El Gobierno catalán abrirá por ley el mercado de las ITV

El Gobierno catalán abrirá a la competencia el mercado de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), mediante una nueva ley que estará lista, como muy tarde, la próxima primavera. El régimen de concesión actual, en el que Applus + (Grupo Agbar) es adjudicataria, dará paso a un sistema de autorizaciones, en el que la Generalitat contempla alquilar a las distintas empresas del sector las instalaciones que Applus + deberá retornar a la Administración en 2006, según fuentes de Trabajo e Industria.

La Generalitat barajó primero la creación de empresas mixtas públicas y privadas que se hicieran cargo de un mercado que el Tribunal de Defensa de la Competencia español considera "intervenido", como alternativa al régimen de concesión actual. Pero fuentes próximas al consejero catalán de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, han descartado esta vía, ya que la Generalitat "se vería obligada a contar permanentemente con un socio tecnológico y a hacerse cargo de todas las instalaciones de ITV".

Así que, en lugar de empresas mixtas, la Generalitat plantea ahora recuperar el patrimonio que Applus+ deberá entregarle en 2006 -cuando termina la concesión, por decisión del actual Gobierno catalán- y "poner dicho patrimonio en el mercado". Se trataría de "dividir en lotes o paquetes las instalaciones repartidas por Cataluña" y de convocar concursos a los que pudieran optar, para gestionar dichos lotes de instalaciones, distintas empresas del sector. Applus+, filial de certificación de Agbar, que controlan La Caixa y Suez, estará, lógicamente, entre las empresas que, en el nuevo régimen que se esboza, optarán a una autorización para operar. Applus+ copa dos tercios del mercado catalán de las ITV y ha desembarcado en Madrid.

"Una de las condiciones para hacerse con instalaciones será que las empresas se hagan cargo de la plantilla que pueda verse afectada por el fin de la concesión a Applus+", añaden las mismas fuentes.

Recurso

El fin anticipado de la concesión de Applus+ ha provocado un duro contencioso entre este grupo y la Generalitat de Pasqual Maragall. Contra este fin anticipado, la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado 25 de octubre.

El contencioso se debe a que el Gobierno tripartito actual anuló, el pasado 31 de agosto, la prórroga de la concesión que el anterior Ejecutivo de CiU decidió otorgar al grupo de Ricard Fornesa poco antes de las elecciones autonómicas del 16 de noviembre de 2003. La concesión a Applus+, que no terminaba hasta 2006, se alargó hasta 2014.

"Se alargó la concesión sin nuevos compromisos de inversión y sin añadir nuevas condiciones reales a la empresa", insistieron ayer fuentes de la Generalitat, que se ha apoyado en tres informes jurídicos para anular la prórroga. Al igual que en otras comunidades, la anterior Generalitat alargó la concesión aprovechando los cambios legales hacia la liberalización del sector introducidos por el Gobierno del PP.