fórmula este miércoles. Lo más probable es que Italia exija que el reparto, aunque voluntario, incluya a todos los llegados, de manera que sea el lugar de acogida el que  evalúe si tienen o no derecho al asilo. Otros países más reacios (previsiblemente los del norte) insistirán en recibir solo a los potenciales refugiados.

Los responsables europeos deberán pronunciarse también sobre esos centros controlados. La Comisión renuncia a definir si tienen que estar cerrados —para evitar fugas de quienes previsiblemente no tienen derecho a protección— y lo deja a criterio de los Estados que los pongan en marcha. En la práctica, un tipo de centros controlados ya existe en muchos países europeos, incluida España. Las novedades serían la agilización de los procesos, para que los candidatos a entrar en esos centros no pasen más de ocho semanas, y la financiación íntegramente europea. Preguntadas por el coste de estos procesos, fuentes comunitarias se limitan a afirmar: “Tenemos el dinero”.

Plataformas en el norte de África

Con esta iniciativa, Bruselas pretende volver a la situación anterior a que Italia rechazara acoger en sus puertos a barcos cargados de migrantes que se aproximaban a sus costas (el caso Aquarius). De esa forma, el proceso volvería a ser relativamente automático a cambio de que la responsabilidad de procesar esos expedientes no recaiga necesariamente en el primer punto de llegada. Está por ver que el Gobierno italiano lo juzgue suficiente.

Respecto a las plataformas exteriores, el concepto está mucho menos maduro. El próximo lunes habrá una reunión en Ginebra con las agencias de la ONU que previsiblemente las gestionarán (Acnur y OIM) para perfilarlo. Con el fin de vencer las resistencias que han mostrado los principales candidatos que Bruselas tiene en mente para este proyecto (Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto), las autoridades comunitarias les ofrecerán otras ventajas. En esos puntos podrían desembarcar personas rescatadas en aguas territoriales del norte de África o en aguas internacionales. En ningún caso se transferirá a náufragos salvados en aguas europeas.

Por último, un alto cargo ligado a estos trabajos recalca que es responsabilidad de estos países —no solo cuestión de buena voluntad— rescatar y mantener en buenas condiciones a las personas encontradas en el área de búsqueda y rescate que asumen ante la Organización Marítima Internacional.