Plantados por la fresa

Basílica Stancin nunca pensó que llegaría a rentabilizar todos los sufrimientos que pasó siguiendo culebrones latinos, pero su desenvoltura con el español ha de agradecérsela a las telenovelas que devoraba en la televisión rumana. Desde hace 10 días ejerce de intérprete entre sus compañeras de faena y la familia Quintero de Palos de la Frontera (Huelva) que ha contratado a 25 mujeres en Rumania para que recojan fresas esta campaña.

Durante los últimos cuatro años, Basílica, de 26, trabajaba en una oficina de cambio de divisas en Bucarest por 80 dólares al mes (unos 70 euros). Su vida cambió por la televisión. Vio un anuncio para contratar jornaleras en España, un país que deseaba conocer, a cambio de 29,30 euros al día, un salario que le compensaba con creces, incluso después de que le descuenten una cantidad por alojamiento -el tope máximo fijado en el convenio es el 10% del salario- y por el viaje desde Rumania, que el empresario y la temporera pagan a medias.

La prensa local rumana entrevistaba a mujeres contratadas para la fresa como si fueran heroínas

'Ésto va a acabar en una guerra', dice un portugués tras 8 años empleado

Al igual que sus compañeras es la primera vez que abandona su país, aunque, a diferencia de ellas, jamás había trabajado en el campo. Pero no se queja. 'El trabajo no es muy duro, la posición es lo peor', tercia. En las 15 hectáreas de los hermanos Quintero donde trabaja Basílica se concentrarán hasta 75 inmigrantes de diversas nacionalidades (rumanos, marroquíes, argelinos y colombianos) en los momentos de máxima actividad. Algunos son experimentados peones que repiten desde hace varias temporadas, pero las rumanas y los colombianos han sido contratados en origen.

Juan Antonio Camacho, secretario de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) en Huelva, fue quien dio el visto bueno a Basílica. Él seleccionó en Rumania a los 650 trabajadores que contrató su asociación para la fresa. La criba no fue grata: tuvo que descartar a otros tantos. Gente que le imploraba entre llantos que le diese una oportunidad. En las poblaciones rurales recibían a Camacho y los suyos al estilo de Bienvenido Mr. Marshall. La prensa local entrevistaba a mujeres seleccionadas como una suerte de heroínas, como si cada comunidad compartiese con ellas su fortuna. Como un remedo de Operación Triunfo.

La campaña fresera de Huelva, donde se llegan a pagar hasta cinco millones de jornales, ha introducido este año el contrato en origen, una modalidad que se utiliza en Cataluña desde hace años. En Andalucía apenas se había explorado. A modo de ensayo, algunas organizaciones agrícolas contrataron el año anterior para la temporada fresera un millar de trabajadores en Marruecos, Polonia y Colombia. Una cantidad anecdótica en un mercado laboral que, en pleno frenesí, absorbe entre 55.000 y 60.000 peones, la gran mayoría españoles que se desplazan desde Badajoz, Cádiz, Sevilla y la propia Huelva.

Lo ocurrido la temporada anterior marcó la memoria de los bolsillos empresariales. La falta de mano de obra provocó el abandono de más de 1.500 hectáreas. Se arruinaron en las matas 15.000 toneladas de fresas. Camacho calcula que las pérdidas alcanzaron los nueve millones de euros. Y no fue todo. Los agricultores echaron mano de inmigrantes indocumentados para tratar de salvar sus cosechas. Se libraron muchos, pero medio centenar se enfrentó a sanciones millonarias de la Inspección de Trabajo, a razón de 6.010 euros por cada trabajador sin papeles.

Visiblemente escarmentados, este año han decidido planificar la campaña para evitar sorpresas de última hora. A la vista del buen resultado obtenido, además, con los inmigrantes contratados en origen el año pasado, optaron por garantizarse la mano de obra con el mismo método. Tres organizaciones -Asaja, COAG y Freshuelva- han ofertado 7.450 contratos en Rumania, Polonia, Marruecos y Colombia. La inmensa mayoría son mujeres porque, según los empresarios, son trabajadoras idóneas para recoger fresas. 'Es un producto delicado e históricamente la mano de obra era femenina hasta que dejó de seleccionarse tanto porque faltaban muchos trabajadores', explica el gerente provincial de Asaja, José Luis Marín Fidalgo.

Pero la introducción masiva de los contratos en origen ha tenido un efecto perverso para miles de inmigrantes desplazados con la esperanza de un empleo. Entre 5.000 y 7.000 extranjeros, según cálculos del defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, se han dado de bruces con un mercado que ya está cubierto por otros inmigrantes venidos de Polonia (5.800), Rumania (1.000), Marruecos (418) y Colombia (150). Sin trabajo, no hay dinero, ni alojamiento, ni comida. La proliferación de chabolas es el signo más visible de la necesidad: decenas de chozas construidas con palos y plástico de invernaderos sirven de refugio a miles de extranjeros, con papeles o sin ellos.

Los inmigrantes regularizados, que pueden tener la opción de arañar algunos jornales cuando la campaña alcance su mayor apogeo, sobrellevan también situaciones de penuria. El ghanés Michael Tetteh, de 37 años, se queja de que los agricultores 'no quieren africanos'. Ni siquiera, como es su caso, los que disponen de permiso de trabajo y residencia. 'He estado en Lepe y Cartaya antes de Palos, voy como Vasco de Gama detrás de la faena', suelta con ironía.

Tetteh comparte chabola con otros siete inmigrantes. Improvisadas cabañas de plástico salpican el pinar donde Tetteh ha montado su campamento, un penoso cercado donde intentan recrear espacios para comer, cocinar y tender la ropa. Duermen sobre cartones. 'Igual que vivían antes los esclavos', dice el ghanés, antes de señalar una plantación fresera cercana. 'Es el único que nos da agua para beber y para la ducha. Es un buen español', remacha.

No todos los vecinos atienden con la misma predisposición las necesidades humanitarias de los inmigrantes. Algunos les prohíben que usen el agua. Los alcaldes de las 14 localidades freseras han confesado a viva voz que temen que la situación derive en conflictos. Jorge García, asesor del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), asegura que la situación es tensa porque 'la gente está al límite'.

El sindicalista defiende la bondad de los contratos en origen, pero hace hincapié en los derechos de antiguos temporeros, que ahora se sienten desplazados. 'No podemos pretender que desaparezcan de repente', aduce. La cifra de inmigrantes, a pesar de algunos desalojos, está aumentando día a día. Los temporeros están acostumbrados a moverse siguiendo el calendario agrícola. El boca a boca entre los inmigrantes, además, puede movilizar grandes masas.

El discurso resentido de José Luis Andrada, desde luego, invita a lo peor. Andrada, un portugués de etnia gitana que ha trabajado los últimos ocho años como encargado de una explotación en Moguer en la que faenaban 60 personas, rezuma un montón de rabia. Este año no le han contratado. 'La finca está llena de polacas, pero la culpa es del fresero, no de los otros trabajadores, ésto va a terminar en una guerra', dice. Los temporeros portugueses han sido mano de obra tradicional en Huelva, donde la presencia extranjera crece año tras año (10.000 en esta campaña frente a más de 45.000 españoles). Lo ocurrido este año ha irritado sobremanera a Andrada. 'Tengo el coraje de ir una noche y romper el plástico si veo a mi niña llorando de hambre', suelta desafiante. El portugués se siente desplazado y, con sorna maliciosa, aventura lo que deparará la llegada masiva de trabajadoras del Este: 'Vamos a ver si aumentan los divorcios este año'.

También los marroquíes creen que la contratación en origen en países europeos esconde un rechazo claro hacia ellos. 'Los españoles tienen muchos problemas con nosotros, no quieren que estemos aquí', argumenta Abdelhak Toumi. El propio defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, alertó la pasada semana sobre el riesgo de 'excluir' a los marroquíes al desplazarlos por inmigrantes de otras nacionalidades.

Los empresarios aluden al conflicto diplomático entre los Gobiernos español y marroquí como una de las razones que ha pesado en la elección de otros mercados. La Administración española recomendó explícitamente a algunas organizaciones que eligiesen otros países. Las asociaciones que, pese a ello, pidieron trabajadores marroquíes se toparon con las trabas de la parte norteafricana. El presidente de Freshuelva, José Manuel Romero, asegura que la Administración marroquí sólo les ha autorizado 18 del centenar de trabajadoras que habían solicitado. Asaja, por su parte, ha ofrecido 400 contratos en Marruecos aunque con algunos reparos, a la vista de la experiencia del año anterior. Su gerente, José Luis Marín, recuerda que la mitad de las 200 marroquíes que contrataron entonces 'desapareció cuatro o cinco días antes de que terminasen los contratos'.

A diferencia de ellos, los 75 colombianos que aterrizaron el jueves en Bollullos Par del Condado tienen claro que desean retornar a sus hogares, como Neyla Campos, que dejó a sus tres hijos con su madre: 'Es la necesidad la que te obliga a venir'.