Tasa Tobin: golpe en la línea de flotación de la Bolsa

El impuesto de transacciones financieras (ITF), conocido popularmente como la Tasa Tobin, quedó parado como proyecto de Ley el pasado 25 de enero. Sin embargo, tras la victoria electoral del PSOE, Hacienda, a expensas de la formación de Gobierno, tiene pensado retomarlo con la expectativa de recaudar cada año unos 850 millones.

El gravamen es, como no podía ser de otra forma, rechazado de plano por la industria financiera. La primera crítica viene por la falta de armonización en Europa. Aquí tampoco se ponen de acuerdo los socios europeos y no está implantado en todos los países, lo que sirve de argumento para aquellos que creen que puede perjudicar a las Bolsas y empresas de los Estados que lo apliquen. Desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, apuntan que desde 2013 un grupo de 10 países, entre ellos Alemania, Francia o España, defienden la creación de este impuesto en la UE. “Es decir, no se trata de una medida defendida solo por España. El impuesto ya se aplica en Francia, Bélgica o Italia”. Asimismo, indican que en el momento en que se aprobase el impuesto armonizado a nivel europeo, “España adaptaría su legislación para evitar cualquier descoordinación”.

Pero hasta que esto ocurra, desde la Asociación Española de Banca (AEB) su portavoz, José Luis Campuzano, dice que, al no ser un impuesto global, puede conllevar “una mayor fragmentación financiera y deslocalización de las operaciones”. Una crítica que en su momento ya hizo el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, al manifestar que un gravamen de este tipo solo tendría sentido si se implantara a la vez en toda la UE. Esta posición cobra más fuerza en un momento como el actual donde hay un elevado nivel de competencia entre los mercados financieros. Pero Hacienda disiente de estas críticas y argumenta que no se prevé que este impuesto tenga impacto en la competitividad. “De hecho, el análisis de lo ocurrido en Francia muestra que no se ha incrementado o disminuido la volatilidad del mercado”, indican.

En la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 se recoge que el Gobierno prevé recaudar 850 millones con el ITF y se queda como la tercera partida más importante en ingresos, tras la modificación del impuesto de sociedades (1.776 millones) y de la creación del impuesto sobre determinados servicios digitales (1.200 millones). En el Ejecutivo indican que se trata de contribuir al objetivo de consolidación de las cuentas públicas y reforzar el principio de equidad tributaria, “ya que las operaciones que pagarían este impuesto, con carácter general, no pagan otro impuesto”.

El ITF supondrá el pago del 0,20% de las compras de acciones en empresas españolas grandes (valor bursátil superior a los 1.000 millones de euros). Con lo que no afectará a compañías medianas y pequeñas y también se establecen numerosas excepciones en su pago cuando se trata de salidas a Bolsa, o compras que realice la propia empresa, o acciones que reciba el inversor como consecuencia de bonos convertibles, entre otras.

Así, si un inversor compra acciones de Repsol por 30.000 euros, tendrá que abonar 60 euros que se detraerá de su adquisición. Lo mismo les ocurrirá a los fondos de inversión o de pensiones cuando compren grandes empresas españolas cotizadas. Para Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME), es un impuesto con un coste muy elevado. “En Bolsa aplicamos un canon para compra del 0,003% y el impuesto es más de 50 veces superior. A estos costes habría que sumar el del intermediario financiero”.

Las comisiones de compraventa que aplican los intermediarios son libres. Pero la media de coste de las ofertas más interesantes puede situarse entre el 0,15% y el 0,20% para inversores particulares, porcentaje de comisión que baja hasta el 0,04% cuando las compras las realizan inversores instituciones, como los fondos. Así, el inversor pagaría el canon de la Bolsa, el impuesto y la comisión del intermediario.

Inversión colectiva

El impuesto también afecta a la inversión colectiva, cada vez más pujante entre las preferencias de los ahorradores españoles. La directora general de Inverco, Elisa Ricón, explica que es un impuesto que van a pagar los inversores en un momento de necesidad de ahorro. “El impacto es importante en un producto como los fondos de inversión y pensiones, ya que una parte (el impuesto) no lo estás reinvirtiendo y se produce un lucro cesante importante con los años. Creo que este impuesto penaliza tu propio mercado y existe un riesgo de deslocalización: puedes buscar una acción similar en Europa en un país que no tenga este impuesto”, dice Ricón. Por parte de los intermediarios, Javier Domínguez, socio director de Auriga, apunta que los volúmenes de Bolsa, que ya están en niveles bajos, se verán afectados por el impuesto. “No es un buen momento y el efecto negativo puede ser superior a lo que se quiera ingresar”.

Sin duda, la Bolsa es la más perjudicada por este nuevo impuesto. Domingo García Coto apunta que poner un impuesto solo a las acciones “es un riesgo que no sé si vale la pena correr”. “Puedes provocar un desplazamiento de la negociación y servirá de incentivo para buscar sistemas opacos de contratación. Afecta a las compañías españolas más grandes y puede incidir en su financiación, lo que representa un riesgo con otras competidoras. Además, en la voluntad europea de ir creando la unión del mercado de capitales, es contradictorio porque crea compartimentos”. Por último, Coto argumenta que es inoportuno con una industria de tamaño reducido que debe buscar nuevas economías de escala y este impuesto supone un revés. “Los extranjeros hacen el 80% del negocio de la Bolsa española y pueden buscar alternativas a los valores españoles”, concluye.