Paraguay decreta el estado de excepción y moviliza al Ejército

El presidente de Paraguay, Luis González Macchi, decretó ayer el estado de excepción para tratar de reducir y contener la anunciada ola de manifestaciones y protestas contra su Gobierno que comenzaron a reproducirse en todo el país y que han provocado una quincena de heridos. El ministro del Interior, Víctor Hermoza, ordenó la detención de los dirigentes políticos y sindicales partidarios del prófugo general Lino Oviedo.

Poco antes de declarar el estado de excepción, González Macchi ordenó el acuartelamiento de tropas y su salida para colaborar con la policía en el despeje de las carreteras y el restablecimiento del orden, después de graves incidentes ocurridos en el este del país. Las Fuerzas Armadas quedaron autorizadas 'a realizar operaciones y adoptar todas las medidas pertinentes para el cumplimiento del cometido que se les asigna, ajustando sus actos a las normas constitucionales', dice el decreto presidencial.

El estado de excepción, una medida que suspende las garantías constitucionales de los ciudadanos y debe ser ratificada por el Congreso en 48 horas, había sido impuesto por última vez el 18 de mayo de 2000, cuando un grupo de militares y civiles también partidarios del general Oviedo se alzó contra sus mandos. Los portavoces de González Macchi acusan nuevamente ahora a los oviedistas de promover los disturbios sociales.

Los cortes de carreteras y puentes, las marchas de protesta y las movilizaciones previstas para ayer habían sido programadas después de que Oviedo anunciara desde Brasil su intención de regresar en pocos días al país. Más de 1.000 personas impidieron ayer el cruce del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une la ciudad de Encarnación con Posadas, en Argentina. Otras 2.000 cortaron el acceso a Ciudad del Este desde Brasil. Cientos de personas se concentraron en diversos lugares de Asunción, la capital de Paraguay, y se dirigieron luego hacia la plaza del Congreso y el palacio presidencial. Los dispositivos preventivos del Gobierno, que desplegó tropas de la policía y de la gendarmería, fueron desbordados por los manifestantes.

Inestabilidad política

Los portavoces del Gobierno acusan a los partidarios del general Lino Oviedo de la creciente inestabilidad política y la incesante ola de protestas. Oviedo, ex comandante en jefe del Ejército de Tierra, permanece exiliado en Brasil desde que huyó de Paraguay a Argentina y, a fines de 1999, de Buenos Aires a Brasil, poco antes de que finalizara el mandato de su amigo, el ex presidente peronista Carlos Menem. Oviedo fue condenado a 10 años de prisión tras encabezar un intento de golpe de Estado en 1996.

Macchi, ex presidente del Senado, asumió la presidencia en marzo de 1999 tras la renuncia de Raúl Cubas. Su Gobierno soportó constantes denuncias por actos de corrupción. En los últimos días se anunciaba su inminente reemplazo por el vicepresidente Julio César Franco, el líder del Partido Liberal, como primer paso para adelantar las elecciones.

La prolongada crisis política paraguaya, que afecta en particular al mayoritario y dominante Partido Colorado, parece entrar ya en su fase terminal. González Macchi anunció el pasado junio la suspensión del proceso de privatizaciones en un intento de calmar las protestas de los campesinos, que se alzaron contra el plan y que obligaron al Congreso a votar la derogación del la Ley de Reforma del Estado en un intento de salvar al Gobierno. Los incidentes provocaron entonces un muerto y decenas de heridos. Más de 6.000 campesinos amenazaban con tomar la capital.

El conflicto estalló cuando el Gobierno trató de imponer su programa de privatizaciones tras varias suspensiones de la venta de la empresa de telecomunicaciones Copaco. González Macchi fue acusado de eludir en el trámite a la Notaría General del Gobierno y de hacer pagar 500.000 dólares a un notario amigo suyo para redactar la escritura de la empresa, que, según la oposición, sería entregada en concesión por 200 millones de dólares, cuando los analistas calculaban que valía 600 millones. Las denuncias obligaron a postergar también la venta de la empresa ESSAP, de agua potable.