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Rodríguez Zapatero / CLAUDIO ÁLVAREZ
Dos días después de las elecciones europeas, en los distintos ámbitos socialistas empieza a cundir cierto desasosiego, no tanto por la derrota de esos comicios sino ante la incertidumbre de qué ocurrirá en el futuro inmediato. Esta impresión se expresó ayer en alto en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista.
Era su primera gran victoria nacional desde 2007, cuando ganó las municipales, pero ni siquiera así Mariano Rajoy lanzó las campanas al vuelo, y los suyos tampoco le siguieron en un entusiasmo que no va con el carácter pausado del líder del PP. Como estaba previsto, ni petición de elecciones, ni anuncio de moción de censura, ni siquiera augurio de que la legislatura será corta.
El Grupo Parlamentario Popular tiene el mandato de la dirección del partido de trabar acuerdos con CiU y PNV en el Congreso para poner en dificultades al Gobierno. Ayer lo intentó sin éxito, por primera vez desde su victoria en las elecciones europeas, en un asunto aparentemente menor: el futuro de los chiringuitos de playa.
El ex alcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, salió ayer del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) imputado por seis delitos y con la mayor fianza, 1,8 millones de euros, fijada hasta la fecha por el juez Antonio Pedreira, que investiga en Madrid la trama corrupta ligada al PP (caso Gürtel).
El juez Baltasar Garzón volvió a acaparar ayer la atención en todos los frentes que tiene abiertos en el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, con los que sindicatos ultraderechistas, abogados querellantes y picapleitos tratan de conseguir su expulsión del Juzgado central 5 de la Audiencia Nacional.
Las exportaciones españolas de armas volvieron a crecer en 2008, pese a la crisis. Lo hicieron en un porcentaje mínimo, apenas el 0,2%; suficiente, sin embargo, para consolidar el gran salto que se produjo en 2006 y situar las ventas en el umbral del billón de euros anuales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a España en dos casos por violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio justo en un plazo razonable. En el primer caso, deberá indemnizar con 22.500 euros (20.000 por daños morales y 2.500 por gastos y costas) a Agustín Moreno Carmona, de 61 años.
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