Los ERTE: el dique de contención que evitó una debacle laboral

La incertidumbre es una percepción que aumenta o decrece de acuerdo con el paso del tiempo. En noviembre de 2020 existía el temor, capitalizado por los sindicatos, de que los ERTE, la principal herramienta de protección del empleo ante los envites de la pandemia, pudieran acabar perdiendo su especificidad temporal desembocando en un torrente de despidos definitivos. Sin embargo, un año después, y siguiendo la trayectoria de los últimos meses, la cifra de trabajadores suspendidos en su actividad no ha dejado de bajar, desde los más de 3,6 millones que se agruparon a finales de abril del año pasado hasta situarse en los 125.632 del 1 de diciembre, su mínimo desde la irrupción del coronavirus. Las continuas prórrogas, el progresivo mantenimiento de las rebajas en las cuotas de la Seguridad Social, la introducción de cortapisas para resolver contratos en las compañías beneficiarias y la buena dinámica del mercado de trabajo han evitado, según los distintos expertos consultados, un desplome laboral sin precedentes.

Pepe Álvarez, secretario General de UGT, alertaba hace poco más de un año: “Estamos viendo cómo muchas empresas han comenzado a reembolsar a la Administración el coste de los ERTE para poder proceder al despido, después de ver que no es viable la empresa por el largo periodo que lleva en esa situación”. Aunque días después, en una entrevista para este periódico, matizó sus palabras (“Yo hablaba de la necesidad de reforzar los servicios públicos”, se corrigió), en aquel momento, cuando todavía no había vacunas que administrar y las restricciones sanitarias ahogaban la actividad, los malos augurios económicos presagiaban una cascada de despidos.

Para Fernando Luján, secretario confederal de UGT, la clave está en el real decreto de 8 del 17 de marzo de 2020, el que aprobó el Gobierno con “medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social” de la pandemia, entonces recién aterrizada en España.“En los ERTE por covid había un compromiso de mantenimiento del empleo y una prohibición expresa de que las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas vinculadas al virus no se admitirían como causa del despido. Ese artículo es el que ha salvado millones de empleos”, comenta. Se refiere exactamente a la disposición adicional sexta de aquel decreto-ley, que después se mantuvo en las sucesivas renovaciones y que disponía que “las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”.

Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO, apunta también a otro aspecto que permitió incluir en el esquema a muchos trabajadores.“Que no se exigiera tampoco un tiempo cotizado para obtener la prestación venía a proteger, sobre todo, a los trabajadores eventuales. Si no hubiera sido así toda esa gente hubiera ido directamente al desempleo”, añade.

El esquema principal de esta herramienta, que como recuerda el propio Luján, existe en el Estatuto de los Trabajadores dentro del artículo 47 desde 1980 (”Aunque entonces a los trabajadores se les llamaba regulados”, comenta), para favorecer el mantenimiento del empleo en pandemia se ha sustentado sobre la exoneración de cuotas a la Seguridad Social para las empresas que solicitasen el ERTE, y la asunción por parte del Estado de una prestación para el empleado afectado. En total, el año pasado se destinaron 21.000 millones a sufragar los ERTE sumando las exoneraciones y las prestaciones por desempleo. En los Presupuestos de 2021 se recoge una partida de 16.085 millones de euros para prestaciones y desde Seguridad Social estiman que el gasto previsto en exoneraciones hasta noviembre de este año es de “algo más de 8.000 millones”.

Desde que se aprobó el 17 de marzo de 2020 el primer real decreto ley en el que entraron en juego los ERTE vinculados a los efectos del covid hasta hoy, se han producido seis prórrogas ―la última hasta el 28 de febrero de 2022― en las que las exoneraciones han ido variando con el objeto de favorecer un mayor retorno de los afectados a su puesto de trabajo. “Desde marzo de 2020 se han ido adaptando a las distintas fases de la pandemia. Si en un principio se puso el foco en la protección de trabajadores y empresas, más tarde se ha ido focalizando en la activación y protección de sectores específicos. En la última prórroga, se han centrado en la formación de trabajadores. Esta experiencia ha contribuido a impulsar este instrumento como un elemento estable”, indican desde el Ministerio de Seguridad Social.

Adaptación estructural

“Esto se debe a la propia naturaleza del ERTE, que tiene como objetivo impactar sobre una causa coyuntural”, apunta Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid. “La flexibilidad de los ERTE ha permitido dar una respuesta automática efectiva en un momento en que se paralizó la actividad y, a la vez permitió que las empresas fuesen reabsorbiendo su plantilla al ritmo que esta actividad se restablecía y, por tanto, se recuperase el empleo”, completan desde el Ministerio de Trabajo.

Las distintas negociaciones sobre la continuidad de los ERTE llevadas a cabo en el marco del diálogo social, se desarrollaron, según aseguran fuentes presentes en los distintos encuentros, con una suavidad que se ha tornado en algo más áspera ahora que se aborda su conversión en una medida estructural. ¿Por dónde debería ir esta adaptación? “La idea de los nuevos ERTE es que deberían estar preparados para actuar sobre situaciones de fuerza mayor como la que hemos vivido; que lo estén también por si vienen recesiones económicas y permita a las empresas tener algo de flexibilidad; y que se consoliden como una herramienta alternativa a los despedidos que los vincule a la formación y la recolocación de los trabajadores”, dibuja Lahera.

El mecanismo Red, como ha sido bautizado, aún se encuentra en proceso de negociación después de que la propuesta inicial presentada por el Gobierno provocase el rechazo conjunto de patronal y sindicatos. Su última modificación, que suprimía alguna de las partes de su aplicación que habían sido tildadas de “farragosas” encajó mejor en las demandas de los agentes sociales, aunque su redacción definitiva todavía está en el aire.

La excepción de la banca

Lo cierto es que aunque los ERTE han limitado el impacto de la pandemia sobre el mercado de trabajo, sectores como el bancario han visto acelerada su transformación por las fusiones y los cambios de hábitos de consumo. Entidades como Caixabank, Banco Santander, Ibercaja, Banco Sabadell, BBVA y Unicaja Banco se encuentran inmersos en distintos procesos de reducción de personal. Sumando despidos y planes de prejubilación podrían desaparecer cerca de 20.000 empleos.