Las mujeres ocuparán al menos el 40% de las candidaturas en todas las listas electorales

Hacer que la igualdad legal entre los hombres y mujeres sea también real en la vida cotidiana. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Recoge medidas encaminadas a reducir la discriminación femenina en ámbitos como el mercado de trabajo o la toma de decisiones, tanto políticas como empresariales. Así, las mujeres deberán ser al menos el 40% de los candidatos en todas las listas electorales. Se estimulará a las empresas que alcancen ese nivel de presencia femenina en sus consejos de administración (en un plazo de cuatro años) con ventajas para contratar con las administraciones públicas. El anteproyecto también incluye medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación de familia y trabajo tanto de los empleados, que dispondrán de un permiso de paternidad exclusivo de 10 días (o 18 a tiempo parcial), como de las empleadas.

"Será la norma más importante para alcanzar la igualdad real desde que se aprobó la Constitución", según la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega. Cuando entre en vigor, a comienzos de 2007 si se cumplen los planes del Gobierno, todas las listas electorales deberán tener una "presencia equilibrada" de hombres y mujeres: ningún sexo podrá copar menos del 40% de los puestos. Esta forma de paridad deberá establecerse por tramos, de forma que finalmente se garantice ese reparto entre las personas elegidas. La obligación de elaborar listas equilibradas (que implica reformar la ley electoral) regirá para todo tipo de elecciones, incluidas las municipales. Las españolas ocupan ahora el 36% de los escaños en el Congreso.

A fin de mejorar la presencia femenina en otros ámbitos de decisión, la futura norma también obligará a que los nombramientos del Consejo de Ministros para órganos directivos guarden el citado equilibrio entre mujeres y hombres. Este principio deberá regir en todos los nombramientos de los poderes públicos.

Para corregir las desigualdades en el terreno laboral (los hombres ganan de media un 40% más que las mujeres, que además disponen de ocho de cada 10 contratos temporales y sufren mayor paro) se abre la puerta a que en los convenios puedan acordarse "preferencias para favorecer la contratación o el ascenso profesional de las mujeres", detalló el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Además, todas las empresas estarán obligadas a negociar con los trabajadores (pero no a alcanzar) medidas de igualdad. Las grandes compañías (de más de 250 trabajadores) deberán dar un paso más y negociar en sus convenios planes de igualdad (se estudia la composición de la plantilla y, en caso de haber desigualdad se establecen medidas correctoras).

"Queremos que en los consejos de administración de las empresas importantes haya más mujeres paulatinamente", señaló Jesús Caldera. Esa presencia femenina (la meta es que alcance el 40% cuando la ley lleve cuatro años en vigor) se estimulará a través de los contratos de las administraciones públicas. A igualdad de ofertas, se elegirá la de la empresa más igualitaria. Todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores, facturen más de 4,75 millones de euros o tenga activos superiores a los 2,37 millones (deben cumplir dos de estos tres requisitos) procurarán incluir en su consejo de administración al menos un 10% anual de mujeres hasta alcanzar el 40% de consejeras, según el anteproyecto.

Aunque la mayor parte de las medidas que afectan a las compañías son voluntarias, el ministro de Trabajo aseguró que, si al cabo de cuatro años de vigencia de la futura ley, no se registraran avances en la igualdad en el mundo laboral y en el poder empresarial, se establecerían "medidas más drásticas".

La futura Ley de Igualdad, que según Caldera tendrá carácter transversal y "afectará a casi todas las normas", traspone y amplía dos directivas comunitarias. Prohíbe cualquier discriminación por razón de sexo y las conductas de acoso (con fines sexuales o relacionado con el hecho de que el trabajador sea hombre o mujer) en el trabajo. El coste anual de las medidas de la futura ley asciende a 400 millones de euros anuales (260 millones a cuenta de la Seguridad Social).