Los nuevos ERTE que prepara el Gobierno incluirán formación para que los trabajadores se reciclen y cambien de empresa

El Gobierno ha remitido a los agentes sociales el borrador con la legislación de los nuevos ERTE permanentes. El mecanismo será bautizado como Red. Completará a los actuales ERTE por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. La idea del Ejecutivo es que suponga un instrumento de flexibilidad para cuando las empresas sufran una coyuntura adversa o tengan que ajustarse por motivos estructurales como la transición tecnológica. El nuevo sistema permitirá mantener a los empleados en la empresa o formarlos para que se puedan reciclar y trabajar en otra compañía o sector. Solo podrá ser utilizado cuando sea activado por una decisión del Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios de Trabajo, Seguridad Social y Economía. Antes se habrá informado a sindicatos y empresarios.

Tanto los sindicatos como la patronal se quejan de lo farragosa y compleja que resulta la legislación del nuevo mecanismo. Este miércoles el Gobierno discutirá la propuesta con los agentes sociales. En la redacción han colaborado sobre todo tres ministerios: Trabajo, Seguridad Social y Economía. Se trata del primer papel que se produce desde que el Gobierno de coalición acordara un procedimiento interno para aprobar la reforma laboral con la participación de todos los departamentos.

Según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo será muy parecido a los actuales ERTE y tendrá dos modalidades: por un lado, el de causas estructurales, pensado para crisis sectoriales o, por ejemplo, automatizaciones de procesos, según recoge el texto legal. En cierto sentido, recuerda a los fondos que se crearon para las grandes reconversiones de los años ochenta. Se activará por sectores para aquellas empresas en las que se introduzcan “nuevos métodos de trabajo y producción” y donde mantener la plantilla suponga “una pérdida de competitividad” que las lastraría. Con este esquema se pretende que los trabajadores afectados puedan formarse para otro puesto de trabajo en la misma empresa o que puedan reciclarse y transitar hacia otra compañía o sector. El instrumento conllevará obligatoriamente la puesta en marcha de un plan de recolocación, que podría ser gestionado por agencias privadas, tal y como se incluye en el papel. Las compañías que contraten a estos trabajadores que estaban acogidos al Red estructural se beneficiarán de bonificaciones durante seis meses. Eso sí: siempre que sean indefinidos o fijos discontinuos.

El otro tipo de mecanismo Red que incluye el documento es el de causas cíclicas. El Ministerio de Economía fijará a partir de un conjunto amplio de indicadores los parámetros objetivos para poder activar este instrumento.

Un año de duración

En ambas modalidades, la cíclica y la estructural, las empresas deberán solicitar la reducción de jornada y, si esta no fuera viable, la suspensión de contratos. Es decir, se establece una preferencia por la reducción de jornada que no existía en los actuales ERTE. La autoridad laboral tendrá que dar su visto bueno en un plazo de 15 días o se considerará aprobado siempre que se cumpla después con las condiciones reguladas. De haber acuerdo con los representantes de la plantilla, la duración de estas ayudas será de 12 meses. Si no hay acuerdo pero la autoridad laboral lo aprueba, entonces la duración será de seis meses. En los mecanismos estructurales, la empresa podrá solicitar además dos prórrogas más de seis meses. En todo caso, la compañía tendrá que elaborar un informe justificativo para acceder al mecanismo estructural y un informe explicativo para el cíclico. Y la Seguridad Social tendrá que emitir un informe evaluando la concurrencia de los requisitos antes de siete días desde que la empresa notificó el inicio.

Los trabajadores podrán ser excluidos e incluidos según marche la recuperación de la actividad en la empresa. Y no podrán realizarse ni nuevas subcontrataciones ni nuevos contratos de trabajo a menos que estén debidamente razonados. Una vez aprobado el uso del mecanismo, las empresas podrán beneficiarse de ayudas a la cotización todavía por definir siempre que lleven a cabo acciones formativas con las personas afectadas. Estas compañías tendrán derecho a mayores créditos para financiar formación oficial programada. Dependiendo del tamaño de la plantilla, oscilarán entre los 450 y los 320 euros por empleado.

Además, se creará un Fondo Red de Flexibilización y Estabilización del Empleo con la intención de financiar las modalidades cíclicas y estructurales, las prestaciones y exenciones y el coste de la formación. Este se dotará con el exceso de ingresos que tengan por cotizaciones sociales las políticas de empleo. Recibirá también aportaciones de los Presupuestos, y la financiación de la UE para gastos que sean elegibles. A la hora de dotarlo, se tendrá en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social, dice el documento.

Cuando una empresa acogida al Red estructural recoloque a un trabajador, tendrá que abonar al Fogasa el 50% de la indemnización improcedente por despido, que el organismo empleará para constituir un fondo de recolocación. En el caso de que el empleado sea despedido en la nueva empresa más adelante, el Fogasa se hará cargo de su indemnización. Si el asalariado no acepta la recolocación, podrá ser despedido o seguir en su puesto si resulta viable y posible.

Las empresas que se beneficien de las reducciones de cuotas tendrán que devolverlas si no mantienen el empleo durante los seis meses siguientes, algo que ya generó mucha oposición de la patronal en los pasados ERTE.

Nueva prestación

El Gobierno crea también una nueva Prestación de Sostenibilidad del Empleo para los trabajadores afectados por un Red. Su cuantía equivaldrá al 70% de la base reguladora y no superará los 1.271 euros al mes (el 225% del IPREM, que ahora se sitúa en los 564 euros al mes). Esta ayuda será compatible con otro trabajo a tiempo parcial sin que se deduzca de su importe la parte proporcional al tiempo trabajado. El beneficiario tendrá cobertura de la Seguridad Social por si tiene una enfermedad, pero no estará cotizando. De la misma forma que en los ERTE actuales, esta prestación no consumirá periodo de desempleo.

El Gobierno podrá exigir en el acuerdo del Consejo de Ministros que las empresas se acojan a la distribución irregular de la jornada para acceder al mecanismo Red. Esta fórmula se debe pactar con los trabajadores y consiste en que el empresario pueda modificar la jornada de semana en semana. Por ejemplo, en lugar de las cuarenta horas se podría ampliar una semana el tiempo de trabajo y reducirlo en otra. La iniciativa supondría una herramienta añadida de flexibilidad interna.

Por otra parte, se mantienen en líneas generales los ERTE por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción. También los de fuerza mayor. Sin embargo, se introduce un cambio: tendrán preferencia las reducciones de jornada a las suspensiones de contratos. Y en los de fuerza mayor, en los que la autoridad administrativa solo tenía que comprobar que se dan las condiciones, ahora se menciona una resolución que tendrá que elaborar la autoridad laboral.