El superintendente de los bancos de Paraguay, en libertad condicional

Pecci se encuentra en libertad condicional y ha sido suspendido de su cargo mientras se desarrolla la investigación.

Hasta el último minuto, el presidente del Banco Central, Washington Aswell, y Pecchi habían negado tener conocimiento de actos ilícitos, a pesar de que la transferencia ilegal -ocurrida entre marzo y abril de 2000- había sido denunciada repetidamente por el periodista Luis Bareiro, del diario ABC Color, desde el 8 de enero de este año. Más bien, los directivos del banco intentaron impedir una investigación de la fiscalía de delitos económicos escudándose en el secreto bancario. A la vez, iniciaron un sumario interno, para determinar cómo se había filtrado la información a la prensa. Sin embargo, tras confirmarse las transferencias en una auditoría externa realizada un mes más tarde, el superintendente destituyó a los liquidadores de ambos bancos, quienes hasta hoy se encuentran prófugos de la justicia.

Las irregularidades en los depósitos del Banco Unión y el Banco Oriental habían sido señaladas ya por fiscalizadores de la Superintendencia entre julio y diciembre de 2000. En vez de investigar las advertencias de sus subordinados, el Superintendente optó por cambiar de fiscalizadores. La investigación de la fiscalía de delitos económicos apunta a varias personas vinculadas al presidente de la república que habrían participado en una curiosa ingeniería para el desvío de los fondos. Entre ellos figuran su asesor político -suegro del superintendente - y su cuñado, hermano de la esposa del presidente de la república. Además, comprometen seriamente a uno de los directores del Banco Central, Julio González Ugarte, vinculado en lo personal al Superintendente de Bancos a través de una Fundación privada dedicada a obras de beneficencia.

¿Dónde están los fondos?

Los fondos, en total, 16 millones de dólares, provenientes de la liquidación de los Bancos Unión y Oriental del Paraguay, fueron transferidos por los liquidadores Ramón González Núñez y a Valeria Ortiz de Esteche -cuyo testimonio compromete seriamente al superintendente de bancos-, a cuentas habilitadas a título personal en el Citibank de Estados Unidos e invertidos en garantías bancarias del ABN Amro Bank Holding N.V., con sede en Miami. La operación fue realizada por un abogado de Los Ángeles, John Tullac, apoderado de los liquidadores, y José M. Avila, con la participación de una empresa de inversiones del Uruguay, Camipar S.A., que adquirió los certificados. Tullac y Ávila figuran como directivos de una empresa dedicada a inversiones, la CQZ Holding Trust H.Q. con sede en Nueva York.

Existen serias dudas sobre la posible recuperación del dinero invertido puesto que las garantías presentadas como prueba del depósito de los fondos tienen todos los visos de ser falsas. La central del ABN Amro Bank en Holanda negó haberlas emitido y desmintió la autenticidad de la firma de uno de sus directivos -J.M de Jong- que aparece en los certificados. Garantías similares habían sido presentadas por el director del Banco Central, Julio González Ugarte, para la obtención de un crédito de 400 millones de dólares destinados a la Fundación que preside y de la cual el superintendente de bancos es secretario general. La operación, que aparentemente nunca se concretó, estaba siendo gestionada por el italiano Antonio Mieres, actualmente investigado por la justicia paraguaya por intento de estafa. ¿Estamos ante un caso de ladrones birlados?, se pregunta la gente. Y nadie puede abstraerse del antiguo dicho que dice "ladrón que roba a un ladrón recibirá cien años de perdón" porque se trata de dinero público, perteneciente al Estado paraguayo.