Guy Standing: “Hemos dejado que la derecha se apropie de la libertad”

Guy Standing (Reino Unido, 74 años) forma parte de una nueva corriente de economistas que está obligando a las formaciones de izquierda a abandonar la pereza y buscar nuevas respuestas. Creador de un concepto que ya es moneda común, el “precariado”, y defensor a ultranza de la necesidad de una renta básica incondicional para todos los ciudadanos, Standing ha asesorado a la Generalitat de Cataluña y va a contribuir en el proyecto político que prepara la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. Mañana estará en Es Baluard Museu, en Palma de Mallorca, para hablar de El precariado: la nueva clase peligrosa (y prometedora).

Pregunta. ¿Qué es el precariado?

Respuesta. Podemos definirlo en tres dimensiones o espacios. Consiste en millones de personas que tienen un trabajo inestable e inseguro. La mayoría de ellos tienen un nivel de educación muy superior al trabajo que desempeñan. Y deben realizar muchas tareas que no cuentan como desempeño laboral, que no son reconocidas. No pueden dar a sus vidas una narrativa ocupacional. No saben realmente qué son. Un mes trabajan en un bar, al siguiente limpian suelos, o incluso ejercen de periodistas. La segunda dimensión: sus sueldos reales están en declive. Y no tienen pensiones, bajas por enfermedad o vacaciones pagadas, como el viejo proletariado. Y la tercera dimensión, para mí la más importante: si formas parte del precariado, pierdes derechos de ciudadanía. Civiles, culturales, valores propios de pertenecer a una comunidad concreta.

P. Y derechos sociales.

R. Y derechos sociales, exacto. Porque los derechos sociales son subsidios universales que los gobiernos vinculan a unos objetivos concretos, a unos comportamientos concretos y a unas condiciones sociales concretas. Si solo concedes esas ayudas a la gente pobre, en cuanto uno intenta salir de la pobreza, las pierde. Y pasa a convertirse en la trampa de la pobreza. La gente trabaja más, pierde esos beneficios sociales y obtiene poco más a cambio.

P. Se ha mostrado muy crítico con la respuesta de los gobiernos al desafío económico de la pandemia.

R. La mayoría de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos europeos fueron profundamente erróneas. Los ERTES, por ejemplo, fueron básicamente un subsidio para las grandes empresas. Fueron regresivos, en el sentido de que fueron destinados sobre todo a los que tenían ingresos más altos, y solo después al precariado. Este último, en gran medida, no recibió nada, porque no tenía un puesto de trabajo fijo. Se les echó a la calle y punto. Creo que el sistema de los ERTES aumentó la desigualdad. Y hubo altos niveles de fraude. Las empresas fingían que sus empleados no estaban trabajando, sino que estaban en casa. Y los asalariados, con sus ordenadores, siguieron trabajando.

P. ¿Hemos aprendido la lección?

R. Estoy muy entusiasmado con la idea de que la vicepresidenta del Gobierno español Yolanda Díaz haya puesto en marcha una comisión de investigación sobre el precariado. Me han pedido que colabore, y creo que se trata de una magnífica oportunidad. Hoy el nivel de inseguridad de una parte cada vez mayor del precariado, de rabia, es insostenible. Son jóvenes, con alto nivel de educación, muchas mujeres. Y afirman, tras la pandemia, que no quieren regresar a lo de antes. Quieren un nuevo tipo de política progresista. Usted lo sabrá mejor. En España, hubo un momento en que se rompió el molde político tradicional. Pero lo que vino después fueron malos políticos y malas medidas. No creo que sea el final de esta historia. Hay nuevos movimientos ecologistas, sociales, un precariado cada vez mayor y más enfadado. Todo esto trasladará presión a los gobiernos para pensar de un modo diferente. El actual Gobierno de coalición, en teoría, es de izquierdas, pero no creo que lo sea en la práctica. Debe abrirse más a nuevas ideas.

P. Pero ese enfado también puede traducirse en el apoyo a fuerzas populistas, de izquierda o de derecha.

R. Yo divido al precariado en tres grupos. El primero lo forman aquellos que han sido expulsados de las clases trabajadoras. No tienen un nivel alto de educación. Son fundamentalmente hombres. Y escuchan las voces populistas de la derecha extrema, como Trump, Johnson o, en España, VOX. Ese grupo era el más grande después de la crisis de 2008. Ya no lo es. Se están haciendo mayores. En el medio tienes a los que yo llamo los nostálgicos. Sienten que no tiene un hogar. Inmigrantes, refugiados, discapacitados, minorías... Este grupo mantiene la cabeza agachada. No votan a populistas porque, sencillamente, no votan. El tercer grupo son los jóvenes, a los que sus padres les prometieron un futuro. Fueron a la universidad, aprobaron sus exámenes y todo lo que correspondía. Y no tienen futuro. Y lo saben. Están endeudados, furiosos. Pero no quieren votar al populismo, ni de izquierdas ni de derechas. Al primero, porque les parece estúpido. Al segundo, porque les aterroriza. Son el grupo que más ha crecido en todos los países, España incluida. Hemos llegado a un punto en que los políticos están obligados a pensar de un modo diferente. Algunos virarán al populismo, otros agitarán prejuicios... pero los más jóvenes, especialmente las mujeres, están empezando a forjar un nuevo vocabulario. Por eso soy bastante optimista.

P. ¿En qué consiste esa renta básica universal que defiende?

R. Nunca hablo de renta básica universal. Hablo de renta básica. Porque en el caso de los inmigrantes recién llegados, por ejemplo, deberían esperar un tiempo antes de adquirir ese derecho. Aunque eso no quiere decir que no reciban otras ayudas. Es un derecho por el que cada individuo, hombre o mujer, recibe una modesta cantidad cada mes. Incondicional. No está vinculada a ningún nivel económico ni requiere un comportamiento concreto. En metálico o de algún otro modo. Cada uno la usa como quiera. La cantidad dependerá de la capacidad de cada Gobierno para incrementar los fondos destinados a este objetivo. Es un derecho económico. Un ejemplo de justicia común. La justificación de la renta básica es, sobre todo, ética. No implica la supresión de otro tipo de ayudas o subsidios.

P. ¿Por qué ética?

R. Contribuye a aumentar tu libertad. Sobre todo, la de las mujeres. Les permite decir no a una relación abusiva, o a un jefe explotador, o a una burocracia asfixiante. Permite poder tomar decisiones, y en eso consiste la libertad. Y al fin, una renta básica, por muy pequeña que sea, ofrece a las personas la indispensable sensación de seguridad. Porque la inseguridad, como nos han explicado los psicólogos, reduce nuestro cociente intelectual. Es injusto que el Estado someta al mismo criterio que a usted o a mí a una persona que sufre una inseguridad crónica.

P. ¿Qué debería garantizar esa renta?

R. Debería garantizar alimentación, vivienda y un nivel de vida básico. Y a partir de ahí, ir subiendo. En países dependientes de una economía globalizada, como España o el Reino Unido, en los que en el futuro cercano los sueldos seguirán bajando, por culpa de esa globalización y de la automatización de los trabajos. Debemos dar con un modo nuevo de proveer a los ciudadanos con una seguridad básica. Los resultados de programas piloto realizados en varios países y ciudades, incluido uno en Barcelona, demuestran que las personas que logran esa seguridad básica trabajan más, no menos. Normalmente los críticos burgueses de la propuesta afirman que las personas dejan de esforzarse. No es verdad. Tienen más confianza, más energía. Intentan adquirir nuevas habilidades.

P. E incluso se atreven a cambiar de empleo.

R. Hasta cambian de trabajo, porque ya no tienen miedo. Crea un nuevo tipo de emprendedor. Me impresionaron mucho los resultados de una encuesta en España. Preguntaba a las personas qué harían si tuvieran una renta básica. Muchos dijeron que aumentarían su nivel educativo. O harían más voluntariado. O más autoempleo. Esta liberación de estrés es hoy una necesidad vital, porque el estrés se ha convertido en una pandemia en sí mismo.

P. Pero al final, ¿no acaba siendo un subsidio sin control, como los que usted critica?

R. No, porque no es lo mismo. Una renta básica es una paga semanal, modesta, que debes aprender a usar. Y lo que hemos descubierto en los programas piloto es que, al principio, las personas no usan bien ese dinero. Pero poco a poco aprenden a hacerlo. Ahorran. Cambian su comportamiento. Si fuera un solo pago, probablemente todos nosotros lo malgastaríamos. Es lo que se denomina la debilidad de la voluntad. En el caso de la renta básica, es una aproximación mejor, porque generas una reforma modesta y un derecho económico.

P. Aboga usted por un cambio de planteamiento con los impuestos. ¿Es posible?

R. No solo es posible, es esencial. Piense, por ejemplo, en el impuesto sobre altas emisiones de carbono. Necesitamos gravar esas emisiones para reducir el consumo de energía fósil. Pero el problema de un impuesto así es que supone un alto porcentaje de los ingresos de una persona pobre. Hay que lograr que sea políticamente popular, y para eso conviene avisar de que toda esa recaudación es el dividendo de unos bienes comunes, destinado a un fondo creciente que alimentará las rentas básicas. Cuanto mayor sea ese fondo, mayor serán las rentas.

P. Y recuperará ese mensaje de los bienes comunes.

R. Los ciudadanos pueden entender este concepto, el de los bienes comunes. Pueden ser el agua, el aire o la tierra, pero no solamente. También el disfrute de derechos de patente o de propiedad intelectual logrados gracias a una importante aportación de ayudas públicas. Es una vía para que los políticos progresistas reformulen su agenda y dejen de utilizar un lenguaje viejo y marxista que ya no conecta con las nuevas generaciones.

P. ¿Hay un problema en el mensaje de la izquierda?

R. Hablar de propiedad del Estado, o de intervención del Estado, lleva a la gente a pensar en gobiernos autoritarios, como el de Putin. Los asocian con un control centralizado y rígido de la economía. Uno de los problemas que hemos tenido en la izquierda ha sido que hemos permitido a la derecha apropiarse del discurso de la libertad. Era el modo de presentarnos a nosotros como defensores de un Estado paternalista. El mensaje de los bienes comunes y de la necesaria redistribución de sus dividendos lo entiende todo el mundo.

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