El Gobierno prevé aprobar este martes los nuevos impuestos: la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin’

El Consejo de Ministros se dispone a aprobar este martes la tasa Google y la tasa Tobin, tal y como adelantó EL PAÍS este fin de semana. Fuentes gubernamentales aseguran que casi con toda probabilidad el proyecto normativo con las dos nuevas figuras tributarias recibirá mañana martes el visto bueno del Gobierno e iniciará la andadura parlamentaria para ser aprobado cuanto antes. El nuevo proyecto para combatir el fraude fiscal finalmente no verá luz verde este martes, como decía una versión anterior de este artículo. Aun así harán falta unos meses para que estas dos nuevas figuras empiecen a funcionar, debido a los tiempos de tramitación en las Cámaras y el periodo que tiene que transcurrir entre su publicación y entrada en vigor.

La tasa Google y la tasa Tobin son dos de las medidas comprometidas con Bruselas para ayudar a sanear las cuentas y reducir el déficit público, que según la senda aprobada la semana pasada en el Consejo de Ministros tendrá que ser del 1,8% este año. Estas dos nuevas tasas, que incluso el anterior ministro popular, Cristóbal Montoro, trató de sacar adelante, llevan sobre la mesa del Ministerio de Hacienda más de un año. Pero la inestabilidad política de los últimos meses ha retrasado su tramitación así como los normales plazos de la liturgia presupuestaria.

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, explicó este lunes que los pagos a cuenta de la tasa digital se suspenderán hasta finales de año para observar la evolución de las negociaciones para la implantación de ese impuesto a nivel global que tienen lugar en el marco de la OCDE. Antes de la reunión del Eurogrupo, Calviño sostuvo que esta semana acudirá a un encuentro de esa organización en Arabia Saudí, donde se dará cuenta de los avances en esa materia, informa Lluís Pellicer. “Estamos trabajando en el ámbito internacional y europeo, pero sin renunciar a avanzar a nivel nacional”, indicó Calviño.

En caso de que la OCDE fracase en su intento de sacar adelante el impuesto, Bruselas quiere recuperarlo antes de finales de año. Ese tributo ya estuvo sobre la mesa de los ministros de Economía y Finanzas el año pasado, pero fue bloqueado por Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Algunos países, como el Reino Unido o Francia, decidieron entonces seguir solos. Sin embargo, los Estados Unidos reaccionaron a la iniciativa francesa con la amenaza de sanciones. Francia decidió entonces congelar la tasa.

Calviño afirmó que su idea es seguir el modelo francés y fijar la “liquidación a finales de año” para dar tiempo a la negociación en la OCDE. Aun así, insistió en que España debe mandar a la ciudadanía un “mensaje claro” de que está adaptando la “recaudación a la realidad fiscal del siglo XXI” gravando actividades que antes no lo estaban.

La ministra ya lo anticipó

María Jesús Montero, titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, ya aseguró la semana pasada en el Congreso que estos nuevos impuestos, comúnmente conocidos como tasa Tobin y tasa Google, "están listos" y se aprobarán "en los próximos Consejos" de Ministros. Preguntada en los pasillos del Congreso, afirmó que ambas leyes ya han completado su fase de audiencia pública y "han pasado todo el procedimiento".

El Gobierno de Pedro Sánchez ya había presentado los proyectos de ley ante las Cortes, pero tras quedar en funciones por la convocatoria anticipada de elecciones ambos proyectos de ley decayeron por la disolución de las Cámaras. 

El impuesto sobre las transacciones financieras y la tasa Google son las dos figuras fiscales que más ingresos —además de la revisión de tipo del impuesto de sociedades— aportarían a las arcas públicas, según las estimaciones del Ejecutivo. De acuerdo con las previsiones elaboradas el año pasado, la primera proporcionaría 850 millones de euros adicionales a las arcas públicas, y la segunda hasta 1.200 millones. Las previsiones de recaudación de estos dos impuestos, al igual que las estimaciones relativas a todo el conjunto de medidas fiscales que pretende aprobar el Gobierno, han sido sin embargo desinfladas por varios organismos, entre ellos el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). 

Un tipo impositivo del 3%

España ya había avanzado que se adelantaría en la aprobación del impuesto sobre determinados servicios digitales, popularmente conocido como tasa Google, a la espera que haya avances en las conversaciones que se están llevando a cabo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para crear un impuesto a nivel internacional. Y lo anunció pese a las presiones de EE UU, que amenaza con nuevos aranceles si los países comunitarios adoptan la vía unilateral en lugar que atenerse a las negociaciones en marcha en el organismo con sede en París. Washington ya logró que Francia diera marcha atrás en un impuesto que ya tenía aprobado.

El gravamen diseñado para España contará presumiblemente con un tipo impositivo del 3%, que se aplicaría sobre empresas digitales con una facturación mundial superior a 750 millones y cuyos ingresos en España sean mayores a los tres millones de euros. El decreto presentado el año pasado, que decayó por la convocatoria electoral, definía tres hechos imponibles en el que la participación de los usuarios es decisiva para la creación de valor: la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (página web, plataforma tecnológica, software, o red social); la puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios para comerciar con ellos (el caso paradigmático es Amazon) y, por último, la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.

La tasa Tobin, o impuesto sobre transacciones financieras, también es otro de los tributos ampliamente debatidos en el ámbito internacional desde 2013. Países como Francia, Italia o Bélgica ya tienen una figura similar, y existe un grupo de trabajo dentro de la UE para armonizar este impuesto al objeto de que no haya competencia fiscal entre los países. Según el proyecto inicial del Gobierno, presentado hace un año, esta figura fiscal gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con un valor bursátil superior a 1.000 millones. Los intermediarios financieros que ejecuten la orden de compra serán los responsables de pagar al fisco. Tanto la deuda pública como la privada y los derivados financieros se quedarán fueran del ámbito de este gravamen, y la recaudación obtenida gracias a esta tasa se destinará a financiar las pensiones y las prestaciones de la Seguridad Social. 

La Airef señaló en enero del año pasado, cuando todavía estaba dirigida por el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que estos dos impuestos no llegarían ni de lejos a arañar los importes que estima Hacienda. Debido a que su efectiva entrada en vigor llevará unos meses —la misma situación se presentaba el año pasado, cuando el organismo hizo su previsión—, calculó que aportarían en total unos 350 millones —160 la tasa Tobin y 189 la tasa Tobin— en lugar de los 2.050 millones estimados por el Ejecutivo. 

El Gobierno también prevé en las próximas semanas dar luz verde al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta norma contempla una serie de nuevas iniciativas, entre ellas la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, una medida que solo afectará a profesionales y no a todos los contribuyentes. También pretende reformar la lista de deudores con la Agencia Tributaria, popularmente conocida como lista de morosos: el plan establece incluir a los responsables solidarios y rebajar el límite de deuda a partir del cual Hacienda incluye a los contribuyentes en esta lista negra desde un millón a 600.000 euros. Además, se pretende legislar para prohibir las amnistías fiscales y asumir las normas internacionales contra el fraude, tal y como recoge el acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. 

Derogación del despido por baja médica

Este martes también quedará derogado el despido justificado de empleados que hayan faltado ocho días o más al trabajo estando de baja médica en dos meses. El Gobierno lo hará por decreto ley, lo que implica que entrará en vigor inmediatamente y después tendrá que convalidarse en el Congreso. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así lo anunció la semana pasada después de que su compañera de Gabinete, la responsable de Economía, Nadia Calviño, ya declarase el domingo al The Financial Times que esta medida concitaba un amplio consenso.