La CEOE rechaza el proyecto y lo define como "un rejón de muerte" al diálogo social
Los sindicatos confían en que las medidas contribuyan a avanzar en la igualdad real
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La CEOE ha adoptado una actitud desafiante ante las medidas aprobadas por el Gobierno para promover la igualdad. La mayor organización empresarial de España considera "un rejón de muerte al diálogo social" el procedimiento seguido para sacar adelante el anteproyecto. Los empresarios reprochan al Ejecutivo que haya alcanzado un acuerdo con los sindicatos al tiempo que ha hecho "caso omiso a las propuestas empresariales", según un comunicado remitido ayer.
Los empresarios reniegan del método elegido para fomentar la igualdad, basado en "la sindicalización y en la obligatoriedad, con el consiguiente régimen sancionatorio". Y advierten: "Seguramente irá en contra de las metas propuestas". El texto mantiene ese tono amenazante al referirse al crecimiento que ha tenido la actividad femenina en los últimos años: "Este positivo proceso puede verse negativamente afectado por la nueva regulación, que hará que las empresas abandonen estas prácticas". Preguntada por detalles más concretos, la CEOE rehusó hacer comentarios y se remitió al comunicado oficial.
Responsabilidad única
La ley, a juicio de la patronal, genera incertidumbre e inseguridad jurídica, además de "atribuir a los empresarios una responsabilidad que no les corresponde en exclusiva". Por el contrario, se elude la responsabilidad de los trabajadores, de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad. La CEOE advierte de un "riesgo de conflictividad" derivado de esas nuevas obligaciones. Y para las empresas supondrá "dificultades organizativas y de gestión derivadas de un nuevo régimen de permisos y excedencias".
La organización empresarial niega que el Ministerio de Trabajo haya incorporado al texto aportaciones de CEOE, como afirmó el ministro, Jesús Caldera. En esta situación de malestar, CEOE ha decidido abordar el futuro del diálogo social en una reunión que mantendrán sus órganos de gobierno el próximo 15 de marzo.
Los sindicatos dicen no entender esa reacción de la patronal. "Todas las partes acordamos que el proyecto se sometería a consultas, no a negociación", explica Almudena Fontecha, secretaria para la igualdad de UGT. Lola Liceras, responsable de empleo de Comisiones Obreras, apela a la responsabilidad de los empresarios en este proceso. Ambas sindicalistas coinciden en que la ley no sólo obliga a los empresarios a comprometerse con la igualdad; también a los representantes de los trabajadores.
Comisiones Obreras y UGT valoran especialmente los aspectos laborales de la ley. "Se podía haber ido más lejos, pero es un primer paso de mucho interés", explica Liceras. "Lo importante es que no es sólo una declaración de intenciones, sino que se garantiza que se puede ejercer la igualdad", añade Fontecha.
El deber de negociar planes de igualdad en las empresas con más de 250 trabajadores, y al menos discutir medidas en el resto, satisface a las organizaciones. También la obligación de informar a los sindicatos sobre las medidas de igualdad así como de ofrecer datos desagregados de la empresa por sexos.
Los sindicatos están orgullosos de los logros en conciliación de vida laboral y familiar. Valoran el permiso de paternidad, aunque lo juzgan insuficiente y piden un mínimo de cuatro semanas. Pero están satisfechos de que se haya reconocido para los hijos adoptados y acogidos, no sólo los biológicos. Y de que el periodo de lactancia lo puedan disfrutar tanto el padre como la madre. "Esa mayor flexibilidad será un estímulo para la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", vaticina Liceras.
Respecto a la maternidad, discrepan de la exigencia de un periodo mínimo de cotización para acceder a la baja, aunque los requisitos se han flexibilizado. "Es injusto que se penalice a las mujeres, cuando hoy contribuyen mucho al sistema de Seguridad Social", asegura Fontecha. Liceras valora que para el cálculo de la pensión se consideren cotizadas las 16 semanas de baja ordinaria aun cuando no se produjeran. También que la reducción de jornada para cuidar al hijo no implique menor cotización.
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