Igualdad de ley

Por el mero peso de su demografía, las mujeres no logran ocupar los puestos de responsabilidad ni tener la representación política e institucional que les correspondería. La igualdad está teóricamente reconocida pero la inercia ha resultado ser una losa y fuente de frustración para millones de mujeres. Cuando se analizan los salarios globalmente se ve que la brecha es aún mayor de lo que se creía, incluso en los niveles de mayor preparación. Las mujeres soportan también mayor precariedad laboral, y en algunos sectores donde ya son incluso mayoría su presencia en los puestos de decisión es exigua. Tampoco su representación política ha avanzado lo suficiente.

Ésta es la situación que pretende remover la Ley de Igualdad cuyo anteproyecto fue aprobado ayer. La ley es ambiciosa y su carácter transversal indica que el Gobierno ha hecho un importante esfuerzo para promover una reforma con voluntad de incidir sobre la realidad. La medida más significativa es la paridad en las listas electorales, de modo que ninguno de los dos sexos tenga menos de un 40% y más de un 60% de los puestos elegibles. Esta disposición se combina con acciones positivas en la contratación pública, medidas para facilitar la conciliación entre trabajo y familia y disposiciones sancionadoras para quienes ejerzan discriminación laboral o social. El régimen de sanciones deja claro a los infractores que no les va a salir a cuenta pagar la multa para seguir incumpliendo la ley.

Es en el ámbito laboral donde el texto va a encontrar más resistencias. Así lo augura la reacción de la patronal CEOE, que considera la norma como una fuente de conflictividad y "un rejón de muerte al diálogo social", expresión a todas luces exagerada. ¿O es que la igualdad en el ámbito laboral no debe ser ni siquiera negociada? La obligación de acordar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores es un primer paso, pero la ley deja fuera a las compañías pequeñas y medianas, lo que será considerado como una de sus más notorias carencias por unos y como una medida de prudente gradualismo por otros, aunque no faltarán críticas por exceso de intervencionismo.

No es fácil legislar sobre la vida de las empresas privadas cuando desde el ámbito público no se da el impulso ni a veces el ejemplo suficientes. De momento, se trata de una acción incentivadora, pero si en cuatro años no ha dado frutos podrá tener carácter coercitivo. Como advierte la Comisión Europea, la igualdad no es sólo un factor de justicia, sino de progreso social y económico, por lo que cabe esperar que las actitudes de todos vayan evolucionando. La sociedad española no puede seguir desperdiciando el esfuerzo y el talento de una parte tan importante de su población.