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Auna, el segundo grupo de telecomunicaciones español, ha lanzado una oferta hostil por el operador de cable Ono por 2.400 millones de euros, a pesar de que el Grupo Santander (accionista de las dos sociedades) respalda la operación. Una parte de esa cantidad se destinará a cancelar la deuda, que asciende a 1.350 millones. Los accionistas de Ono apenas tardaron unas horas en rechazar la oferta por considerarla insuficiente.
La economía española sigue ofreciendo fuertes desequilibrios en el sector exterior. En los ocho primeros meses del año, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se elevó hasta 22.014,8 millones, desde 10.920,8 millones de igual periodo de 2003. Durante el pasado agosto se registró un déficit de 2.448,0 millones, casi diez veces más que el registrado en agosto de 2003, con 284,2 millones.
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, anunció ayer que el futuro pasa por "suavizar los incentivos fiscales", y apuntó la necesidad de "reflexionar" sobre si los planes de pensiones deben primar sobre otras alternativas de ahorro (como los planes de pensiones de empresa) que persigan el mismo objetivo.
El mercado del petróleo registró ayer un fuerte descenso de los precios del barril. El barril de crudo tipo brent cayó 2,06 dólares respecto al viernes, cerró a 40,34 dólares y se situó en niveles desconocidos desde hace dos meses.
Michael Sears, el antiguo vicepresidente financiero de la compañía aeronáutica Boeing, se declaró ayer "culpable" del delito de conflicto de intereses. Sears es una de las piezas clave en el escándalo que azota desde hace meses a Boeing por las irregularidades en el concurso para la concesión de una flota de un centenar de aviones cisterna a las fuerzas aéreas estadounidenses, en el que competía con la europea Airbus.
El Gobierno catalán abrirá a la competencia el mercado de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), mediante una nueva ley que estará lista, como muy tarde, la próxima primavera. El régimen de concesión actual, en el que Applus + (Grupo Agbar) es adjudicataria, dará paso a un sistema de autorizaciones, en el que la Generalitat contempla alquilar a las distintas empresas del sector las instalaciones que Applus + deberá retornar a la Administración en 2006, según fuentes de Trabajo e Industria.
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