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OPINIÓN

El trilema de la marca Barcelona

La revolución tecnológica mal gobernada y la desindustrialización pueden permitir al populismo asaltar el mundo urbano

Barcelona puede encontrarse ante a un trilema complejo en las próximas décadas: tener que escoger entre preservar la democracia local y el espacio público urbano en su plenitud, dar paso a la tecnología y la economía digital como ejes centrales de la economía del futuro asumiendo sus externalidades negativas o asegurar la cohesión social ante la digitalización y la robotización. El objetivo es que deje de ser un trilema.

Las elecciones municipales del próximo año serán cruciales para Barcelona. Si queremos seguir reforzando su posición como ciudad global, proteger a sus habitantes y seguir atrayendo talento, será crucial seguir diversificando la economía y minimizar las externalidades negativas de la globalización ante el auge de la tecnología y el traslado del centro de gravedad económico a las urbes asiáticas y africanas. En este contexto y ante el papel creciente de la urbanización en los países en vías de desarrollo, necesitamos una reflexión conjunta sobre el modelo que queremos a medio y largo plazo, así como sobre los cambios en la estructura competencial y fiscal actual (entre niveles de gobierno) para conseguirlo. La dificultad de luchar contra la gentrificación por la desconexión entre el depositante de las competencias en materia de vivienda (estado) y sobre quien tiene impacto (ciudad) una determinada actividad del mercado, es buen ejemplo de ello.

La huelga del sector del taxi por las VTC por su parte, es otro buen ejemplo sobre la relación entre tecnología y cohesión social, si bien es solo la punta del Iceberg de un fenómeno que acabará con el factor trabajo en muchos sectores, ya que tanto los coches con conductor (VTC) como los taxis están condenados a la desaparición ante el auge de vehículos autónomos. Un síntoma que solo refleja la fase inicial de un proceso en el que auge del Internet de las Cosas (IoT), la Inteligencia Artificial (IA), el big data y el blockchain como ejes centrales del capitalismo del futuro, cambiarán profundamente nuestra economía en su dimensión urbana. Junto con el auge del uso extensivo de nuestros datos para uso comercial, verdadero modelo de negocio del futuro (actualmente en manos de empresas como Alphabet Inc.), la robotización, así como la invasión de infraestructuras digitales (sensores, básicamente), edificios adaptables y transportes autónomos como estandartes de la smart city (paradigma urbano de la revolución tecnológica y el capitalismo digital); plantean retos relacionados con la democracia urbana y la desigualdad.

A día de hoy, el desarrollo de infraestructuras basadas en la IA y el big data, así como de plataformas digitales que se hacen llamar “colaborativas” (poniendo en contacto a prestadores de servicios y consumidores); está en manos de empresas como Airbnb, Uber, Google Home o Google Urbanism. Si bien estas pueden ser muy beneficiosas para las ciudades (para prevenir accidentes, mejorar la seguridad y la movilidad o ahorrar costes a la administración), en el futuro tendrán cada vez más impacto en nuestra convivencia a nivel urbano al tener la capacidad de desarrollo de infraestructuras smart y la toma de decisiones asociadas a éstas. Así como también, la capacidad de gestionar flujos de datos vitales para el funcionamiento de las ciudades.

Asistimos también a la invasión de nuestras urbes por gigantes tecnológicos como Amazon, que acaparan el mercado en exceso incentivando la competencia fiscal entre ciudades y reforzando su posición dominante en el comercio online a través de contratos con gobiernos locales para inducir a más comercios locales a entrar en su plataforma perjudicando la capacidad de generar ingresos de los consistorios vía impuestos por la falta de presencia física de la empresa. Mientras que por otro lado, inversores extranjeros del real state (Blackstone en Barcelona, por ejemplo) siguen ganando cuota de mercado en un contexto de consolidación como hub tecnológico y de masificación turística que desemboca en una gentrificación exponencial.

Todo ello debe hacernos reflexionar sobre 2 debates relacionados a la vuelta de la esquina.

  1. En primer lugar, como regular la propiedad de los datos (para uso comercial) y diseñar impuestos tecnológicos en beneficio colectivo
  2. Y en segundo, como preservar el espacio público urbano y las infraestructuras smart así como la toma de decisiones democrática asociados a ellos para corregir los perjuicios de la tecnología y el big data en el mercado de trabajo y en el estado de bienestar en general.

Debemos ser capaces, por tanto, de anticiparnos y amortiguar los efectos negativos de la transición hacia la hiper-digitalización y la robotización a través de un debate colectivo que incluya a la ciudadanía, al sector privado, a los partidos y la academia (Barcelona Global, think tanks, universidades, Barcelona Tech City, consistorio, sindicatos, etc.). Los 7 principios de WISE CITIES desarrollados por el CIDOB nos pueden permitir guiar el debate para desbloquear el trilema con garantías y apostar por las tres cosas a la vez.

Algunas pistas para sortear el trilema

En un mundo cada vez más globalizado en el que cada vez más personas trabajarán lejos del empleador por la digitalización y su actividad será sustituida por robots y ordenadores en muchos sectores; las ciudades occidentales exitosas serán aquellas que por un lado sean capaces de ser más sostenibles, adaptadas y atractivas (social, económica y medioambientalmente) para atraer talento joven y garantizar el bienestar de los mayores en un contexto de envejecimiento. Y por el otro, aquellas que sepan sortear el trilema urbano de las próximas décadas:

  • adaptarse a la innovación tecnológica y digital para conseguir mayor crecimiento
  • de forma democrática y preservando el espacio público urbano
  • y frenando las externalidades negativas de la transición hacia ese modelo hiper-robotizado y digitalizado (recompensando a los perdedores).

Para ello, será vital actuar en tres frentes. En primer lugar, preservando la democracia local, la toma de decisiones colectiva y el espacio público urbano ante la invasión de las tecnologías smart basadas en la IA, el internet de las cosas (IoT) y el uso de nuestros datos con fines comerciales por parte de empresas que tendrán un papel cada vez más importante en el desarrollo de infraestructuras. No solo en el espacio urbano privado, sino también en el público. En segundo lugar, potenciando la nueva economía en general y la ciudad smart como paradigma urbano de la tecnología, la IA y el uso extensivo de los datos en favor del crecimiento económico, la competencia y el bienestar colectivo a través de marcos regulatorios e impositivos equilibrados que aseguren la competencia justa y permitan a agentes más pequeños entrar en el mercado.

En tercer lugar, protegiendo a los habitantes de las externalidades negativas en la transición hacia ese modelo de hiper-digitalización/robotización, así como garantizando el acceso de los más desfavorecidos (desigualdad digital) al mundo digital. Pero para ello, será crucial, potenciar la economía social, cooperativa y tecnológica local, para intentar amortiguar los efectos negativos de dicha transición redefiniendo la estructura fiscal de nuestro estado del bienestar y poder financiar así, instrumentos como la Renta Básica Universal (RBU).

Quien encuentre marcos regulatorios e impositivos para la nueva economía robotizada y digital a nivel local, regional y estatal, así como el nivel de descentralización competencial y fiscal adecuado, gozará de ventajas comparativas.

El diseño de una RBU financiada con nuevos tipos impositivos sobre la tecnología y los datos (a través de perfiles digitales personales), así como el desarrollo del big data colaborativo y público (a través de iniciativas como City Data Commons) y de partenariados público-privados para poder usar los datos también en beneficio del consistorio es la única manera de afrontar las consecuencias del desarrollo tecnológico en el mercado de trabajo futuro.

El camino a seguir ante la utopía del solucionismo tecnológico

La administración no está a veces del todo preparada para encontrar marcos regulatorios que protejan a los sectores tradicionales y a la vez incentiven la innovación porque la velocidad del cambio digital y tecnológico (así como la falta de certezas sobre su impacto real) es mucho mayor que la capacidad de adaptación del regulador y los sectores tradicionales. Mientras que estos por su parte, son reacios al cambio por la precarización potencial y las nuevas empresas "colaborativas" obtienen ventajas comparativas, a veces injustas, por las particularidades de su modelo de negocio en relación a unas leyes inadaptadas. Airbnb (pisos sin licencia), Deliveroo (falsos autónomos) o Uber (conductores sin licencia "clásica") son buenos ejemplos de ello.

Apostar mucho más por la investigación, la universidad y su relación con el mundo del trabajo a través de una apuesta decidida por aceleradores de PYMES tradicionales, start-ups tecnológicas y digitales locales con más potencial en la creación de puestos de trabajo será fundamental. Pero también, por cooperativas e iniciativas de economía social, para crear una red de protección más fuerte y paliar así, las externalidades negativas de la digitalización/robotización con el objetivo de financiar nuevos modelos fiscales que garanticen el estado del bienestar futuro en la era tecnológica. Si bien la tecnología ha llegado para quedarse, hay que garantizar la diversificación de sus agentes para protegerse de futuras crisis y burbujas tecnológicas monopolísticas. No se trata de frenar la inversión, si no de encontrar un buen equilibrio entre la innovación tecnológica, la digitalización y el interés general.

El futuro de Barcelona no plantea sólo preguntas desde el punto de vista de su diseño y gestión, sino que lo hace también desde el punto de vista de la redefinición de competencias, así como de su papel en el debate nacional e internacional sobre la generación de riqueza futura y la redistribución en la era de la 4ª revolución industrial. Si bien nadie duda de que la ciudad es fuente de oportunidad desde el punto de vista interno por sus beneficios potenciales para el crecimiento y el bienestar de los que viven en ella, también puede ser una barrera para la cohesión social por sus externalidades negativas (movilidad, desigualdades, gentrificación, contaminación, etc.) y por su efecto polarizador en el eje centro-periferia/rural-urbano. Un fenómeno, que la revolución tecnológica mal gobernada junto con la desindustrialización puede alimentar, permitiendo al populismo asaltar también el mundo urbano.

Las elecciones del próximo año deben servirnos para empezar a vislumbrar qué modelo queremos para seguir siendo una ciudad global y a la vez frenar los efectos negativos de la hiper-digitalización y la robotización. En otras palabras, repensar como afrontar el futuro tecno-digital más allá del turismo, sin perjudicar al desarrollo y reflexionando sobre cómo garantizar el estado de bienestar y un nuevo contrato social desde la perspectiva urbana. El derecho a la ciudad y el nuevo localismo son buenos puntos de partida.


Carlos Mascarell Vilar es politólogo y asesor en Gobernanza y Ciudadanía del Consejo Europeo de Municipios y Regiones (Sección Europea de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos- CGLU) en Bruselas.

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